La Prensa 11/12/2020
En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara-Rosas, señaló que Nicaragua ahora mismo vive una de las peores crisis en materia de derechos humanos a nivel del continente, y compara la situación del país con lo que se vive en las dictaduras de Cuba y Venezuela.
En una entrevista con la Voz de América, Guevara-Rosas señaló que fue a partir de las protestas antigubernamentales, iniciadas en abril de 2018, que el régimen de Daniel Ortega recrudeció la represión en Nicaragua, aunque reconoce que antes de este escenario «ya existían algunas denuncias de abusos y violaciones a los derechos humanos».
La declaración de la directora de dicho movimiento internacional está sustentada en la denuncia de organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes han señalado que los más de 100 presos políticos, hacinados en los diferentes sistemas penitenciarios, son víctimas de torturas físicas y psicológicas, tratos inhumanos y hasta violaciones sexuales.
Tamara Dávila, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) señaló que la dictadura de Ortega ha violado múltiples derechos, como el derecho a la vida, al trabajo, a la justicia y a la salud, en la actual pandemia del Covid-19, donde el régimen han centralizado las pruebas y mantiene hermetismo en cuanto a las cifras oficiales.
«Ortega y Murillo han violentado el derecho a la vida asesinando a campesinos y protestantes cívicos desde el 2018. El derecho al trabajo; cientos de nicaragüenses hemos perdido nuestros empleos, el derecho a la justicia, donde cientos de nicaragüenses son hostigados, amenazados, secuestrados sin poder acceder a la justicia, ante todo los esfuerzos del régimen están enfocados en reprimir y asediar, no a cuidarnos», mencionó la opositora.
Sin duda los escenarios de represión descritos anteriormente y la falta de interés del Estado en crear acciones con enfoque en derechos humanos ha dejado un sin número de retrocesos en este tema, según refirió en una entrevista anterior la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez.
«La impunidad está creciendo, el acceso a la justicia, imposible, no hay poder judicial independiente, o sea, la destrucción de las instituciones encargadas de proteger derechos humanos, han sido destruidas en su institucionalidad», señaló Núñez
Preocupa leyes represivas
La directora de Amnistía Internacional también vio con preocupación el combo de leyes represivas que la dictadura aprobó recientemente., con las que amenaza con encarcelar de por vida a todo aquel que cometa a lo que el régimen llama «crímenes de odio», y por otro lado busca poner un bozal al periodismo independiente y a la misma población que critica su administración.
«La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, limita y pone muchos candados para el ejercicio de la defensa de derechos humanos de organizaciones de sociedad civil nicaragüense y algunas otras internacionales. Es muy preocupante, al igual que la Ley de Ciberdelitos que, bajo el pretexto de evitar la propagación de noticias falsas, define un marco legal que puede ser utilizado para castigar penalmente a quienes expresen opiniones, que a ojo de las autoridades puedan producir alarma temor o zozobra», expresó Erika Guevara-Rosas.
En la misma entrevista con la VOA, el opositor Félix Maradiaga, integrante del Consejo Político de la UNAB, coincidió con las consideraciones expuestas por Amnistía Internacional y agregó que Ortega utiliza a los presos políticos como instrumento que le permite negociar con organismos nacionales o internacionales.
Maradiaga es uno de los opositores a la dictadura que vive en constante asedio y persecución por parte de la Policía Orteguista y grupos afines al régimen.
«Ortega ha secuestrado personas en condición de presos políticos, y en algunas instancias ha excarcelado a otros grupos. Aunque hay que señalar que estas personas no obtienen plena libertad, son sujetas a un acoso permanente. Esto es un acto inhumano. La utilización de presos políticos como una especie de ficha de cambio», dijo el opositor.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento histórico que proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Está disponible en más de 500 lenguas y es el documento que más se ha traducido en todo el mundo.
