Nicaragua Investiga 17/06/2021
Analistas políticos consultados por este medio han señalado que Daniel Ortega está tomando venganza en contra de los empresarios nicaragüenses, luego de abrir una serie de investigaciones en la Fiscalía en contra de los organismos que dirigieron o fueron directivos. La arremetida es frontal al arrestar a banqueros, congelar cuentas bancarias, restricción migratoria y levantamiento de sigilo bancario y tributario.
La venganza se consuma luego que la empresa privada mantuvo por más de diez años un “Modelo de Diálogo y Consenso” con el gobierno de Ortega, pero este se rompió por los acontecimientos de abril de 2018. Las embestidas se dan en un año electoral y en el que el gran capital juega un papel importante para apoyar las campañas políticas de opositores; sin embargo, esto está en riesgo con las fuertes arremetidas financieras.
Durante una entrevista al medio Reuters, un empresario señaló que dinero había para apoyar candidaturas presidenciales independientes.
La reciente acción que realizó Ortega a través de la justicia que controla, fue que a los banqueros y empresarios reconocidos del país se les congelaron las cuentas bancarias de al menos 13 exdirectivos de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES).
El primer empresario arrestado fue José Adán Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), patronal más importante del país. Aguerri lideró el organismo empresarial por 13 años, y fue uno de los defendió férreamente el acuerdo entre el sector privado y el gobierno sandinista.
Este acuerdo permitió a Ortega dirigir el país con los empresarios nicaragüenses, dándole privilegio para negociar leyes con el gobierno sandinista, sin importar la democracia del país. Incluso, se llegó hasta proponer la instalación de una oficina dentro de la Asamblea Nacional y facilitar el proceso de gestión.
Los empresarios lograron consensuar con Ortega al menos 124 de 326 leyes antes de su aprobación, que consistió entre el periodo 2008 – 2018, año en que la rebelión de abril explotó y la empresa privada rompió el acuerdo y el caudillo sandinista arremetió públicamente contra ellos.
Ahora que el expresidente del Cosep, quien defendió este modelo, estará bajo las rejas por tres meses, sin importarle a Ortega su vínculo con los empresarios, y la venganza persigue a los banqueros, quienes se rehusaron de mantener cuentas abiertas a funcionarios sancionados por los Estados Unidos.
Luis Rivas Anduray, presidente ejecutivo de Banpro, es el primer banquero preso en el país, y la amenaza se extiende para dos más: Juan Carlos Sansón Caldera, gerente general del Banco de América Central (BAC), y Edwin Alejandro Mendieta Chamorro, secretario del Banco Avanz.
La amenaza es latente para ambos banqueros. Sansón Caldera se presentó a la Fiscalía, pero puede ser arrestado como sucedió con Rivas, quien fue apresado a pesar de comparecer en el Ministerio Público. Igualmente puede pasar con Mendieta Chamorro, él no pudo asistir por encontrarse fuera del país y presentó un escrito por medio de su esposa.
María Eugenia Mayorga, expresidenta de la Red De Empresarias de Nicaragua (REN), se refirió sobre el encarcelamiento a líderes empresariales y alegó que no está segura si es una amenaza directa contra el sector empresarial.
“No te sabría decir si es una amenaza, no ha habido una amenaza verbal como tal. Son acciones que está tomando el gobierno actualmente, no sé si es una venganza, no estoy segura. Tampoco quiero afirmarlo porque no sabemos hasta dónde va a llegar todo esto”, dijo.
La empresaria manifestó que hay irrespeto hacia los derechos humanos y es lo principal en este momento. “La incertidumbre sociopolítica en el país genera inestabilidad económica a todos y eso nos afecta a todos”, advirtió.
“¡Que quiebren las empresas!”
Las amenazas no vienen desde ahora. En el 2019, Ortega criticó a los empresarios porque pedían exoneraciones y no pagaban impuestos, ahora es un arma que ejecuta contra ellos. “¿Qué están quebrando algunas (empresas)?, ¡qué quiebren!”, prorrumpió el mandatario en ese entonces.
“Ya se les olvidó a los ricachones que disfrutaron del Alba”, les recriminó. “Ahí tenemos la documentación de las operaciones económicas, financieras, de las cuales ellos se beneficiaron”, sentenció el comandante en otro discurso.
Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, también amenazó en su momento a los empresarios y los llamó corruptos. “Nadie puede olvidar, quienes despidieron a más de 160, 000 trabajadores de sus empresas privadas; quienes aprovecharon para cerrar negocios, fracasados desde antes, por malas prácticas y corrupción visible e invisible”, escribió en un escrito.
El sector empresarial fue uno de los ausentes en las protestas de los sindicatos, la cual permanece controlado por el gobierno sandinista. Los empresarios en su momento, evitaron hablar de salarios mínimos y el aumento que efectuaban era una poquedad.
Además, los ejecutivos empresariales fueron los primeros en respaldar los cambios a la Constitución Política, reformada para que se instaurara la reelección continua en la presidencia.
Ahora, Daniel Ortega toma venganza contra ellos con mano de hierro en un año electoral, donde busca enroscarse más en el poder sin importarle el gran capital, a pesar que mueve la economía del país y genera empleos.
Tampoco le parece importar la incertidumbre que genere en la banca nacional por posibles arrestos a banqueros que mueve grandes sumas de dinero en varios países centroamericanos.
