La Prensa, 16 de agosto 2021

Especialistas en Relaciones Internacionales consultados por LA PRENSA aseguran que el posicionamiento del alto representante de Relaciones Exteriores de la UE evidencia el respaldo del bloque a uno de sus miembros y auguran posibles efectos

El hecho de que el alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se haya pronunciado y respaldado al Gobierno de España, presidido por el presidente Pedro Sánchez, ante las «acusaciones inaceptables e injustificadas» vertidas por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, provocará mayor tensión y podría desencadenar en un conflicto mayor, a lectura de especialistas en Relaciones Internacionales consultados por LA PRENSA.

Para los analistas, este espaldarazo de la UE a España en medio de la crisis sociopolítica de Nicaragua evidencia que existe alineamiento en cuanto a las posiciones ante el recrudecimiento de la violación de derechos humanos y el socavamiento de la democracia en el país centroamericano, a raíz del estallido social de abril 2018. Y añaden que ratifica que el ataque por parte del régimen no es solamente contra España sino que es también a la UE.

Ante posible llamado a consultas del embajador Pelayo 

El experto en Relaciones Internacionales y catedrático en la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Murillo, explica que el posicionamiento de Borrell era de esperarse debido a que en el caso de la UE existen primicias y principios de política exterior común para los 27 Estados que la conforman.

«Por supuesto que toda la estructura de mando de la UE va a respaldar a los Estados cuando tienen algún enfrentamiento o referéndum diplomático con terceros Estados», refiere Murillo en torno a la tensión diplomática que existe entre España y el régimen de Nicaragua. Añade que también significa que «la UE ya tomó conciencia de que no puede quedarse solo con declaraciones generales sino que debe dar más atención a la posición y actitud de Nicaragua».

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Por su parte, Alberto Cortés, analista político y catedrático en la UCR, precisa que las declaraciones del alto representante de la UE para Asuntos Exteriores demuestran, por un lado, a su criterio «el nivel creciente de aislamiento internacional para el régimen y que se va perfilando una visión generalizada en la mayoría de países de la comunidad internacional del carácter antidemocrático o autoritario de Ortega».

Ambos coinciden en remarcar que si Ortega-Murillo continúan con su táctica ofensiva y no cambian de rumbo, además de España, otros Estados de la UE podrían retirar o llamar a consultas a sus embajadores en Nicaragua. En el caso de Bruselas, al embajador en Managua, Pelayo Castro Zuzuárregui.

Otras implicaciones: sanciones y mayor aislamiento 

Entre otras implicaciones del pronunciamiento de Borrell, los especialistas indican que podrían ser imposición de más sanciones, suspensión de programas de cooperación, mayor aislamiento diplomático y por ende el no reconocimiento de los resultados electorales venideros.

«La consolidación de esta posición crítica hacia el régimen de Ortega y Murillo podría derivar en un no reconocimiento del resultado electoral del 7 de noviembre, generando un importante problema de legitimidad a nivel internacional para Nicaragua», apunta Cortés.

Mientras el especialista Murillo Zamora añade que otras implicaciones serían en relación con mayores sanciones, suspensión de programas de asistencia al desarrollo o cooperación internacional y aislamiento internacional.

«De seguir en ese rumbo, el régimen de Daniel Ortega encontrará mayor aislamiento como un mecanismo de mostrarse ante el pueblo de Nicaragua como ‘salvadores’ de la soberanía, que no tiene ningún sentido a inicios del siglo XXI. Puede resultar afectada Nicaragua si la UE decide suspender algunos programas, implementar mayores sanciones», señala Murillo.

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Considera que es una realidad muy compleja la que están viviendo tanto Daniel Ortega como Rosario Murillo y todo su círculo, no obstante, reconoce que a «Ortega-Murillo le da lo mismo que el resto del mundo haga lo que quiera porque en su realidad propia de realismo mágico que han creado en donde creen que el resto del mundo está equivocado y solo ellos tienen la verdad absoluta no les interesa lo que digan los demás».

El especialista Murillo no descarta que se pueda «desencadenar un conflicto mayor entre la UE y Nicaragua, si España presiona a Bruselas pueden incrementar las sanciones y poner una posición más fuerte de la UE en general».

Ambos especialistas señalan que el mensaje claro es que Ortega en primera instancia debe revertir las legislaciones que lesionan los derechos fundamentales, liberar a todos los presos políticos y permitir que las elecciones previstas para el próximo 7 de noviembre «se desarrollen en condiciones tales que permitan que el pueblo nicaragüense elija de manera democrática a su futuro gobierno».

España llama a consultas a su embajadora

El pasado 11 de agosto, el Gobierno de España, a través del nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, llamó a consultas a su embajadora en Managua, María del Mar Fernández Palacios, en respuesta al comunicado que publicó el régimen de Ortega ese martes, acusando a España de «intromisión, injerencia e intervención», en asuntos internos de Nicaragua.

Y tras la decisión del gobierno español, la administración de Ortega publicó un nuevo comunicado en el que «ratifica todo lo afirmado» en la comunicación anterior y califica de «rabiosas, ridículas, altisonantes y falaces voces» a las autoridades españolas.

«El Gobierno de España rechaza de manera tajante el contenido de la nota remitida el día de ayer por la cancillería nicaragüense y exige al Estado de Nicaragua que cumpla con los compromisos internacionales adquiridos en materia de derechos humanos y sus propios preceptos constitucionales, garantizando los derechos de todos sus ciudadanos y la libre participación política», respondió la cancillería española.

El cuarto país 

España es el cuarto país que en menos de dos meses llama a sus embajadores a consultas por el recrudecimiento de la represión gubernamental en Nicaragua así como la falta de garantías para que el proceso electoral venidero sea libre, transparente y justo.

Argentina y México, conjuntamente el pasado 21 de junio, llamaron a sus respectivos embajadores en Nicaragua a trasladarse a sus países para responder consultas sobre el actuar del régimen orteguista en contra de la oposición de Nicaragua. Los embajadores Mateo Daniel Capitanich (de Argentina) y Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez (de México) realizarán en sus países consultas sobre las «preocupantes acciones políticas-legales realizadas por el Gobierno nicaragüense en los últimos días que han puesto en riesgo la integridad y la libertad de diversas figuras de la oposición (incluidos precandidatos presidenciales), activistas y empresarios nicaragüenses».

Posterior, el 28 de julio, el Gobierno de Colombia llamó a consultas a su embajador en Nicaragua, Alfredo Rangel, en rechazo al arresto de opositores que se ha dado en los últimos meses en el país. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que el llamado del embajador Rangel responde a «la sistemática persecución contra la oposición política, el periodismo y el liderazgo social en Nicaragua».