La prensa se ha enfrentado a un mayor hostigamiento político y judicial desde 2007, cuando Ortega regresó al poder, y la administración ha realizado esfuerzos sistemáticos para obstruir y desacreditar a los medios críticos. Los periodistas han sido objeto de amenazas, arrestos y agresiones físicas. La CIDH ha otorgado medidas de protección a varios periodistas ante hostigamientos y amenazas de muerte”
Les presentamos el informe completo presentado ayer por la organización Freedom House que considera que el gobierno de Nicaragua está en tránsito hacia una dictadura.
Visión general
La elección del líder sandinista Daniel Ortega en 2006 inició un período de deterioro democrático marcado por la consolidación de todos los poderes del gobierno bajo el control de su partido, la limitación de las libertades fundamentales y la corrupción desenfrenada en el gobierno. En 2018, las fuerzas estatales, con la ayuda de grupos armados aliados informalmente, respondieron a un movimiento antigubernamental masivo con violencia y represión. El estado de derecho se derrumbó cuando el gobierno tomó medidas para sofocar el movimiento, y los observadores de derechos informaron sobre la muerte de al menos 325 personas, detenciones extrajudiciales, desapariciones y torturas. Desde entonces han continuado los arrestos y detenciones arbitrarias, los opositores al gobierno percibidos informan vigilancia y monitoreo, y las conversaciones con la oposición han fracasado.
Desarrollos clave en 2020
- El gobierno se negó a implementar medidas de distanciamiento social para manejar la pandemia de COVID-19, los casos intencionalmente no se reportaron y despidió a los trabajadores de la salud que criticaron el manejo del tema por parte de las autoridades.
- Los ataques contra las poblaciones indígenas continuaron con impunidad, ya que los colonos continuaron invadiendo las tierras indígenas.
- En octubre, el gobierno aprobó dos leyes consideradas como intentos de sofocar a la oposición: la Ley de Agentes Extranjeros, que requiere que cualquier nicaragüense que reciba fondos del exterior se registre como agente extranjero en el Ministerio del Interior, y prohíbe a dichos agentes participar en actividades políticas o ocupar cargos públicos; y la Ley Especial de Delitos Cibernéticos, que tipifica como delito la difusión de información “falsa o distorsionada” utilizando la tecnología de las comunicaciones.
- En diciembre, el gobierno aprobó una ley que permite a los funcionarios prohibir a las personas etiquetadas como “terroristas” o “traidores” postularse o ocupar cargos públicos. Las próximas elecciones presidenciales del país se llevarán a cabo en noviembre de 2021.
Derechos políticos
El proceso electoral
A1: 0-4 ptos
¿El actual jefe de gobierno u otra autoridad nacional principal fue elegido mediante elecciones libres y justas? 1 de 4 puntos
La constitución prevé un presidente elegido directamente y las elecciones se celebran cada cinco años. Las reformas constitucionales de 2014 eliminaron los límites a los mandatos y exigieron que el ganador de la votación presidencial asegurara una pluralidad simple de votos.
El presidente Ortega fue reelegido en 2016 con más del 72 por ciento de los votos en una elección severamente defectuosa que fue precedida por la decisión de la Corte Suprema de despojar al principal candidato de la oposición, Eduardo Montealegre, del control de su Partido Liberal Independiente (PLI), dejándolo sin vehículo político para postularse a la presidencia. La decisión interrumpió severamente las operaciones del PLI, y el competidor más cercano de Ortega, Maximino Rodríguez del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), recibió solo el 15 por ciento de los votos, sin que ningún otro candidato alcanzara el 5 por ciento. La esposa de Ortega, Rosario Murillo, se postuló como su candidata a la vicepresidencia.
El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Ortega ganó 135 de las 153 alcaldías disputadas en las elecciones municipales de 2017. Hubo informes antes de las elecciones de que el FSLN había ignorado las encuestas primarias locales para presentar a sus candidatos preferidos a las elecciones. Siete personas murieron en enfrentamientos postelectorales entre el gobierno y simpatizantes de la oposición, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).
¿Fueron elegidos los actuales representantes legislativos nacionales mediante elecciones libres y justas?
La constitución prevé una Asamblea Nacional unicameral de 92 miembros. Se reservan dos escaños en la legislatura para el presidente anterior y el segundo en la elección presidencial más reciente. Las elecciones legislativas se celebran cada cinco años.
En las elecciones legislativas de 2016, el FSLN de Ortega aumentó su mayoría a 70 escaños en la Asamblea Nacional, seguido por el PLC con 13 escaños. El PLI ganó solo 2 escaños, en contraste con los 26 escaños que ganó en las elecciones de 2011. Ortega se negó a permitir el seguimiento de las elecciones internacionales. Montealegre fue expulsado del PLI unos meses antes de las urnas, dañando gravemente la competitividad del partido.
La Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua (RACCN) y la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS) cuentan con consejos regionales, para los cuales se realizaron elecciones en marzo de 2019; el FSLN ganó la mayor parte de los votos en cada uno. El único grupo de observadores independientes informó sobre una serie de irregularidades, incluida la participación de votantes de áreas no elegibles; baja participación; y una fuerte presencia militar en varios municipios mientras se realizaban las votaciones.
¿Son justos el marco y las leyes electorales, y los órganos de gestión electoral pertinentes los aplican de manera imparcial?
El Consejo Supremo Electoral (CSE) y el poder judicial en general sirven a los intereses del FSLN. En 2016, el CSE expulsó de sus escaños a 16 miembros de la oposición de la Asamblea Nacional en respuesta a que no reconocieron la decisión de la Corte Suprema de expulsar a Montealegre del PLI; más tarde ese año certificó la reelección de Ortega luego de un proceso electoral severamente defectuoso.
Tanto el director interino del CSE, Lumberto Campbell, como el anterior presidente del CSE, Roberto Rivas, están en la lista de los Estados Unidos de personas sancionadas por el papel del CSE en facilitar las elecciones altamente defectuosas de Nicaragua.
B Pluralismo político y participación
¿Tiene la gente el derecho a organizarse en diferentes partidos políticos u otras agrupaciones políticas competitivas de su elección, y el sistema está libre de obstáculos indebidos al ascenso y caída de estos partidos o agrupaciones en competencia? 1 4
Los partidos políticos enfrentan obstáculos legales y prácticos para su formación y funcionamiento. Los líderes del partido son fácilmente cooptados o descalificados por instituciones alineadas con Ortega. La membresía en el FSLN a menudo es necesaria para ocupar puestos de la función pública, lo que desalienta a las personas a registrarse como miembros de otros partidos. Bajo las reformas constitucionales de 2014, los legisladores deben seguir el voto del partido o arriesgarse a perder sus escaños.
La Ley de Agentes Extranjeros aprobada en octubre de 2020 requiere que cualquier persona que reciba fondos de gobiernos, organizaciones o individuos extranjeros se registre como agente extranjero, y prohíbe a dichos agentes participar en actividades políticas o ocupar cargos públicos. En diciembre de 2020, el Congreso aprobó una ley que prohibiría a las personas designadas como “traidores” postularse o ocupar cargos públicos. Los organismos internacionales de vigilancia, incluidos Human Rights Watch y opositores del gobierno nacional, vieron las nuevas leyes como indicaciones de que el gobierno tenía la intención de tomar medidas drásticas contra la oposición y evitar la competencia en las elecciones de 2021.
¿Existe una oportunidad realista para que la oposición aumente su apoyo o gane poder a través de elecciones?
Años de represión política bajo Ortega, incluso a través de fallos judiciales politizados y otras medidas que impidieron que las figuras de la oposición participaran en la política, limitaron gravemente la capacidad de la oposición para ganar el poder mediante elecciones, y muy pocas figuras de la oposición ocupan escaños legislativos u otros cargos gubernamentales. En 2018, la policía y los grupos armados progubernamentales emplearon fuerza letal contra la oposición pacífica y los manifestantes antigubernamentales; miles de participantes en la protesta fueron detenidos y arrestados arbitrariamente, y miles más huyeron al exilio. Si bien esta violencia a gran escala no se repitió en 2019 y 2020, la represión de mano dura de la oposición ha continuado, con frecuentes informes de acoso, detenciones arbitrarias y violencia. El gobierno se ha negado a discutir reformas electorales o elecciones anticipadas como lo pide la población nicaragüense.
¿Están las opciones políticas del pueblo libres del dominio de fuerzas externas a la esfera política o de fuerzas políticas que emplean medios extrapolíticos?
El presidente Ortega ha consolidado todos los poderes del Estado y la mayoría de las instituciones públicas, así como los medios de comunicación del país, bajo el control de su partido, permitiéndole a él y al FSLN una gran influencia en las decisiones políticas de la gente.
Los trabajadores del sector público experimentaron presiones para mantenerse alejados del movimiento de protesta antigubernamental en 2018. Cientos de profesionales de la salud fueron despedidos de los hospitales públicos por brindar asistencia a los manifestantes o por su presunto papel en las manifestaciones antigubernamentales.
La policía y los grupos armados aliados del estado fueron los principales perpetradores de la violencia durante la crisis de 2018, y en 2020 continuaron atacando a supuestos opositores al régimen. En un informe publicado en diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) identificó un sistema de “puerta giratoria” de detenciones arbitrarias de corto plazo destinado a intimidar y desbaratar a los opositores al régimen.
En noviembre de 2020, los huracanes Eta e Iota devastaron secciones del país. A medida que se pusieron en marcha la evaluación de daños y los esfuerzos de ayuda, surgieron acusaciones de que el gobierno estaba dando prioridad a las áreas lideradas por los sandinistas, además de obstaculizar la cobertura periodística independiente de la crisis.
¿Tienen varios segmentos de la población (incluidos los grupos étnicos, raciales, religiosos, de género, LGBT + y otros grupos relevantes) plenos derechos políticos y oportunidades electorales?
Los grupos minoritarios, especialmente los habitantes indígenas de las regiones del este y el Caribe de Nicaragua, están políticamente infrarrepresentados en todos los partidos, y el gobierno y el FSLN ignoran en gran medida sus quejas. Las poblaciones indígenas y afrodescendientes están subrepresentadas en la Asamblea Nacional; en 2020 solo había un representante indígena, Brooklyn Rivera del partido Yatama, y dos representantes de Kriol.
La represión de 2018 señaló la intolerancia de Ortega hacia el activismo que podría percibirse como un desafío a su gobierno, incluso por parte de activistas indígenas y otros segmentos de la población que buscan mayores derechos políticos. Durante el breve debate en el Congreso sobre la Ley de Agentes Extranjeros de 2020, Rivera expresó su preocupación de que la ley pueda afectar de manera desproporcionada a los grupos políticos subrepresentados.
Según una nueva ley electoral municipal aprobada en 2012, la mitad de los candidatos a alcaldías y escaños de los consejos de cada partido deben ser mujeres. Las mujeres también ocupan el 45 por ciento de los escaños de la Asamblea Nacional. En la práctica, la incidencia política exitosa de las mujeres generalmente se restringe a iniciativas que cuentan con el apoyo del FSLN, que no ha priorizado las preocupaciones políticas de las mujeres.
C Funcionamiento del gobierno
¿El jefe de gobierno libremente elegido y los representantes legislativos nacionales determinan las políticas del gobierno? 1 4
El FSLN domina la mayoría de las instituciones públicas. La alianza tripartita entre gobierno, empresa privada y sindicalismo, que se reconoce en el artículo 98 de la constitución, se ha vuelto menos funcional desde que el sector privado comenzó a distanciarse del gobierno ante los hechos violentos de 2018. La manipulación del 2016 La elección y la expulsión de 16 políticos de la oposición de la legislatura impidieron que los representantes electos determinaran las políticas gubernamentales.
Bajo las reformas constitucionales de 2014, Ortega tiene un amplio grado de poderes discrecionales para establecer políticas. El dominio ejecutivo de la legislatura altamente polarizada da como resultado una falta constante de supervisión.
¿Las salvaguardias contra la corrupción oficial son sólidas y eficaces? 1 4
Debido a que el sistema de justicia y otros organismos públicos generalmente están subordinados a Ortega y al FSLN, hay pocas posibilidades de que las denuncias de corrupción contra funcionarios gubernamentales sean objeto de una investigación o enjuiciamiento exhaustivo. Los cargos de corrupción contra funcionarios gubernamentales de alto rango son raros, mientras que los casos de corrupción contra figuras de la oposición a menudo son criticados por tener motivaciones políticas.
La mezcla de la familia Ortega, el partido sandinista y los intereses del gobierno ha sido criticada durante mucho tiempo por presentar importantes conflictos de intereses y oportunidades para la corrupción. Los hijos e hijas de Ortega han sido nombrados para cargos destacados como embajador y asesor presidencial. Varios de los hijos del presidente se encuentran entre los múltiples funcionarios nicaragüenses sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunta participación en actividades corruptas, incluido uno que fue agregado a la lista de sanciones en julio de 2020.
¿Opera el gobierno con apertura y transparencia? 1 4
Las operaciones gubernamentales y la formulación de políticas son generalmente opacas. La Ley de Acceso a la Información Pública de 2007 requiere que las entidades públicas y las empresas privadas que hacen negocios con el estado divulguen cierta información. Las agencias gubernamentales en todos los niveles generalmente ignoran esta ley.
Ortega rara vez da conferencias de prensa. El Consejo de Comunicaciones y Ciudadanía, que supervisa las relaciones con la prensa del gobierno, está dirigido por el vicepresidente Murillo y ha sido acusado de limitar el acceso a la información.
Observadores independientes alegan que el gobierno intencionalmente subestimó el número de casos de COVID-19 en el país, y a la Organización Panamericana de la Salud se le negó el acceso a los hospitales nicaragüenses. No obstante, muchas personas cuyas muertes se atribuyeron a “neumonía atípica” recibieron entierros expresos a los que los miembros de la familia no pudieron asistir. Según los informes, se impidió a los trabajadores de la salud utilizar equipos de protección personal y aplicar protocolos de seguridad en los hospitales públicos, y decenas de enfermeras y médicos fueron despedidos por firmar una carta en la que criticaban la respuesta del gobierno a la pandemia.
Libertades civiles
D Libertad de expresión y creencias
¿Existen medios libres e independientes? 1 4
La prensa se ha enfrentado a un mayor hostigamiento político y judicial desde 2007, cuando Ortega regresó al poder, y la administración ha realizado esfuerzos sistemáticos para obstruir y desacreditar a los medios críticos. Los periodistas han sido objeto de amenazas, arrestos y agresiones físicas. La CIDH ha otorgado medidas de protección a varios periodistas ante hostigamientos y amenazas de muerte.
La represión contra los periodistas se ha agudizado desde que estalló la actual crisis política en 2018. El estado ordenó a las empresas de televisión y proveedores de servicios de telefonía móvil que dejen de transmitir varios canales de noticias independientes a través de sus sistemas. Numerosos puntos de venta han sido asaltados y cerrados. Se ha arrestado y acusado a periodistas de terrorismo; en abril de 2020, más de 90 trabajadores de los medios de comunicación se habían exiliado. Las restricciones a la tinta y el papel obligaron al cierre del periódico El Nuevo Diario en 2019. En febrero de 2020, el gobierno eliminó las restricciones sobre el papel de periódico a La Prensa, pero el estado continuó reteniendo las propiedades confiscadas en 2018 a medios críticos, aplicando leyes penales de difamación y incautar activos a lo largo de 2020, mientras que los partidarios del gobierno continuaron hostigando y atacando a los periodistas con impunidad. A finales de 2020, disolvió violentamente una rueda de prensa del periodista Carlos Fernando Chamorro, en la que pidió al gobierno la devolución del edificio que había albergado el Confidencial y Esta Semana.
En octubre, el Congreso aprobó la Ley Especial de Delitos Cibernéticos, que penaliza la difusión a través de la tecnología de las comunicaciones de “noticias falsas”, coberturas o comentarios que dañen la reputación de un funcionario público y la publicación de material que “incite al odio y la violencia, [o] ponga en peligro la economía estabilidad, orden público, salud pública o seguridad nacional ”. Además de criticar el lenguaje vago de la ley, los defensores de la libertad de prensa señalaron que obstaculizaría el periodismo de investigación y la exposición de la corrupción al prohibir la publicación de información filtrada por fuentes dentro del gobierno.
¿Son las personas libres para practicar y expresar su fe religiosa o su incredulidad en público y en privado? 2 4
En general, la libertad religiosa se respetó antes de la crisis de 2018, aunque algunos líderes de iglesias católicas y evangélicas habían informado de represalias por parte del gobierno por las críticas a la administración de Ortega, incluida la confiscación o demora de bienes y donaciones importados. Sin embargo, desde que estalló la crisis política, los funcionarios de la iglesia han sido denunciados y difamados por las autoridades por acompañar o defender a manifestantes antigubernamentales, turbas progubernamentales han atacado iglesias donde se refugiaban manifestantes antigubernamentales y miembros del clero han recibido amenazas y han experimentado vigilancia. Ha habido informes de que simpatizantes de Ortega se han infiltrado en las parroquias y hostigado o intimidado a los feligreses en los servicios religiosos. En 2020, Ortega acusó a los obispos locales de participar en un complot para derrocarlo, y la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) publicó un informe en el que expresaba su preocupación por la represión de los católicos.
Los líderes religiosos han criticado los intentos del gobierno de Ortega de cooptar las creencias religiosas con fines políticos. El gobierno ha exigido que los empleados públicos asistan a festivales religiosos patrocinados por el gobierno, lo que los ha hecho perderse los eventos oficiales de la Iglesia Católica.
¿Existe libertad académica y el sistema educativo está libre de adoctrinamiento político extenso? 2 4
Antes de la crisis de 2018, en general se respetaban las libertades académicas, aunque algunos académicos se abstuvieron de criticar abiertamente al gobierno. Desde entonces, los maestros han informado que se les exige asistir a capacitaciones que promueven las opiniones del gobierno y reafirman la versión del gobierno de la crisis política de 2018. En el sistema público de escuelas primarias y secundarias, ha habido informes de que los estudiantes deben asistir a mítines a favor del gobierno y de materiales a favor del FSLN que se exhiben en los edificios escolares.
¿Son las personas libres de expresar sus opiniones personales sobre temas políticos u otros temas delicados sin temor a ser vigilados o represaliados? 2 4
En 2020, la represión y la intimidación por parte de las fuerzas estatales y progubernamentales contribuyeron a un clima generalizado de miedo y terror que continúa restringiendo la libertad de expresión. Las familias de las víctimas de la violencia del régimen están sujetas a un seguimiento y vigilancia de rutina, y los retornados del extranjero informaron haber sido objeto de vigilancia a su regreso. En 2019, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la CIDH denunció preocupaciones sobre discriminación y amenazas de represalia contra empleados estatales que no estuvieron de acuerdo o actuaron en contra de la política estatal.
La Ley de Delitos Cibernéticos de 2020 criminalizó la difusión de “noticias falsas” y la denuncia de irregularidades dirigida por empleados gubernamentales. La ley también da al gobierno E Derechos de asociación y organización
¿Existe libertad de reunión? 0 4
La libertad de reunión se deterioró gravemente en 2018, cuando al menos 325 personas murieron y al menos 2.000 resultaron heridas en una feroz represión contra un movimiento de protesta antigubernamental que comenzó en abril, luego de que las autoridades anunciaran reformas a la seguridad social; pronto se convirtió en un movimiento antigubernamental más amplio destinado a expulsar al régimen del poder. La mayoría de los abusos se han atribuido a la policía nacional y a los grupos armados aliados, que según un informe de agosto de 2018 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) operan con “total impunidad”. En septiembre de ese año, la Policía Nacional emitió un comunicado declarando “ilegales” las marchas y manifestaciones no autorizadas. Desde entonces, la policía ha denegado los permisos para manifestaciones públicas y ha ocupado espacios públicos para evitar protestas.
La policía continuó bloqueando o dispersando los intentos de manifestación en 2019 y 2020. Más de 100 personas fueron arrestadas en marzo de 2019 por intentar protestar en Managua, pero finalmente fueron liberadas. Los intentos de reunirse en 2020 se enfrentaron a una obstrucción violenta, incluidos manifestantes que marcharon en apoyo de los presos políticos en febrero que fueron golpeados por la policía, una serie de mítines en el Día Internacional de la Mujer en marzo que encontraron bloqueos y asaltos policiales, y una sátira dirigida por estudiantes. protesta basada en octubre que fue atacada por la policía y grupos armados civiles.
Una ley de amnistía aprobada en 2019 establece que los manifestantes que sean liberados no deben participar en acciones que conduzcan a más “delitos”, lo que les prohíbe de hecho volver a participar en manifestaciones contra el gobierno.
¿Existe libertad para las organizaciones no gubernamentales, en particular las que se dedican al trabajo relacionado con los derechos humanos y la gobernanza? 0 4
Los grupos críticos con el gobierno o que se enfocan en temas como la corrupción han operado dentro de un entorno cada vez más restrictivo bajo la administración de Ortega, que entre otras medidas ha utilizado las leyes de registro para ahogar sus fuentes de financiamiento. Desde abril de 2018, los defensores de los derechos humanos y los líderes de las organizaciones de la sociedad civil han sufrido hostigamiento severo, detenciones arbitrarias y expulsiones arbitrarias. Doce ONG, la mayoría de las cuales se centraron en la democracia, los derechos humanos o la libertad de prensa, vieron cancelada su inscripción a finales de 2018.
Las organizaciones de derechos humanos informaron de un seguimiento y vigilancia continuos en 2020. En septiembre, un grupo de ONG de derechos humanos nacionales y regionales, incluidas Amnistía Internacional y la Oficina de Washington para América Latina, condenaron una ola de represión de activistas, incluidas las agresiones sexuales a mujeres activistas. El gobierno también reprimió las acciones de ONG y grupos religiosos para brindar asistencia de salud pública en respuesta a la pandemia de COVID-19.
La Ley de Agentes Extranjeros promulgada en 2020 amenazaba con obstaculizar aún más las operaciones de grupos independientes. Los destinatarios de financiación extranjera que se registren como agentes extranjeros también deben proporcionar informes mensuales que detallen todos los ingresos, junto con los gastos reales y planificados.
¿Existe libertad para los sindicatos y organizaciones profesionales o laborales similares? 2 4
El FSLN controla muchos de los sindicatos del país y los derechos legales de los sindicatos ajenos al FSLN no están plenamente garantizados en la práctica. Si bien la ley reconoce el derecho de huelga, casi nunca se otorga la aprobación del Ministerio de Trabajo. Los empleadores a veces forman sus propios sindicatos para evitar el reconocimiento de organizaciones legítimas. Según los informes, los empleados han sido despedidos por actividades sindicales y los ciudadanos no tienen un recurso efectivo cuando los que están en el poder violan las leyes laborales.
F Estado de derecho
¿Existe un poder judicial independiente? 1 4
El poder judicial sigue dominado por personas designadas por el FSLN y el PLC, y la Corte Suprema es un organismo en gran parte politizado y controlado por jueces sandinistas.
¿Prevalece el debido proceso en materia civil y penal? 0 4
Desde que estallaron las protestas en abril de 2018, los investigadores de la ONU y otras organizaciones de derechos humanos han documentado violaciones desenfrenadas del debido proceso. Estos incluyen arrestos y detenciones arbitrarias generalizadas por parte de la policía y las fuerzas progubernamentales aliadas, no presentar órdenes de registro o arresto, no se discutieron los derechos de los detenidos, no se registró públicamente a los detenidos o su ubicación, y las personas permanecieron incomunicadas durante la detención inicial. El debido proceso ha seguido deteriorándose en 2020 como resultado de nuevas leyes represivas y la falta de supervisión por parte de entidades independientes.
El gobierno anunció en febrero de 2019 que liberaría a los presos políticos detenidos durante las protestas de 2018. Entre mediados de marzo y mediados de junio, el gobierno liberó a casi 400 personas encarceladas por actividades relacionadas con las protestas de 2018, y otras 91 fueron liberadas a fines de diciembre; la mayoría fueron liberados bajo arresto domiciliario, mientras que los cargos en su contra permanecieron activos. Los presos liberados fueron objeto de hostigamiento y vigilancia. Los abogados defensores de los presos políticos también denunciaron haber sido objeto de acoso. La CIDH informó que 94 presos políticos seguían bajo custodia a septiembre de 2020.
Una ley de amnistía aprobada en junio de 2019 cubre los delitos cometidos durante las protestas de 2018. Aunque la ley reconoce que los crímenes cubiertos por tratados internacionales, como los crímenes de lesa humanidad, serían excluidos de la amnistía, los críticos temían que la ley se usara para proteger al Estado y sus agentes de la responsabilidad de abusos pasados. La falta generalizada de un debido proceso efectivo intensificó las preocupaciones de los activistas con respecto a la implementación de la Ley de Agentes Extranjeros, la Ley de Ciberseguridad y la ley contra los traidores, todas ellas aprobadas a fines de 2020, así como la enmienda constitucional pendiente sobre delitos de odio.
¿Existe protección contra el uso ilegítimo de la fuerza física y libertad frente a guerras e insurgencias? 1 4
El movimiento de protesta antigubernamental de 2018 se enfrentó a una violenta represión por parte de la policía y las fuerzas armadas aliadas de manera informal, lo que provocó la muerte de al menos 325 personas. En un informe de agosto de 2018 sobre la represión del movimiento de protesta, el ACNUDH detalló graves abusos, incluida la tortura psicológica y física de los detenidos, incluida la violencia sexual, las confesiones forzadas, las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales. En 2019 hubo informes de decenas de activistas antigubernamentales asesinados en partes más remotas del país, supuestamente por policías y paramilitares.
Los cambios en el código militar y la policía nacional aprobados en 2014 otorgan al presidente poder para desplegar el ejército con fines de seguridad interna y nombrar al jefe de la policía nacional, y permiten que la policía participe en actividades políticas. La ley de seguridad soberana de 2015 ha sido criticada por militarizar las agencias civiles.
En marzo de 2020, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estimó que más de 100.000 nicaragüenses habían huido del país, con más de 77.000 en Costa Rica.
Las cárceles se caracterizan a menudo por el hacinamiento y el saneamiento deficiente. Para evitar la propagación del COVID-19 dentro de los muros de la prisión, el gobierno liberó a más de 2.800 presos a arresto domiciliario en mayo de 2020, pero los presos políticos no se encontraban entre los liberados.
¿Garantizan las leyes, políticas y prácticas la igualdad de trato de varios segmentos de la población? 1 4
La constitución y las leyes reconocen nominalmente los derechos de las comunidades indígenas, pero esos derechos no se han respetado en la práctica. Aproximadamente el 5 por ciento de la población es indígena y vive principalmente en la RACCN y la RACCS. Si bien a las poblaciones indígenas se les han otorgado derechos legales y protecciones a la tierra, el gobierno no hace cumplir estas leyes.
Los ataques contra las poblaciones indígenas y las incursiones terrestres en los últimos años se han perpetrado con impunidad. En marzo de 2020, la CIDH reprendió el hecho de que Nicaragua no protegiera a los pueblos indígenas de la violencia y la expulsión de sus tierras tradicionales. Hasta diciembre, 12 miembros de las comunidades Mayangna y Miskito habían sido asesinados en 2020, lo que se suma a un saldo de casi 50 desde 2015. Las comunidades indígenas sufrieron daños a gran escala por los huracanes de noviembre de 2020, y los defensores de los derechos advirtieron sobre un posible aumento en incursiones de colonos en tierras protegidas.
La población LGBT + del país está sujeta a amenazas intermitentes y trato discriminatorio.
Cambio de puntaje: El puntaje bajó de 2 a 1 porque el gobierno no protegió a los pueblos indígenas de la apropiación violenta de tierras por parte de los colonos.
G Autonomía personal y derechos individuales
¿Las personas disfrutan de libertad de movimiento, incluida la posibilidad de cambiar su lugar de residencia, empleo o educación? 2 4
El colapso de las instituciones en 2018, la sangrienta represión de los disidentes de ese año y la continua represión del gobierno desde entonces han creado un clima de miedo y desconfianza que desalienta la libre circulación. La infraestructura deficiente limita el movimiento en algunas áreas de mayoría indígena.
¿Pueden los individuos ejercer el derecho a la propiedad y establecer negocios privados sin interferencia indebida de actores estatales o no estatales? 2 4
Los derechos de propiedad están protegidos sobre el papel, pero en la práctica pueden ser frágiles. Los títulos a menudo se disputan y las personas con conexiones con el FSLN a veces disfrutan de una ventaja durante las disputas de propiedad. El conflicto por la tierra en la RACCS y la RACCN entre los residentes indígenas y los colonos continuó en 2020, lo que resultó en numerosas muertes. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) advirtió en un informe de 2019 que las comunidades miskitas del norte podrían estar en riesgo de extinción por invasiones de tierras.
Los individuos y las comunidades en la zona de construcción de un canal interoceánico planificado han informado de intimidación por parte de topógrafos y actores anónimos, aunque el proyecto parecía haberse estancado.
¿Las personas disfrutan de libertades sociales personales, incluida la elección del cónyuge y el tamaño de la familia, protección contra la violencia doméstica y control sobre la apariencia? 2 4
Los individuos disfrutan de una amplia libertad en sus relaciones interpersonales y en su apariencia personal.
La violencia doméstica sigue siendo generalizada y no se denuncia, y pocos casos se procesan. La Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer de 2012 aborda las formas de violencia tanto física como estructural, y reconoce la violencia contra la mujer como una cuestión de salud y seguridad pública. Una reforma de la ley de 2013 permite la mediación entre la víctima y el acusador, a pesar de las preocupaciones de los grupos de derechos humanos. El código de familia incluye protecciones para menores embarazadas y ancianos, establece la igualdad de deberes de madres y padres y prohíbe el castigo físico de los niños. Define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer y, como tal, priva a las parejas del mismo sexo del derecho a adoptar niños o de la posibilidad de recibir un tratamiento de fertilidad.
El aborto es ilegal y se castiga con pena de prisión, incluso cuando se realiza para salvar la vida de la persona embarazada o en casos de violación o incesto. La criminalización del aborto puede hacer que las mujeres busquen abortos ilegales riesgosos que pueden poner en peligro su salud.
¿Las personas disfrutan de igualdad de oportunidades y están libres de explotación económica? 2 4
Nicaragua es un país de origen de mujeres y niños forzados a la prostitución; los adultos y los niños también son vulnerables al trabajo forzoso, especialmente en los sectores de la agricultura y la minería, y como empleados domésticos. El Informe sobre la trata de personas del Departamento de Estado de EE. UU. En 2020 rebajó la calificación del país al Nivel 3, alegando que, si bien el gobierno inició un puñado de investigaciones y un enjuiciamiento, disminuyó sus esfuerzos generales de enjuiciamiento, protección y prevención en 2019, y no cooperó con ONG en la coalición anti-trata.
Gran parte de la economía es informal y los trabajadores de estos sectores carecen de las protecciones legales asociadas con el empleo formal. El salario mínimo legal es inadecuado para cubrir el costo de los bienes básicos.
