La Prensa, 2 de agosto 20021
La principal razón en común por la que fueron sancionados es por ser «responsables de graves violaciones de los derechos humanos o de acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua»
Las nuevas sanciones impuestas por el Consejo de la Unión Europea (UE) contra ocho funcionarios orteguistas, que alcanza a miembros de la familia presidencial y funcionarios de la Asamblea Nacional, la Policía, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entran en vigencia a partir de este lunes 2 de agosto. La principal razón en común por la que fueron sancionados es por ser «responsables de graves violaciones de los derechos humanos o de acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua».
La vicepresidenta designada, Rosario Murillo, encabeza la lista de los funcionarios sancionados. Le sigue su hijo Juan Carlos Ortega Murillo; la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos; el asesor económico de Daniel Ortega, Bayardo Arce; la fiscal general de la República, Ana Julia Guido; el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; el comisionado general de la Policía y jefe departamental de León, Fidel Domínguez, y el jefe del Departamento de Vigilancia y Patrullaje de la Policía, Juan Valle Valle.
Con los ocho nuevos funcionarios sancionados, la UE, a raíz del recrudecimiento de la crisis sociopolítica y de derechos humanos, ha sancionado a 14 fichas del régimen orteguista. Así justifica la UE las sanciones de hoy:
Rosario María Murillo Zambrana
Es vicepresidenta de Nicaragua, primera dama y dirigente de la Juventud Sandinista. Según el presidente Daniel Ortega, Rosario Murillo comparte la mitad del poder con él, explica el documento de la UE.
«Ella jugó un papel decisivo en alentar y justificar la represión de las manifestaciones de la oposición por parte de la Policía Nacional en 2018. En junio de 2021, amenazó públicamente a la oposición nicaragüense y desacreditó a los periodistas independientes», subraya la UE.
Añade que, por lo tanto, Murillo «es responsable de graves violaciones de los derechos humanos, de la represión a la sociedad civil y a la oposición democrática, y de socavar la democracia en Nicaragua».
Juan Carlos Ortega Murillo
Es hijo del presidente Daniel Ortega y de la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo. También es director de uno de los principales canales de televisión de propaganda, Canal 8, y líder del Movimiento Sandinista 4 de Mayo.
«Desde su cargo, ha contribuido a restringir la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación. Ha amenazado públicamente a los empresarios nicaragüenses que se oponen al régimen de Ortega», resalta la UE.
Por lo tanto, a consideración de la UE, es «responsable de socavar la democracia y la represión de la sociedad civil en Nicaragua. Por ser hijo de la vicepresidenta Rosario Murillo, se le asocia con personas responsables de graves violaciones de los derechos humanos y de la represión de la sociedad civil en Nicaragua».
Alba Luz Ramos Vanegas
La sancionan en el cargo de presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua (CSJ). Para la UE, es responsable de la instrumentalización del Poder Judicial a favor de los intereses del régimen de Ortega, a través de la criminalización selectiva de las actividades de la oposición.
La UE la señala de perpetuar el patrón de violaciones del derecho al debido proceso, las detenciones arbitrarias y la inhabilitación de los partidos políticos y los candidatos de la oposición.
Es, por ello, que la UE insiste en que es «responsable de graves violaciones de los derechos humanos, de la represión de la sociedad civil y de la oposición democrática, y de socavar gravemente el Estado de Derecho en Nicaragua».
Bayardo Arce Castaño
Es asesor económico de Daniel Ortega y ejerce una importante influencia sobre las políticas del régimen. Por lo tanto, se le asocia con personas responsables de graves violaciones de los derechos humanos en Nicaragua.
La UE remarca que Arce «apoyó el desarrollo de la legislación que impide a los candidatos de la oposición participar en las elecciones. Por tanto, es responsable de la represión contra la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua».
Ana Julia Guido Ochoa
La sancionan como fiscal general de la República de Nicaragua, la más alta funcionaria de la Fiscalía. A Guido, la UE, la identifica como «leal al régimen de Ortega, es responsable de la persecución por motivos políticos de numerosos manifestantes y miembros de la oposición política».
Agrega que Guido «creó una unidad especializada que fabricaba acusaciones contra los manifestantes y presentaba cargos contra ellos. Además, es responsable de la inhabilitación para ejercer cargos públicos del principal candidato de la oposición a las elecciones generales».
En ese sentido, según la UE, «es responsable de graves violaciones de los derechos humanos, de la represión de la sociedad civil y de la oposición democrática, y de socavar la democracia y el Estado de derecho en Nicaragua».
Gustavo Eduardo Porras Cortés
Lo sancionan en calidad de presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, cargo que ejerce desde enero de 2017 y miembro de la dirección nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) desde 1996.
En su cargo de presidente de la Asamblea Nacional, dice la UE, es responsable de «promover la adopción de varios actos jurídicos represivos, entre ellos una ley de amnistía que impide cualquier investigación sobre los autores de violaciones masivas de derechos humanos en 2018, y leyes que socavan la libertad y el proceso democrático en Nicaragua».
Por tal razón, es responsable de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática, así como de socavar gravemente la democracia y el estado de derecho en Nicaragua.
Fidel de Jesús Domínguez Álvarez
Es sancionado en su cargo de jefe de la Policía de León, desde el 23 de agosto de 2018. A él lo señalan de ser «responsable de numerosas y graves violaciones de los derechos humanos, en particular de detenciones y encarcelamientos arbitrarios, incluido el secuestro de miembros de la familia de un opositor político, del uso excesivo de la fuerza y de violaciones de la libertad de expresión y de la libertad de los medios de comunicación».
Por ello, es responsable de graves violaciones de los derechos humanos y de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática.
Juan Antonio Valle Valle
Es sancionado como dirigente con rango de comisario mayor —segundo rango más alto— de la Policía Nacional de Nicaragua y por su cargo en la Policía de Managua. A Valle Valle, le acusan de ser «responsable de repetidos actos de brutalidad policial y de uso excesivo de la fuerza que han provocado la muerte de cientos de civiles, de detenciones y encarcelamientos arbitrarios, de violaciones de la libertad de expresión y de impedir manifestaciones contra el gobierno».
Por tanto, es responsable de graves violaciones de los derechos humanos y de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua.
Los primeros sancionados por la UE
El 4 de mayo de 2020, la UE sancionó al subdirector de la Policía, Ramón Avellán; la exministra de Salud y asesora presidencial, Sonia Castro; el director de la Policía, Francisco Díaz; el asesor presidencial, Néstor Moncada Lau; y los comisionados generales Luis Pérez Olivas y Justo Pastor Urbina. Los sancionados fueron acusados de cometer graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Los seis funcionarios ya habían sido sancionados previamente por Estados Unidos.
