Confidencial, 27 de octubre 2019
Estado inyectará 3400 millones de córdobas para tratar de frenar su hundimiento, pero las proyecciones son peor de lo que se había calculado
Los datos presentados en el proyecto de Presupuesto General de la República 2020 confirman que la reforma Seguro Social de Nicaragua, puesta en vigor en febrero pasado, fracasó porque no pudo evitar que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) siguiera acumulando déficits millonarios.
Después de reportar pérdidas acumuladas por 6452 millones de córdobas entre 2017 y 2018, año en que las finanzas del Instituto tocaron fondo al cerrar con un resultado negativo de 4333.2 millones, se esperaba que la reforma al Seguro Social aprobada en febrero, le comprara algo de tiempo a los administradores del sistema.
En vez de eso, las proyecciones muestran que las finanzas del INSS podrían llegar a tener un déficit acumulado de 5330.7 millones en el bienio 2019 – 2020.
“Nuestra proyección era menos mala”, admite uno de los economistas de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), al referirse al resultado financiero del INSS para 2019.
Los cálculos del equipo de economistas de la Fundación indicaban que, al terminar este año, el Instituto tendría una pérdida de 2620 millones de córdobas, pero los datos actualizados que confiesa el Gobierno, elevan ese déficit hasta los 3138.8 millones, o sea, casi 519 millones de córdobas más.
Ese resultado “indica el fracaso de la reforma al Seguro Social, como medida de sostenibilidad para dicha institución. Es un fracaso completo, que muestra que la reforma ni siquiera logró darle números positivos en el año de su implementación”, indicó Funides.
“No solo no dio resultados positivos para el primer año, sino que los resultados proyectados (en el Presupuesto 2020) son peores de lo calculado”, dijo el experto, recordando que, a pesar de toda su impopularidad, la resolución 1-317 —que fue el detonante de la Rebelión de Abril— “compraba 20 años de superávit en el balance en el INSS, según nuestras estimaciones”.
“Hemorragia” financiera es imparable
Si bien, la pérdida esperada para 2019 y 2020 presenta números que marean (los 6452 millones de córdobas del bienio 2017 – 2018, equivalen a 207.8 millones de dólares), la historia podría haber sido peor, de no haber mediado la decisión del Ejecutivo de Daniel Ortega de sacrificar a las alcaldías del país en ese mismo período.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público ya reconoció que “en 2019 y 2020 van a reducir drásticamente las transferencias a los municipios, entre otras cosas para poder aumentar los aportes al INSS”, recordó un economista que accedió a hablar con CONFIDENCIAL, con el requisito de mantenerse en el anonimato.
El proyecto de Presupuesto 2020 muestra que el recorte acumulado del 60% de los fondos que por ley debería entregarse a las alcaldías en este año y el venidero, suma 8262.5 millones de córdobas, que es la base de donde se obtienen los cerca de 3400 millones de córdobas que el Gobierno entregará al INSS en concepto de aporte estatal, para evitar un mayor deterioro de las finanzas del Instituto.
Esas transferencias gubernamentales son determinantes para mantener a flote al INSS, especialmente en el último trimestre de cada año, cuando su principal fuente de egresos, que es el pago de pensiones, se duplica por el pago del aguinaldo a los pensionados.
Los datos incluidos en el proyecto de Presupuesto 2020, muestran que este año y el otro, el problema del INSS no sería tanto los ingresos, en los que se incluye el aporte estatal, sino el ritmo imparable al que crece el pago de pensiones, tanto por el aumento del número de pensionados, como por el ajuste anual del 5% que debe aplicarse al monto de las pensiones.
El balance presupuestario del INSS muestra que, en 2020, el Seguro Social tendrá que destinar 8106.6 millones de córdobas (160 millones de dólares) más que en 2017, en concepto de prestaciones a la Seguridad Social, que es la forma en que se denomina el pago de pensiones y prestaciones de las ramas Invalidez, Vejez y Muerte, y Riesgos Profesionales.
Reforma al Seguro Social no funcionará ni corriendo gente
La crisis financiera del INSS surge porque gasta más de lo que recibe, por lo que se ve obligado a recortar gastos, a la vez que debe buscar cómo incrementar sus ingresos, ya sea aumentando las cotizaciones, convirtiendo sus inversiones en dinero en efectivo, o demandando más recursos del Estado.
El problema es que no se están recortando los gastos, por lo menos, no al ritmo suficiente, lo que queda evidenciado en el hecho que, en 2020, el Instituto gastará 9351.4 millones de córdobas más que en 2017.
Incluso, con el recorte previsto de 296 empleados, entre 2018 y 2020 (que equivale al 7.6% de las 3893 personas que tenía en planilla en 2018), los gastos en administración y salarios crecen en 167.2 millones de córdobas, al pasar de 2371.9 millones en gastos administrativos en 2018, a 2539.1 millones en 2020.
Un experto en temas actuariales que aceptó a hablar con CONFIDENCIAL, con la condición de que su nombre también se mantuviera en reserva, detalló que “según el acuerdo número siete del Reglamento Financiero del INSS, los gastos administrativos deben ser del 6.50%, con relación a los ingresos por cotizaciones”.
En vez de eso, “superan el 13% generando gastos adicionales superiores a los 1500 millones de córdobas”, aseguró.
Problema para el nuevo gobierno
Si no es posible recortar gastos al ritmo necesario, quizás los administradores del INSS podrían buscar una fórmula para tratar de aumentar los ingresos por cotizaciones, medida que en este momento suena a heroica, siendo que, a los 158 000 cotizantes perdidos en 2018, se les sumarán otros 82 831 en 2019, aunque los cálculos oficiales señalan una leve recuperación de 10 991 almas en 2020, para cerrar ese año con 746 555 afiliados.
De cumplirse esas previsiones —en un escenario en el que crece el número de desempleados y subempleados— el INSS lograría aumentar en casi 6300 millones de córdobas sus ingresos por cotizaciones, monto que sigue siendo insuficiente para cubrir el incremento de sus gastos, por lo que todavía queda un ‘déficit programado’ de 3184.9 millones de córdobas en 2020.
Las otras dos opciones disponibles —convertir sus inversiones a dinero en efectivo, o demandar más recursos del Estado— tampoco tienen muchas posibilidades para extenderse en el tiempo.
Las inversiones del INSS, que forman parte de su fondo de reserva, crecieron todos los años, hasta que en 2012 llegaron a representar 618.2 millones de dólares. A partir de ese año comenzó su declive, cuando la institución tuvo que hacer uso de una parte de esas reservas para balancear el ejercicio de cada año, hasta quedar en 312.5 millones en 2018.
El proyecto de presupuesto 2020 muestra que, si el Estado no consigue otras fuentes de ingresos, se verá forzado a disminuir los activos financieros del INSS en 186.3 millones de dólares entre 2019 y 2020, “lo cual supondría que logró recuperar buena parte de los préstamos otorgados, y liquidó parte de su participación accionaria en hospitales, clínicas y otras sociedades por acciones”, dijo el economista.
“Aun si ese fuera el caso, para 2021 la cartera de reserva estaría en vías de agotarse por el financiamiento de los déficits, y con toda probabilidad se haría necesaria una nueva reforma paramétrica, más severa que la anterior, lo cual estaría a cargo del gobierno que surja de las elecciones de 2021”, añadió.
Estado: no me pidás más dinero
La tercera posibilidad —pedirle más dinero a papá Estado— tampoco puede durar mucho: a los 47.5 millones de dólares que está previsto transferir al INSS en 2019, en concepto de ‘aporte estatal’, se le suman otros 52.1 millones de dólares en 2020.
El problema es que las exiguas finanzas del Estado no dan mucho más de sí para seguir transfiriendo recursos al INSS, dado que también debe hacer transferencias al Banco Central, para asegurar el nivel apropiado de reservas internacionales que garantiza la libre convertibilidad de la moneda.
Eso ya no será posible, ni siquiera sacrificando a las alcaldías, la inversión pública y el aumento salarial de 5% que se hacía cada año al salario de los empleados estatales, entre otros rubros. Es por eso que los administradores del sistema de pensiones deben adoptar otras medidas para frenar la hemorragia de recursos, a la vez que intentan incrementar los ingresos.
Dado que parte de esos aportes ya incluyen varias cuotas adelantadas a la deuda histórica del Estado con el INSS —calculada en aproximadamente 400 millones de dólares, y prevista a pagarse en 50 años— tampoco sirve que los expertos insistan en demandar que sea cancelada en un plazo no mayor de diez años, porque, básicamente, ya no hay dinero.
En ese mismo ámbito se circunscribe el reclamo de que el Estado debe honrar su compromiso de enterar el 0.25% para financiar la rama de Enfermedad y Maternidad, elevado a 1.75% con la reforma al Seguro Social de febrero 2019, la misma que no pudo generar un parche que contuviera la hemorragia ni siquiera en el primer año de su aplicación.
Banco Central de Nicaragua afectará pensiones de jubilados
Confidencial, 29 de octubre 2019
Reducen tasa de devaluación de 5% anual a 3%, exportadores perderán competitividad, a la vez que se abaratan las importaciones
La decisión del Banco Central de Nicaragua (BCN), anunciada este lunes, frenando la tasa de devaluación de la moneda nacional con respecto al dólar, pasándola del 5% al 3% anual, tomó por sorpresa a los economistas, que se preguntan cuál es la verdadera intención detrás de esa medida de política económica.
“Me sorprende que tomen una decisión como esa en estas circunstancias, porque el efecto que van a lograr es quitar un incentivo a las exportaciones”, dijo el economista Pedro Belli, mientras que su colega Mario Arana opina que “no está claro por qué se hace, con qué objetivo, y por qué ahora”.
La medida, que fue tomada en el seno del Consejo Directivo del BCN, entrará en vigencia a partir del 1 de noviembre de 2019, y tendrá efecto sobre una serie de actividades, principalmente las importaciones y exportaciones, pero también, y de manera más sensible, sobre las pensiones de los jubilados, que administra el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
“Acaban de reducir la expresión en córdobas del pago de pensiones. En parte están logrando lo que buscaban con la retención del 5% a los jubilados en la reforma de abril de 2018”, dijo a CONFIDENCIAL un economista que estudia la situación financiera del Instituto, y que pidió no ser identificado por temor a represalias.
Por Ley, el 1 de noviembre de cada año, las pensiones a jubilados deben reajustarse al mismo porcentaje que la tasa de deslizamiento del córdoba con respecto al dólar estadounidense, lo que significa que el ajuste que recibirán los jubilados será solo del 3%, en vez del 5%.
Datos contenidos en el proyecto de Presupuesto General de la República 2020, indican que el número de pensiones otorgadas a jubilados crecerá en 19 779 en 2020, después de haberse incrementado en solo 16 395 en 2019, y que el costo asociado a toda esa masa de pensionados, pasará de 17 473 en 2018, a 19 947 en 2019 y a 22 815 en 2020.
Expresado en términos porcentuales, eso significa que, mientras el número de pensionados creció en 6.3% en 2019 y crecerá 7.2% en 2020, la ingeniería financiera efectuada por el Gobierno, logrará contener el costo de esas pensiones, que crecerá 14.2% en este año, y solo 14.4% en el venidero.
Abaratar costo de la deuda
La decisión del BCN tiene serias consecuencias a nivel macro, tal como dijera el economista Belli quien explica que, normalmente la devaluación se hace para mantener la competitividad del país, pues premia al exportador (al darle más córdobas por los dólares que consigue al vender en el mercado internacional) a la vez que castiga las importaciones, volviéndolas más caras.
La devaluación de la moneda también ayuda a los exportadores, porque el deslizamiento les sirve para compensar el costo de la inflación.
En principio esta medida puede constituirse en “un estímulo para importar, y dinamizar el comercio”, dice Belli, mientras augura que tendrá un efecto positivo sobre los sueldos y salarios de quienes ganan en córdobas”, al abaratar, aunque sea parcialmente, el precio de las importaciones.
Arana reconoce esa posibilidad, pero también menciona otra, al señalar que este año “el ritmo de la inflación es mayor que en 2018, y el peso fundamental de ese aumento está en los alimentos”.
Gráficos del BCN muestran que, al mes de agosto de 2019, la inflación acumulada más que duplica la observada un año antes, al llegar a 4.03%, después de haber marcado 1.66% un año antes, y 2.37% en agosto 2017.
A su juicio esa presión se explica por el mayor costo de la energía, del agua, de la seguridad social, y del incremento de los costos de producción asociados a la reforma tributaria, “que impacta a insumos de diferentes productos”
“Es una presión de costos internos, y la política del BCN asume que, como esta economía depende fuertemente de los componentes importados para su desarrollo, logrará una reducción de precios” al abaratar las importaciones, y que esa reducción será mayor que el incremento de los costos, esperando así lograr un efecto sobre la inflación.
“Es una apuesta un poco aventurada, porque estamos en la parte del año en que la inflación tiende a verse presionada por el aumento de liquidez en la economía, así que este no era el momento idóneo”, aseguró.
Un elemento adicional tiene que ver con la posibilidad de reducir el impacto del pago de la deuda en general, porque a partir de noviembre se necesitarán menos córdobas para comprar dólares para pagar esa deuda, tal como explica Arana, aunque eso se ve parcialmente contrarrestado por el hecho que, al disminuir el costo de las importaciones, también se reducirá el monto de las recaudaciones tributarias que provienen de esa fuente, tal como lo explica Belli.
Al final, “el costo de que este no sea el momento apropiado para aplicar esa decisión, y de que no haya habido suficiente preparación para aplicarla, es que las exportaciones del país pierden competitividad. Ojalá que no sea así”, ruega Arana, que también es director de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, (APEN).
