La Prensa 29/07/2021
La distorsión en los precios de los combustibles en Nicaragua podría cambiar si en el país funcionaran los órganos encargados de fiscalizar, promover la competencia y la protección de los derechos de los consumidores, lo que en la práctica no está sucediendo, explican diversos analistas.
En Nicaragua hay varias entidades que dentro de sus funciones podrían propiciar que el precio de los combustibles se ajuste conforme a la paridad internacional y no exista ese sobreprecio que ha puesto al país a la cabeza como el menos competitivo de la región.
Entre los órganos públicos están el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) que semanalmente solo se encarga de monitorear los precios de los combustibles y señala que estos no son regulados; también está Procompetencia que tiene como objetivo la promoción y garantía del libre ejercicio de la competencia, así como la estatal Petróleos de Nicaragua (Petronic).
Además, tomando en cuenta que el mercado de los combustibles carece de un regulador, el papel de protección de los consumidores y usuarios del servicio de combustible puede ser asumido por la Dirección General de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias (Diprodec), una instancia del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio.
Por ley, la Diprodec tiene entre sus funciones «cumplir y hacer cumplir la presente ley (Ley de Defensa y Protección de los Consumidores), su reglamento y las normativas correspondientes en todos los casos que no exista el Ente Regulador».
Pese al papel pasivo de todas estas entidades, cada año impuestos de los nicaragüenses son asignados para el funcionamiento de dichas entidades. Estas cuatro entidades tienen una asignación este año de 514.6 millones de córdobas, distribuidos de la siguiente forma: 317.11 millones de córdobas le asignaron al INE, 169.75 millones de córdobas a Petronic, 16.57 millones de córdobas a Procompetencia y 11.17 millones a Diprodec.
Los consultados por LA PRENSA indican que la situación empeora porque se ha normalizado un problema que debió resolverse hace mucho tiempo. “Aquí es un problema estructural que se ha normalizado y se ha vuelto parte de la rutina y eso va en detrimento de la población, de la familia, de los productores y del país, porque los bienes que se generan disminuyen sus características competitivas porque se encarecen a beneficio de un sector que se está enriqueciendo”, dijo Agustín Jarquín, excontralor de Nicaragua.
“Lo cierto es que el sistema de Nicaragua es cuasi monopólico y que necesita una regulación de dos tipos, uno; los precios de la importación que son variables, pero después internamente, porque no hay competencia, pero además debería tener una característica similar a la regulación del gas butano donde el INE establece un control de precio, pero con los combustibles se establece de manera arbitraria, no está claro, siempre se ha manejado de manera opaca, no es transparente y eso va en contra de la población, de los productores y del país”, sostuvo Jarquín.
Un reporte del Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central (CCHCA), que forma parte del Sistema de la Integración Centroamericana, revela que si a los precios de los combustibles se les excluye el componente de impuestos, Nicaragua no solo tiene los precios al consumidor más altos de la región, sino que también la brecha entre el precio de las gasolinas con respecto a lo que pagan los demás centroamericanos es muy marcada.
Un ejemplo de esa distorsión quedó en evidencia en los precios que estuvieron vigentes en la semana del 18 al 24 de julio, que muestra que mientras en Nicaragua por galón las petroleras cobraban —sin incluir impuesto— 3.53 dólares, en El Salvador —el segundo más caro— eran tres dólares, es decir, una brecha de 0.53 dólares.
La diferencia es más acentuada si se compara con Guatemala, donde cada galón las petroleras lo establecieron en 2.73 dólares (sin incluir impuesto), el más bajo de la región. Es decir, que en Nicaragua era 0.80 dólares más caro que en ese país y en El Salvador apenas lo separaba 0.27 dólares.
Esta misma situación se repite en la gasolina regular. Por ejemplo, la semana pasada cada galón de este carburante las petroleras lo establecieron en 3.36 dólares (sin impuesto), lejos de los 2.65 dólares (sin impuesto y el más barato de la región) en Guatemala y muy por encima de los 2.80 dólares en Costa Rica y Panamá, los segundos más altos después de Nicaragua.
Función del INE
En el país los precios de los combustibles no son regulados, sino que son fijados libremente. Aunque no hay una ley o reglamento que lo indique, las petroleras que fijan los precios de todos los combustibles tienen la política de que los precios cambien todos los domingos. El INE, a través de la Dirección General de Hidrocarburos se encarga de regular, supervisar y fiscalizar las actividades relacionadas con cada uno de los eslabones de la cadena de suministros de hidrocarburos, según se lee en el sitio web del ente regulador.
Pero Marvin Pomares, presidente del Instituto Nacional de Defensa al Consumidor (Indec), manifestó que la función del INE está limitada desde el 2000 y por eso desde hace ochos años metieron una iniciativa del ley a la Asamblea para que se creara una comisión para evitar esa distorsión en el precio de los combustibles.
“El INE, su actuación es solo fiscalizar que se cumpla con el servicio, no puede hacer nada más, está limitada su función, por eso yo insisto que debería de volverse a regular el sector, nosotros hace ocho años propusimos crear una comisión donde estuviera el INE, el Mific y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que se regulara el precio de los combustibles, pero esa iniciativa de ley quedó engavetada”, dijo Pomares.
“Vamos por 21 años y no hay ente regulador. ¿Qué sucede con esto? Las dos únicas gasolineras que tiene Nicaragua, Uno y Puma, se ponen de acuerdo y son los que definen cuánto va a aumentar y cuánto va a bajar y sí se va a mantener, o sea cuando aumenta no es acorde a la paridad internacional”, lamentó Pomares.
¿Qué pasa con Procompetencia?
Procompetencia es la encargada de “promover y tutelar la libre competencia entre los agentes económicos, para garantizar la eficiencia del mercado y el bienestar de los consumidores, mediante el fomento de la cultura de la competencia, la prevención, la prohibición y sanción de prácticas anticompetitivas”. Pero ¿por qué esta institución no ha hecho nada para controlar la distorsión en los precios de los combustibles?
“Procompetencia debe garantizar que haya más de dos gasolineras, para que los costos bajen, porque los costos disminuyen si hay competencia y es por eso que Nicaragua está con los combustibles más altos de Centroamérica y la situación es inaguantable. Y lamentablemente a Procompetencia no la vemos hacer nada, la gente hasta desconoce que existe esta institución, no saben dónde están ubicados”, dijo Pomares.
De hecho la Ley 601, aprobada el 28 de septiembre del 2006, que promueve la competencia en el artículo 18 establece que quedan prohibidos que se “establezcan acuerdos para fijar, elevar, concertar o manipular el precio u otras condiciones de venta o compra de bienes o servicios bajo cualquier forma; al que son ofrecidos o demandados en los mercados, o intercambiar información con el mismo objeto o efecto”. Algo que han venido denunciando los defensores de los consumidores, que las petroleras se ponen de acuerdo para establecer los precios.
Pero además el artículo 14 señala que el presidente de dicha institución debe «conocer de oficio o por denuncia aquellas situaciones en que pueda ser afectada la competencia en el mercado, ordenando las investigaciones e instrucción del expediente que corresponda en su caso», lo que en la práctica tampoco sucede.
Para Jarquín, Procompetencia se ha reservado, “porque de por sí no hay competencia, en este caso Procompetencia podría hacer de manera oficiosa un debate sobre este tema”.
Petronic debió incidir en el control de precio
Pero además la Empresa Nicaragüense de Petróleo (Petronic) como estatal debió incidir en el abaratamiento de los precios a través de su red de estaciones, sin embargo se observó que mientras estuvo operando DNP (su brazo distribuidor), esta empresa no incidió positivamente, al contrario propició esa distorsión en los precios.
“Petronic fue designado como uno de los entes que iba a incidir en el pliego y tarifa de los combustibles, pero el principal siempre ha sido el INE y para mí todas las funciones deberían quedar en manos de este ente, aunque la regulación tampoco es garantía que se va a romper con una cultura de monopolio, es una situación complicada, que no se solucionaría de inmediato, a menos que aumente la competencia”, sostuvo el economista Luis Murillo.
Durante casi una década allegados a la familia de Daniel Ortega y Rosario Murillo estuvieron involucrados en el negocio de los combustibles a través de Albanisa, donde Petronic figuraba como una importante importadora de combustible y su red de estaciones pasó a ser controlada de manera privada, lo que creó una fuerte distorsión, que aún persiste pese a las sanciones de Estados Unidos.
Corrupción empaña al sector
De hecho el economista Enrique Sáenz señala que desde hace diez años el mercado nicaragüense ha estado cautivo por la distorsión en los precios de los combustibles.
“Desde hace más de diez años le vengo siguiendo la pista a esas publicación del Comité de Hidrocarburos para América Central, y desde entonces se muestra que sin impuestos se quedan con una gran ganancia los que están en el negocio de los combustibles, esa es la raíz de los sobreprecios. Hay una gráfica de Cepal donde muestra que desde que Ortega tomó el poder empezaron a dispararse las utilidades en el negocios de los hidrocarburos, entonces cuando uno saca el promedio de los precios regionales y se compara con Nicaragua, te encontrás con que cada año, durante más de diez años se han embolsado en concepto de sobreprecio más de 100 millones de dólares al año”, dijo Sáenz.
“Cuando se denunció eso ponían distintos pretextos, decían que era más cara porque se compraba en el Golfo y en consecuencia tenía que pasar por Panamá porque no había forma de descargar en el Caribe, lo que era una patraña porque el combustible de El Salvador hace esa vuelta también», afirmó.
Y agregó: «Después inventaron que Nicaragua tenía una capacidad de almacenamiento más reducida que los otros países y la misma Cepal publicó un estudio comparativo del negocio de los hidrocarburos en Centroamérica y ahí salía que Nicaragua tenía una capacidad de almacenamiento mayor que el promedio centroamericano, porque se mide de acuerdo a la cantidad de meses que se puede almacenar combustible. El problema es que aquí los dueños del negocio están coludidos y se impuso por más de una década el sobreprecio, y el INE y Procompetencia no hacen nada porque son cómplices”, lamentó.
