La Prensa 15/02/2021
Los bancos de Nicaragua no tienen otra opción: la nueva ordenanza del régimen de Daniel Ortega de reabrir las cuentas a los sancionados por Estados Unidos es incompatible con las normas internacionales y por tanto el único camino que les queda es no cumplirla, porque de lo contrario serán expulsados del Sistema Financiero mundial y correrían casi el mismo riesgo de Bancorp, que fue castigado y por ende entró en proceso de liquidación por brindar asistencia financiera a los bloqueados por la OFAC, dijeron analistas.
Además, especialistas consultados por LA PRENSA explican que tampoco podrán abrir las cuentas de los familiares directos de los sancionados, una de las razones que habría precipitado la decisión del Gobierno de impulsar en la reforma a la Ley 842, Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias.
La semana pasada, el orteguista y sancionado Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, ordenó a los bancos renegociar con las corresponsalías sus contratos, para que estos se adecuen a las regulaciones nacionales, no así a las internacionales.
En ese contexto, ¿está obligada la banca a reabrir cuentas de familiares y sancionados? ¿Cuáles son los riesgos inmediatos? ¿Ortega no aprendió de la experiencia de Bancorp?
Gonzalo Vila, director para América Latina de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, dijo que la ley es un “Catch 22”, es decir una trampa para los bancos nicaragüenses, “porque si la cumplen se exponen a las sanciones de Estados Unidos que los aislarían del Sistema Financiero internacional, que también sería un disparo en el pie para el país, porque Nicaragua no tendría acceso al mercado financiero internacional”.
«Otra posible consecuencia es que Nicaragua eventualmente sea incluida en la ignominiosa Lista Negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El pequeño grupo de países compuesto por Corea del Norte e Irán (hasta ahora Nicaragua se encuentra en la llamada ‘Lista Gris’ de países que necesitan realizar ajustes en sus protecciones contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo). Si los bancos nicaragüenses acatan lo establecido en la nueva ley perderían la relación con los bancos corresponsales en el extranjero que le sirven para ejecutar transacciones internacionales», explicó.
Vila reconoció que los bancos están contra la pared. «El otro lado de la moneda es que si estos bancos no cumplen con la ley podrían ser castigados con multas que la misma ley estipule», admitió.
“Si Nicaragua quiere seguir teniendo acceso al Sistema Financiero internacional a través de sus relaciones corresponsales, los bancos nicaragüenses sí están obligados a cumplir con las normativas internacionales, especialmente el cumplimiento OFAC que tiene implicancia en el Sistema Financiero global en su totalidad. Si la banca de Nicaragua pierde sus relaciones de corresponsalía esto va a afectar no solo a los bancos sino a todo el país, no se podrá importar, exportar, recibir remesas, ni usar tarjeta de crédito o débito, una situación draconiana para todo el país”, sostuvo Vila.
Esto contradice lo planteado por Gutiérrez la semana pasada, cuando insistió en que los bancos internacionales deben adecuarse a las regulaciones locales y no las nacionales a las foráneas. «El contrato entre el nacional y el extranjero no puede generar disposiciones que contradigan la legislación de Nicaragua porque si lo contradice no son aplicables. Estos señores banqueros deben sentarse a negociar con sus corresponsalías, porque la Constitución Política de Nicaragua no puede cambiar a su favor», afirmó el legislador orteguista, también sancionado por la OFAC.
Vila señala que aunque todo país tiene soberanía sobre su jurisdicción legal, en el mundo de relaciones financieras globalizadas esta ley va en contra de las mejores prácticas internacionales, “impide a los bancos elegir de acuerdo con un enfoque basado en riesgos, a quién abrir cuentas o mantener relaciones comerciales y cuándo cancelar una relación cuando sea una situación que afectará negativamente a la organización… y que podría terminar siendo un tiro mortal para toda Nicaragua”.
Pero además es importante saber que si Nicaragua pasa a la llamada «Lista Negra» del GAFI puede terminar como Corea del Norte e Irán, con la imposibilidad de poder acceder a la economía mundial.
“No conozco nada igual a esto, es una situación inaudita. Nunca escuché de algo así, ni en Venezuela ni en ningún otro banco. Las instituciones financieras en Corea del Norte tienen cerrado el acceso al Sistema Financiero fuera del país. Venezuela estudia la alternativa de operar a través de las monedas virtuales para esquivar el bloqueo de OFAC, algo que no estaría saliendo como planeado. La medida de Nicaragua pone a los bancos y a todo el Sistema Financiero nicaragüense entre la espada y la pared, lo que va a terminar golpeando fuerte a la economía del país”, advirtió Vila.
La diferencia es que si Nicaragua pasa a la lista del GAFI, “Irán tiene la carta del petróleo para jugar y Corea del Norte tiene la carta del arsenal nuclear y relaciones geopolíticas que la ayudan. Nunca un caso es igual a otro, pero el panorama es distópico para Nicaragua en ese sentido”, añadió.
¿Bancos están obligados a cerrar cuentas a familiares?
Sobre la queja de que los bancos nicaragüenses estaban cerrando las cuentas de los familiares inmediatos de los sancionados, el especialista internacional dijo que como una práctica de banca sólida y con el fin de mitigar los riesgos de incumplimiento de los requisitos de la OFAC, los bancos internacionales, especialmente «los estadounidenses —esos bancos que mantienen las cuentas corresponsales para los bancos nicaragüenses— deben establecer y mantener un programa de cumplimiento OFAC por escrito y efectivo que sea acorde con el perfil de riesgos de clientes, ubicaciones geográficas y productos/servicios».
Cuando los bancos corresponsales para los pares nicaragüenses actualicen los informes y con base al enfoque de riesgo detectaran que han dado acceso de nuevo a los sancionados y familiares, Vila dice que «los bancos nicaragüenses perderían la posibilidad de acceder a las cuentas corresponsales internacionales si les permitiera acceso a servicios bancarios a los familiares directos de las personas sancionadas, por el riesgo que los sancionados utilicen estas cuentas».
Un planteamiento del especialista internacional que analiza el economista Néstor Avendaño. “Tanto la Global Magnitski como la Nica Act son muy específicas en sancionar y no mencionan a los familiares de los sancionados, entonces la interrogante aquí es ¿por qué los bancos comerciales radicados en Nicaragua no permiten que los familiares de los sancionados tengan relaciones financieras con ellos? Eso no debería de darse en mi opinión por un principio de la ley penal que es universal, que el delito no trasciende del delincuente», sostuvo Avendaño, que sacó a luz pública la problemática que enfrentan los familiares de los sancionados con la banca, a través de su blog personal.
Avendaño hizo hincapié en que “las dos leyes estadounidenses solo afectan a las personas sancionadas, a nadie más. En ese caso, era lógico suponer que la reforma a la Ley de protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias tenía el objetivo de hacer valer los derechos de los familiares de los sancionados».
Tal y como lo argumenta Avendaño, ambas leyes no hablan que las sanciones trascienden a los familiares, sin embargo Vila explica que entre los activos y propiedades a bloquear que incluye la lista OFAC —donde están los sancionados— se encuentra cualquier cosa de valor directo o indirecto; presente, futuro o que puede suceder. Es decir que “los bancos deben bloquear transacciones en las que una persona o entidad bloqueada tenga interés, lo que sería exactamente el caso de una cuenta para un familiar directo”.
«Los bancos cerraron la relación con los familiares y círculo cercano de los sancionados para evitar que éstos sean utilizados como testaferros de los mismos, es una política de prevención y protección de los bancos nicaragüenses y una mejor práctica internacional, si quieren seguir operando en el mercado global», enfatizó.
De igual forma el economista Enrique Sáenz manifestó que la ley no lo dice explícitamente, pero sí tiene alcance cuando la Nica Act establece bloquear: “Ser propiedad o estar bajo el control, o haber actuado a sabiendas o que pretenda actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, cualquier persona cuya propiedad e intereses en la propiedad están bloqueados bajo la subsección».
Asimismo el economista Róger Arteaga manifestó que aunque la ley no lo dice se aplica por seguridad. “Por cuestión de seguridad los bancos tuvieron que cerrar cuentas de familiares, sin embargo en Estados Unidos ya se dieron cuenta de la jugada y ya hay iniciativa de ampliar las sanciones a familiares, la ley no lo establece, pero los bancos son responsables de cuidar el uso de dinero de los ahorrantes y de la gente que los financia, porque el GAFI lo exige, los bancos por seguridad tienen que estar vigilantes para evitar caer en delito de lavado de dinero, corrupción y terrorismo”.
Pero a criterio de Avendaño no puede alegar que todos los familiares son testaferros, porque todos los bancos tiene la obligación de investigar los orígenes de los fondos “y eso es fácil de descubrir cuando una persona se presta de testaferro, estamos hablando de 10 mil dólares o más transados en la banca sujeto a investigación exhaustiva del origen de esos fondos”.
“Es fácil encontrar un testaferro, pero el problema es serio porque no solo eran familiares directos a los que estaban negando el servicio, ahí les decían que no podían tener acceso al Sistema Financiero a los abuelos, a los sobrinos, a los yernos, a las nueras, a los amigos cercanos y ¿eso es justo? Solo dos bancos hacían esto, el resto atiende a los familiares, ¿por qué los otros seguían atendiendo a los familiares?”, cuestionó Avendaño.
¿Puede la banca correr la misma suerte de Bancorp?
Con la nueva reforma al consumidor, también ha surgido la interrogante ¿si la banca nacional al reabrir la cuenta a los sancionados y sus familiares puede correr el mismo riesgo de Bancorp?
Bancorp fue sancionado por Estados Unidos el 17 de abril del 2019 , cuando antes ya se había convertido en banco nacional y posterior a la sanción entró en liquidación. La sanción lo alcanzó por “haber asistido, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo de la vicepresidenta Rosario Murillo, una persona cuya propiedad e intereses en la propiedad están bloqueados de conformidad con la EO 13851”.
Para el economista Avendaño, el caso de la banca es muy distinto y por ende no cree que suceda lo mismo de Bancorp.
“Bancorp cerró porque de nada sirve un banco que se limita a funcionar dentro de la geografía del país no puede hacer ninguna transacción financiera, entonces hay que cerrarlo y no puede correr la misma suerte la banca nacional porque ningún sancionado va a entrar a la banca, ni tampoco lo puedo considerar como hipótesis, porque la ley protege a los familiares a allegados de los sancionados, no a los sancionados. Recordemos que Nicaragua suscribió los compromisos internacionales del GAFI, tiene una oficina de la UAF instalada, si tuviéramos la noticia de que el Gobierno se separó del GAFI y cerró la UAF yo le doy la razón a los banqueros de que algo raro puede ocurrir, pero no es así”, dijo Avendaño.
Sin embargo, para Arteaga sí hay un riesgo, porque considera que si los bancos se ven obligados a acatar esa ley nacional se violaría la internacional y podría ser objeto de sanción y correría el mismo riesgo que Bancorp.
Bancorp fue creado como subsidiaria de Alba de Nicaragua, SA (Albanisa), financiada por el gobierno venezolano en 2014 y fue adquirido por el Estado de Nicaragua en marzo de 2019.
Pero más allá de esto, Vila insistió: «Las autoridades de EE. UU. no van a opinar ni realizar ninguna recomendación específica o puntual sobre el caso de Nicaragua, pero es una certeza que aquellos bancos que abran cuentas para el círculo cerrado de sancionados por OFAC verán caer sus relaciones internacionales, con la posibilidad de que sea el propio país el que termine siendo incluido en la llamada ‘Lista Negra’ del GAFI».
