La Prensa 06/10/2020
Nicaragua distaba mucho de ser un país perfecto en 2017, pero con seguridad era más atractivo para la inversión que en este 2020. Su Producto Interno Bruto (PIB), según el Banco Mundial, se calculaba en 13,786 millones de dólares en ese año. El Gobierno mantenía el diálogo y consenso con la empresa privada, mientras esta evitaba cuestionar los nuevos proyectos de leyes que se cocinaban en la Asamblea Nacional y atentaban contra la institucionalidad.
Con ese clima de negocios, se hablaban de proyectos de inversión que beneficiarían a la población con más empleos. Pero la violencia estatal con la que el régimen orteguista aplastó el estallido de 2018 desmoronó todo, y Ortega ya no vio a los empresarios e inversionistas privados como sus aliados, sino como adversarios. Él empezó a generar un clima que alejaba la inversión y bajo esa misma línea se ha mantenido durante estos dos años y medio, en los que la economía se sigue hundiendo.
Estas son las principales razones de cómo Daniel Ortega ha destrozado las condiciones necesarias para promover la inversión privada y con ello, el desarrollo del país.
1- Promulgación de ley de “agentes extranjeros”
Esta nueva iniciativa se discute en la Asamblea Nacional, dominada por el orteguismo. Busca controlar las operaciones financieras y actividades que realicen organizaciones y asociaciones. El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Michael Healy, la calificó de carácter totalitaria y confiscatoria; un regreso a la década de los ochenta, en la que la empresa privada fue perseguida.
La Ley brinda más poder al Ministerio de Gobernación para que pueda controlar todo el engranaje financiero de cualquier entidad que ellos consideren como «agente extranjero», esto deja con las manos arriba a empresas, instituciones, medios de comunicación, cualquier persona que reciba dinero del exterior.
La excusa es acabar con la injerencia extranjera, sin embargo, la ley es muy discrecional, y por ende, diversos sectores, incluyendo la principal cúpula empresarial la ha criticado como un factor que no abona a la estabilidad del país, y por ende, tampoco favorece a incentivar la inversión, puesto que cualquier institución podría ser señalada de atentar contra la seguridad del Estado. Junto a esta ley se promueve otra que intenta controlar las redes sociales y se recolectan firmas para reformar la Constitución Política de Nicaragua para incluir cadena perpetua por crímenes de odio.
2- Ausencia de estrategia para la reactivación económica tras la Covid-19
Mientras los presidentes de otros países han explicado a sus nacionales las medidas que emprenderán para empezar a recuperar la economía, en Nicaragua, el régimen orteguista nunca presentó, ni a inicios, a mediado o actualmente, algún planteamiento de cómo el país volverá a su senda de desarrollo, posterior a la pandemia de Covid-19. Claro está que esto pasa por una solución política a la crisis de 2018. Sin embargo, hay acciones que corresponderían materializarse actualmente, pero que no son de interés del Gobierno, quien en todo momento, ha intentado minimizar el impacto de la pandemia de Covid-19, tanto en la parte de salud como en la económica.
El país apenas cumplió cuatro medidas económicas de más de diez que emprendieron los homólogos de la región para intentar darle respiro a sus ciudadanos. El régimen orteguista hizo un ajuste a la baja de Tasa Líder de Política Monetaria, modificaciones a política de encajes o reservas; políticas macroprudenciales más laxas, y flexibilización de condiciones laborales.
Pero dejó por fuera apoyo a deudores o a la micro, pequeña y mediana empresa (mipymes); programas de apoyo a desempleados que tuvieron que enfrentar el virus en la calle, ganándose el sustento en la informalidad. Hasta ahora no ha habido una estrategia de cómo se reactivarán los diferentes sectores económicos, incluyendo atraer la inversión extranjera. Unos, como el turismo, más golpeados que otros, como las exportaciones.
3- Seguridad Ciudadana:
La percepción de inseguridad ha aumentado en los nicaragüenses señala la última encuesta de la firma Cid-Gallup. Los asaltos ejecutados por hombres armados a diferentes establecimientos comerciales en los últimos meses han detonado esa sensación que las calles ahora son más peligrosas. La empresa privada también ha sido víctima de este nuevo clima de falta de seguridad ciudadana. La ola de asaltos ha incluido camiones distribuidores, tiendas de conveniencia y tienen especial preocupación por el peligro que se corre en el campo, con la cosecha cafetalera y el aumento del abigeato.
Según los especialistas en seguridad estas nuevas dinámicas delictivas no pueden dejar de asociarse con la liberación de al menos 22,567 presos, según la cifra brindada en agosto pasado por el Ministerio de Gobernación. El régimen orteguista ha sacado de las cárceles a esta gran cantidad de reos, del que se ha cuestionado si ha respetado los procedimientos legales. A eso se suma el antecedente de parapoliciales, a quienes la misma Policía Orteguista acuerpaba en las operaciones limpieza. A ellos se les brindaron armas de fuego, lo que implicaría un gran problema a futuro, habían señalado expertos en el tema.
4- Discurso confrontativo contra mercados económicos
Daniel Ortega no desaprovecha oportunidad para criticar a Estados Unidos y lanzar su virulento discurso de injerencismo, pese a que el 50 por ciento de la economía depende de ese mercado. Ortega enfrenta a su socio y se victimiza por las sanciones impuestas contra sus familiares y miembros de su gabinete.
Sus discursos junto a acciones totalitarias siguen poniendo en riesgo que Estados Unidos contemple la posibilidad que el país pueda ser suspendido del Tratado de Libre Comercio DR-Cafta con consecuencias fatales para una economía deprimida como la actual. Además se ha aumentado el riesgo de que la Unión Europea suspenda Nicaragua del Acuerdo de Asociación, lo que restaría competitividad a los productos nicaragüenses en el mercado europea donde hay más de 500 millones de consumidores con alto poder adquisitivo. Los productos locales tendrían que pagar arancel, lo que quita atractivo para que las empresas de otras regiones vengan a Nicaragua.
5-Paquetazo fiscal de 2019
Las empresas siguen luchando por amortiguar el embate de la reforma fiscal de marzo de 2019. Aunque esta jugada gubernamental le brindó oxígeno al Gobierno con al menos 8,735 millones de córdobas, ha ido asfixiando poco a poco a las empresas con el cobro de más impuestos, anticipo del Impuesto sobre la Renta, y otros. Esta medida sigue siendo evaluada por los empresarios que han señalado que esto ha terminado de afectar la inversión de varias compañías y ha mandado señales poco atractivas para los inversionistas, que alguna vez vieron en Nicaragua una oportunidad para hacer negocios. Las empresas lamentan el cambio de las reglas fiscales en el mercado.
6- Persecución fiscal
El régimen orteguista mantiene una voracidad recaudatoria, que la han padecido los empresarios mediante los cobros exacerbados de impuestos. A inicios de agosto, el Cosep señaló diez medidas que el Gobierno creó para canalizar más recursos, entre estas, la sobrevaloración del valor catastral de las propiedades en las alcaldías.
En enero LA PRENSA reveló que la Dirección General de Recaudación envió notificaciones de cobros por el pago del IBI y servicio de basura de hasta 10 años. Con el paso de los meses, esta situación se ha agravado. Las dudas de valor y las dudas sobre la clasificación arancelaria son otras medidas implementadas.
7- Ley Nica Act y cierre de acceso a recursos con los multilaterales
El impacto de la Nica Act ha quedado demostrado con la resistencia que el Gobierno de Ortega ha encontrado en la aprobación de préstamos con los multilaterales. Desde el 2018 no hay dinero fresco, y los actuales programas corresponden a fondos aprobados con antelación a la crisis sociopolítica de 2018.
La sequía de recursos se hizo patente al punto que solo el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) admitiera prestarle 43 millones de dólares en el contexto de la pandemia de Covid-19 y bajo un férreo manejo. En ese sentido, queda en vilo qué pasará con los proyectos futuros que el mismo Gobierno ha vendido como obras de progreso, principalmente, en el sector infraestructura y salud. El aislamiento financiero internacional que pesa sobre Ortega daña la imagen de inversión del país.
8- Persecución a los opositores y cierre de ONG
Pese a los diferentes llamados, incluidos el sector privado, para que el Gobierno busque una salida a la crisis sociopolítica, el régimen orteguista ha arreciado la persecución contra los opositores y excarcelados políticos. Los ha cercado en sus propias casas, los han rodeado en las actividades que desarrollan con la ciudadanía, los persiguen y requisan sus vehículos sin ningún motivo.
Esto no genera un clima de estabilidad, que es necesario para hacer negocios. Dicha situación preocupa mucho más porque el 2021 es un año electoral, y por las acciones legales, con la promulgación de leyes como la de «Agentes Extranjeros» el Gobierno sigue sin mostrar señales de facilitar un proceso creíble.
9-Invasión de tierras y disputa con la empresa privada
Con el estallido social de 2018, el Gobierno se encargó de mandar a cientos de precaristas a tomarse las tierras de empresarios, donde instalaron champas e improvisaron la conexión de servicios básicos. De forma inesperada, la misma Policía del régimen los empezó a desalojar. Sin embargo, el Cosep informó en agosto pasado, que todavía 30 propiedades equivalentes a cinco mil manzanas seguían tomadas en siete departamentos del país.
La toma de tierras fue una acción con la que el Gobierno castigó al sector privado por ponerse en su contra. Los hombres y mujeres llegaban a la propiedad y sin problema se instalaban, los dueños recurrían a la Policía, pero esta no hacía nada por desalojarlos.
10- Deterioro de los indicadores de combate a las actividades ilícitas
A partir de este 1 de octubre Nicaragua es parte de los países que la Unión Europea considera de “alto riesgo por tener deficiencias estratégicas en su régimen de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”. Esto implicará un mayor nivel de supervisión en las transacciones que realice el Sistema Financiero nicaragüense con el europeo.
Pero además en febrero de este año, Nicaragua sufrió otro duro retroceso en materia de reconocimiento en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a nivel internacional. Ese mes el GAFI decidió regresar a Nicaragua en su lista gris y calificó de deficiente su lucha contra el lavado de dinero, luego de haber reconocido su esfuerzo en el 2015 al sacarla de la misma.
