Trinchera de la Noticia, 22/06/21
*Nuevas medidas restrictivas para el financiamiento serían un grave golpe.
*En 2020, la pandemia del Covid-19 hizo respirar al sector público con continuidad de desembolsos, pero ¿en el 2022?
*Senadores esperan señales para elecciones transparentes
Redacción Central
En la tarima internacional se está hablando más del tema Nicaragua esta semana, pero será la pincelada que den los legisladores del Comité de Relaciones Exteriores, del Senado de Estados Unidos, el que marque el pulso del bate sobre el futuro del país.
Los senadores de dicho Comité prevén aprobar hoy la iniciativa de Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las condiciones para reformas electorales (Renacer Act), iniciativa que contiene nuevas y posibles más severas restricciones para la administración del presidente Daniel Ortega.
“Cualquier medida restrictiva a una economía que está débil, que tiene un proceso de declive de tres años, con una pendiente de bajada, lo que tenemos es una situación que se puede agravar más la economía, con una imagen del país con poco aliento para los inversionistas”, expresó el economista Eduardo Solórzano.
Y “no hay freno” ante nuevas delimitaciones, si es que la Renacer pasa al plenario del Senado y es aprobada finalmente, “no hay manera de accionar, sino solo con un cambio democrático,” destacó.
El presidente del Comité de Relaciones Exteriores es Bob Menéndez, con Marco Rubio, dos legisladores que han impulsado esa propuesta “bipartidista”, que tiene suficiente impulso para avanzar a las manos del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para que la rubrique.
Hubo financiamiento, pero…
La pandemia del Covid-19 y programas previamente amarrados a proyectos de infraestructura de servicio social, mantuvieron el financiamiento y la cooperación para el gobierno de Ortega, pero de continuar gobernando “por sus pistolas”, el escenario se complicaría, con los picos de la Covid-19 llegando a puntos de control en el mundo.
“La cooperación oficial externa en 2020 alcanzó el monto de 1,235.5 millones de dólares, de los cuales 937.8 millones de dólares (75.9%) correspondieron a cooperación dirigida al sector público y 297.7 millones (24.1%) a cooperación dirigida al sector privado. La cooperación total aumentó en 254.3 millones de dólares (25.9%), con respecto al año 2019”, indicó recientemente el Banco Central de Nicaragua (BCN), en un informe especial al respecto.
El peligro es que el proyecto de Ley Renacer contiene componentes, según lo explicado por analistas, que apretarían aún más limitaciones de financiamiento para el gobierno.
Esto ocurriría, si Nicaragua es suspendida de la Organización de Estados Americanos (OEA), la nueva cooperación se vería limitada por nuevas condiciones que podrían disminuir la capacidad del Estado.
“Hay una disposición internacional de buscar una salida democrática que lleve a mejorar la situación económica del país”, entonces lo que pueda pasar en la OEA, como lo que finalmente resulte aprobado con la Renacer, podría cambiar los “condiciones puestas” por instituciones financieras multilaterales como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), “porque si la comunidad internacional presiona al BCIE, que ha ayudado con fines humanitarios, pues también va a tener que revisar sus políticas”.
Igual ocurriría con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y con el mismo Fondo Monetario Internacional (FMI).
Solórzano, dijo que todo depende de lo que finalmente sea aprobado ya sea en el Senado como en la asamblea de cancilleres de la OEA, No obstante, las preocupaciones son justificadas, porque la administración sandinista no da muestras de avanzar a un entendimiento.
Soportes del financiamiento
En el 2020, el gobierno recibió “desembolsos de préstamos externos por 829.2 millones de dólares, de los cuales 787.2 millones de dólares fueron otorgados por organismos multilaterales y 42.0 millones de dólares por fuentes bilaterales”, indicó el BCN.
El BCIE desembolsó 321.6 millones de dólares, el FMI US$186.8 millones, BID US$150.2 millones, BM US$67.4 millones), la OFID US$21.0 millones, el BEI US$34.3 millones) y el FIDA US$5.8 millones.
Como acreedores bilaterales, la India desembolsó 13.0 millones de dólares, seguido de Corea del Sur US$11.6 millones, el Fondo Kuwait US$8.2 millones, Italia (US$3.5 millones, España US$2.8 millones, Alemania US$2.5 millones y Japón US$0.4 millones.
Pero el mantenimiento de esa cooperación, pasa por una necesidad de respuesta a la falta de credibilidad, institucionalidad e independencia de los poderes del estado, comentó Solórzano.
“Por casi dos décadas antes del inicio de la recesión en 2018, el crecimiento económico en Nicaragua era de un promedio de 4.6% al año, teniendo como beneficio una sólida gestión macroeconómica y unas reformas destinadas a transformar el país en una economía de mercado. Los acontecimientos sociopolíticos, desde abril 2018, detuvieron la expansión económica y resultaron en una contracción económica de 4.0 y 3.9 % en 2018 y 2019 según el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)”, comentó el economista.
En el 2020, el sector público recibió 108.6 millones de dólares en concepto de donaciones, 8.9 millones de dólares más que en 2019.
De los 61.8 millones de dólares de donaciones “provenientes de fuentes multilaterales, 36.0 millones de dólares (58.3%) correspondieron a recursos de la Unión Europea; US$10.5 millones (17.1%) al Programa Mundial de Alimentos (PMA); US$5.1 millones (8.2%) del Banco Mundial, US$3.9 millones (6.3%) del BID, US$3.0 millones (4.9%) de la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), US$2.8 millones (4.6%) a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el resto de varios donantes”, indicó el BCN.
¿Qué garantiza que el financiamiento y las donaciones seguirán así? Los analistas indican que la respuesta la tiene el gobierno, si se anima a dar señales de elecciones libres, justas, competitivas.
