La Prensa 16/01/2021
El retorno del régimen Ortega-Murillo al poder, en el 2007, promovió con mayor magnitud la expansión de la actividad minera en el país, afirma el estudio del Centro Humboldt y la Universidad Centroamericana (UCA) titulado: «Estado del arte de minería en Nicaragua», que revela hasta un 310.84 por ciento de aumento en concesiones mineras entre los años 2006 y 2017, es decir de 83 a 258 concesiones. Esto coloca a Nicaragua como el principal extractor de oro a nivel de Centroamérica.
«La apuesta por la minería convirtió al país en el principal extractor de oro de Centroamérica en 2012 con el 35.4 por ciento de la producción regional, en el cuarto mayor destino de América Latina de Inversión Extranjera Directa (IED) en minería y el segundo país anfitrión con mayores exenciones de impuestos para las empresas mineras», detalla el informe. En el mismo, estudio los investigadores destacan que la Asamblea Nacional, desde el 2017, aprobó una serie de leyes y reformas en la lógica de incentivar e intensificar el crecimiento del sector minero.
«Se aprobó la Ley Creadora de la Empresa Nicaragüense de Minas (ENIMINAS), que constituye a la empresa pública nicaragüense descentralizada, exenta de pagos tributarios nacionales y municipales, con derecho de explotación y desarrollo de plantas de beneficios, además se le concede la potestad de representar la participación del Estado, un mínimo del 10 por ciento del capital accionario, en todas las nuevas concesiones mineras o solicitudes de prórrogas», sostiene el equipo de investigadores del Centro Humboldt en conjunto con la UCA.

Aumento en producción
Sobre el comportamiento de este sector económico durante la crisis sociopolítica —a raíz de la rebelión de abril 2018— el informe señala que «la minería aparece contradictoriamente como uno de los sectores económicos que ha mostrado un crecimiento en su nivel de producción y a la que se le sigue oponiendo las distintas expresiones de movimientos anti mineros».
La producción de oro en 2019 fue más de 295 mil onzas troy, que significa un aumento del 25 por ciento con relación al nivel de producción en 2017. De acuerdo al estudio, la minería se practica en los municipios del Caribe Norte, y en los departamentos de León, Matagalpa, Chontales, Boaco y Nueva Segovia.
Conflictos
En torno al aumento de la actividad minera, el Centro Humboldt enumera que han ocurrido conflictos por incumplimientos de los convenios colectivos, de los derechos laborales, los problemas socio ambientales y los surgidos por la oposición a la penetración de la actividad minera, tal como ha sucedido en Rancho Grande en Matagalpa, San Lorenzo en Boaco, y San Albino en Nueva Segovia.
«Estos conflictos han tratado de ser silenciados por el gobierno de Nicaragua mediante el uso de violencia dirigida a los líderes anti minería y a los defensores ambientales. Únicamente el conflicto en Rancho Grande fue resuelto mediante una decisión gubernamental que suspendió la concesión minera en el sitio el 12 de octubre de 2015», detalla el informe.
Los investigadores advierten como elemento movilizador de conflictos la resistencia contra la minería que aún existe en el país, «la incompatibilidad de la visión de vida digna de las comunidades, con la estructura de amenaza que representan los proyectos mineros que afectas los modos de vida existentes en los territorios», concluye.