La Prensa 05/03/2021
Aunque a nivel mundial las tasas de interés están prácticamente en cero, el efecto de esto no se ha sentido sustancialmente en el costo del dinero en Nicaragua, pese a que más del ochenta por ciento del Sistema Financiero Nacional está dolarizado. En el país, el Banco Central también en los últimos tres años de recesión ha desarrollado políticas para abaratar el acceso del córdoba al Sistema Financiero Nacional, pero tampoco eso ha estimulado que los intereses bajen sustancialmente.
En el 2020, por ejemplo, cuando la Reserva Federal de Estados Unidos dejó casi en cero las tasas de interés, las que se mantienen hasta la fecha, en Nicaragua la tasa de interés para préstamos dolarizados de corto plazo se ubicó en promedio en 10.31 por ciento, mientras que en el año anterior fue de 11.42 por ciento, según estimaciones del economista Néstor Avendaño, con base en cifras de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif). En el 2017 esta tasa era de 11.86 por ciento.
Según Avendaño, atrás no se quedan inclusive los intereses que se cobran por los préstamos en córdobas sin mantenimiento de valor, pese a que el Banco Central en los últimos meses ha impulsado una política de inyectar liquidez al Sistema Financiero en córdobas sin mantenimientos de valor.
Pero además el Banco Central redujo la Tasa de Referencia de Reportos Monetarios (TRM) en 25 puntos base, pasando de 4.5 por ciento a 4.25 por ciento a partir del 3 de agosto de 2020 y en enero de 2021 se situaba en 3.75 por ciento.
En ese sentido, Avendaño observa que «esa disminución de las tasas de interés del BCN no se refleja en las tasas del sistema bancario, o sea, no hay ninguna correlación entre las tasas monetarias y las tasas bancarias para los depositantes y para los prestatarios».
«El año pasado el BCN ofreció un préstamo a toda la banca y se los entregó para que fuera canalizado a seis meses plazo para los productores agropecuarios, con una tasa ya reducida, estaba alrededor del cinco por ciento, pero las entidades bancarias en vez de asignarlo a la producción fueron a comprar bonos emitidos por el Ministerio de Hacienda, con tasas del 11 por ciento con mantenimiento de valor, creo que hoy las tasas de los papeles andan en un siete por ciento a dos años plazo», dijo.
A criterio del economista, «las tasas de interés de la banca privada en Nicaragua se fijan sin tomar en cuenta las tasas de interés internacionales y la tasa de interés monetaria y están influenciadas grandemente por la magnitud de los riesgos políticos, económicos y financieros, pero estimados, esos riesgos, por las mismas entidades bancarias».
Avendaño cree que la política que el Banco Central de Nicaragua ha impulsado para rebajar las tasas de interés, al menos en los préstamos que provienen de los recursos que la entidad facilitó a los bancos, debería verse reflejada y debido a que esto no ocurre las autoridades deberían buscar un diálogo con el Sistema Financiero para incidir en que esta realidad del costo del dinero cambie.
«Debería influenciarlo el BCN y debería en cierta forma determinar esa relación entre las tasas monetarias y las tasas pasivas del mercado, en común acuerdo con los representantes de la banca privada, pero no lo hacen porque la política financiera para el BCN no es tan importante como la política monetaria y la política cambiaria», consideró.
Es decir, que a criterio del economista, las autoridades del máximo emisor bancario priorizan más su política de asegurarse que las reservas internacionales, por ejemplo, se mantengan robustas, en lugar que sus medidas incidan en el Sistema Financiero.
Insistió en que el BCN no ha desarrollado una robusta política financiera y eso genera que las entidades bancarias pongan la tasa de interés que ellos determinan y determinen un nivel de riesgo país, que a criterio de Avendaño, está divorciado de la realidad de Nicaragua.
Entonces,¿qué hacer? El economista dice que el Banco Central debe establecer un diálogo con el Sistema Financiero Nacional para revisar las variables y ver cómo estas se adecuan más a la realidad del país, pero además admitió que se debe trabajar para reducir el riesgo país, el que admitió es alto.
«El riesgo político de Nicaragua es muy alto, disminuirlo es una tarea casi exclusiva de las autoridades gubernamentales, pero con el apoyo de la población. En este campo es importante mejorar indicadores de índole político, principalmente los relacionados con la estabilidad de las leyes, la seguridad jurídica y la imparcialidad de los jueces; el conflicto con los Estados Unidos; el comportamiento profesional de las fuerzas del orden público; las condiciones socioeconómicas de la población (desempleo, subempleo, pobreza y desconfianza del consumidor); el respeto del contrato y la estabilidad de las reglas; y la potencialidad del conflicto social», explicó Avendaño.
En ese sentido, admitió que este indicador de riesgo político «provoca la reducción de la oferta de préstamos, externos e internos, por lo cual se genera un exceso de demanda por fondos prestables y el aumento de la tasa de interés de los préstamos».
También se deben revisar las normas prudenciales de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif). «Habría que flexibilizar esas normas prudenciales al momento en que la economía de Nicaragua está golpeada por una crisis política y por una crisis sanitaria mundial», dijo.
La propuesta incluye que se otorgue a lo sumo un semestre de gracia, prorrogable si es necesario, a los deudores, empresarios y consumidores, que lo soliciten, demuestren la necesidad y califiquen, independientemente del nivel de riesgo del prestatario, y trasladen el pago de capital e intereses que corresponde a ese período hasta el final del plazo del préstamo, sin requerimiento de provisión establecido por la Siboif.
«Si se concede un semestre de gracia, en el pago del préstamo esos intereses y amortizaciones se deberían trasladar al final del plazo del préstamo para no hacer más pesada la carga financiera de los prestatarios», puntualizó el economista.
Otra norma prudencial que prevén es poder hacer reestructuración de créditos, es decir, tasas de interés, plazos y cuotas, sin que se disminuya la calificación del prestatario al momento en que se autorice la reestructuración del crédito.
Y es que cuando se reestructura un crédito se deteriora la calidad de los prestatarios, es decir la banca comercial y al reducirse la calidad del prestatario puede pasar de un préstamo A a un préstamo B y cuando baja de categoría, las normas de la Siboif le exigen a las entidades bancarias elevar las reservas por depósitos afectados.
«Los bancos debilitan su capital por atender préstamos reestructurados, entonces nuestra propuesta es decirle a la Superintendencia: señores no apliquen la norma prudencial de degradar el préstamo porque esto se está dando por un problema extraeconómico que puede ser en este caso lo más reciente el coronavirus y por supuesto no es mala gestión de los deudores, aquí se ha cerrado el mercado, la producción de servicios ha caído, por consiguiente se reestructura el préstamo, pero se mantiene la calificación inicial sobre el préstamo reestructurado», sostuvo.
De lograr todas estas acciones, Avendaño dice que las tasas actuales bajarían a entre 7 y 9 por ciento para los préstamos en córdobas sin mantenimiento de valor, y en el caso dolarizados a entre 5 y 7 por ciento.
Urge Banca estatal
A largo plazo se necesita restablecer la banca comercial estatal y esto es una decisión política, a juicio de Avendaño. Destaca que Nicaragua ha entrado a una etapa en la cual tendrá que hacer ingentes esfuerzos para volver a crecer económicamente.
Citó como ejemplo que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) prestó unos recursos para que se los facilitaran a las micro, pequeñas y medianas empresas y estos no fueron asignados. «En el foro que hicimos, dos productores dijeron que los funcionarios de la banca les dijeron que no podían optar a ese préstamo porque no podrían cumplir los términos y no se los dieron, entonces el BID se los llevó de regreso, entonces esto indica que las mipymes no son sujetos de créditos de la banca comercial convencional, por lo tanto se necesita una banca donde atiendan a los productores».
En Nicaragua el 60 por ciento de la empresas son micro y aportan 40 por ciento del PIB, por lo que se debe atender de manera crediticia y tecnológica a este sector.
«La banca estatal a la producción tendría que someterse a la funcionalidad como si fuese banca privada, pero la política crediticia tendría que ser totalmente distinta a la que observamos en la banca tradicional. Por ejemplo, la política de crédito dirigida que existía en la década de los 70, 80 y que terminó en los 90, es un instrumento que facilita al sector público que se alcancen las metas de inversión estratégicas para la economía», dijo.
La política a la que hace referencia el economista es aquella que indicaba topes de cartera para cada rubro agrícola e incluso para rubros de exportación. «Ya habían tasas de interés bastante adecuadas a la capacidad de los productores agropecuarios, pero esta banca cerró por el ‘movimiento no pago’ y aquí los líderes políticos intervenían en las asignaciones crediticias de la banca estatal y ese tipo de conductas habría que clausurarlas», advirtió. En Nicaragua edificar una banca nacional tomará tiempo y se deberá crear su red regional, y capitalizar ese banco.
Nicaragua sin riesgo de convertibilidad
Avendaño anota que en el país no hay problemas en cuanto a la capacidad de convertir córdobas en dólares porque se fueron 1,300 millones de dólares en depósitos en 2018, y el BCN vendió los dólares a la banca comercial para devolver los depósitos, entonces siempre hay convertibilidad. Además una parte de estos fondos está retornando.
«Aquí las reservas internacionales se han cuidado en forma extrema, el problema inflacionario no existe (…), pero lo que se debe de revisar es el riesgo país porque veo que el riesgo país es bastante elevado por el componente político, pero menos afectado por los riesgos económicos y financieros, y esto se debe revisar porque al determinar esos riesgos se determina la tasa de interés de corto plazo para los prestatarios y los depositantes», sostuvo el economista.
