Confidencial, 7 de octubre, 2020
Resolución es discutida este jueves e incluye demanda por incumplir cláusula democrática sobre Acuerdo de Asociación
El Parlamento Europeo discute este jueves una propuesta para ampliar las sanciones contra funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, incluyendo a la pareja presidencial, que señalan de dirigir una serie de ataques represivos en contra de opositores tras el estallido de las protestas sociales en abril de 2018.
El eurodiputado español José Ramón Bauzá, afirmó en una entrevista en el programa Esta Noche, que se transmitió este miércoles en YouTube y Facebook Live, que el proyecto de resolución ya está listo para ser discutido en el Parlamento Europeo, a partir de una iniciativa promovida por él mismo desde que conoció la intención del régimen de Ortega para aprobar tres leyes que cercenarían todavía más las libertades de los nicaragüenses.
Estas leyes son la “Ley de Regulación de Agentes Extranjeros”, la “Ley Especial Contra Ciberdelitos”, y la reforma constitucional para establecer la cadena perpetua por lo que el régimen llama “crímenes de odio”, comúnmente achacados a los opositores en el país.
“Para mí había tres objetivos: el debate (entre parlamentarios), y dos muy importantes; la imposición de sanciones a Ortega y Murillo quienes son los iniciadores y responsables máximos de esta ley y en tercera instancia es el inicio de los trámites para la suspensión del Acuerdo (de Asociación) con Centroamérica y la Unión Europea. Lo que les decimos a los dictadores es que si van por ese camino nosotros iniciaremos los trámites para la suspensión de ese Acuerdo entre Nicaragua y la Unión Europea”, sentenció Bauzá.
Este proyecto de ley serÁ discutido en horas de la mañana en Bruselas (la madrugada de Nicaragua) y según Bauzá ya cuenta con el respaldo necesario para ser aprobado. El tipo de sanciones específicas contra Ortega y Murillo todavía no ha sido definido y su aplicación correspondería al Consejo de la Unión Europea.
En mayo de 2020, la UE sancionó al director de la Policía Nacional, el primer comisionado Francisco Díaz, así como los comisionados generales Luis Alberto Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) que controla la cárcel El Chipote; Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), y Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional. La lista de castigados la completan el colaborador cercano de la pareja presidencial,Néstor Moncada Lau, y la exministra de Salud, Sonia Castro.
La propuesta de los eurodiputados establece en su artículo ocho que: “En vista de los continuos y graves abusos y violaciones de los Derechos Humanos, si la propuesta Ley de Agentes Extranjeros, Ley Especial Contra los Ciberdelitos y la Ley Contra los Crímenes de Odio, son aprobadas, si el Gobierno de Nicaragua continúa demostrando falta de voluntad para entablar un diálogo nacional para una apropiada reforma electoral, y la represión contra la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua continúa, solicitamos que el Consejo, rápidamente amplíe la lista de individuos y entidades que serán sancionadas, incluyendo al presidente y la vicepresidenta, teniendo especial cuidado de no dañar al pueblo de Nicaragua”.
El efecto de las sanciones y el Acuerdo de Asociación
Bauzá hizo hincapié en que las sanciones están dirigidas específicamente contra Ortega y Murillo y no se aprobarán de tal manera que tengan un efecto negativo en la población nicaragüense. Asegura que conocen que el régimen constantemente alega que las sanciones afectan a todo el país. Sin embargo, aclaró que con las sanciones a funcionarios del régimen no hay ningún perjuicio contra la población.
Comentó que la sanción que sí podría tener un efecto a nivel general sería si debido a la aprobación de las leyes se tuviera que suspender a Nicaragua del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea y Centroamérica. Un punto que también está establecido en el proyecto de resolución.
“En el caso que los dictadores siguieran adelante con esa ley que, espero que no se apruebe, lo que solicitamos es el inicio de ese trámite de suspensión de ese Acuerdo, específicamente con Nicaragua, por el vínculo con Centroamérica y la UE. A nosotros no nos gustaría tener que llegar a esa situación porque a los que van a llegar a esas consecuencias son las familias, las empresas, las compañías establecidas, pero lamentablemente el responsable primero en ese tipo de decisiones van a ser los dictadores si aprueban las leyes”, advirtió.
La Unión Europea ya ha impuesto sanciones a otros regímenes como el de Nicolás Maduro, en Venezuela, que se mantiene aferrado al poder y ha cerrado toda posibilidad de que haya una transición democrática del poder en ese país sudamericano.
Bauzá argumentó que, a pesar que esas sanciones en particular no hayan tenido ningún efecto en la democratización “hay que seguir presionando, hay que seguir imponiendo sanciones, preservando y ayudando a que el Estado de derecho funcione, pero no podemos permitirnos, en el caso de Nicaragua, que porque en un sitio (Venezuela) no haya funcionado aquí no debe hacerlo”.
El eurodiputado además recordó que “durante años”, los Ortega-Murillo se han “reído”, de los acuerdos que han firmado con la Unión Europea, y por ello considera que en esta ocasión van a mostrarles que “deben cumplir”, con los documentos que firman.
Solicitan que una delegación viaje a Nicaragua
La resolución presentada por Bauzá también propone en su artículo nueve que una delegación del Parlamento Europeo viaje a Nicaragua para continuar monitoreando la situación en el país, y exige al Gobierno de Nicaragua que permita “el ingreso sin trabas y el acceso a todos los interlocutores y edificios”.
Esto ayudará a ejercer más presión sobre el régimen de Ortega y Murillo y se sumaría a las acciones que realizan los opositores a nivel interno.
Este martes, la Policía y grupos paramilitares vigilaron una reunión a distancia sostenida entre familiares de presos políticos y varios eurodiputados. La Organización de Víctimas de Abril (OVA) denunció que unas cinco patrullas policiales y un número no determinado de paramilitares rodearon un hotel en Las Colinas donde siete madres y cuatro activistas acudieron para una teleconferencia con los eurodiputados, cuyos nombres no fueron divulgados.
La propuesta de resolución también solicita al Servicio Europeo de Acción Exterior y al representante epecial de la UE para los Derechos Humanos, que “continúe e intensifique su apoyo material y técnico a los defensores de los derechos humanos y los medios de comunicación independientes en Nicaragua”, y que la delegación de la UE y sus Estados miembros con misiones diplomáticas en el país “apliquen plenamente las directrices de la UE sobre defensores de los derechos humanos”.
En enero de 2019, una delegación de eurodiputados logró ingresar a Nicaragua y se reunió con víctimas y miembros de la sociedad civil y la oposición. E incluso logró ingresar a las cárceles de la dictadura para conversar con varios de los presos políticos, y verificar sus condiciones en prisión.
Bauzá recordó que a la luz del Acuerdo de Asociación entre la UE y los países de Centroamérica, Nicaragua debe respetar y consolidar los principios del Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos.A estos esfuerzos también se podrían sumar otros llamados que saldrían de una reunión de la Organización de Estados Americanos que está convocada para las próximas semanas y que se sumaría a las exigencias de que se realicen comisiones electorales en el 2021, que sean transparentes y observadas.
