La Prensa 26/04/2022
En la más reciente carta que movió el régimen de Daniel Ortega contra las ONG, operadores de la dictadura en la Asamblea Nacional aseguraron que varias de las organizaciones a las que se les canceló la personería jurídica continuarán operativas porque pasarán a ser reguladas por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), lo que parece una luz al final del túnel dentro del gigante cementerio de organizaciones civiles fulminadas que la dictadura ha construido en los últimos cuatro años.
Solo en los primeros meses de este año el orteguismo ha «decapitado» 77 organizaciones sin fines de lucro, de las cuales 25 fueron inmovilizadas la semana pasada, algunas de las cuales eran asociaciones vinculadas a productores de azúcar, así como empresarias nicaragüenses.
El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, sostuvo que, a partir de ese momento, las organizaciones que tienen actividad lucrativa rectoradas aún por el Ministerio de Gobernación (Migob) bajo el régimen de asociaciones sin fines de lucro, “se les cancelará la personalidad jurídica como ONG, pero continuarán su actividad mercantil, comercial” reguladas por el Mific.
Mencionó que estas organizaciones habían caído en el incumplimiento de las obligaciones establecidas por el Migob, puesto que responden a la lógica empresarial y no como una organización sin fines de lucro. Como ejemplo, se refirió a la Asociación Nicaragüense de Ingenieros y Arquitectos, la cual perdió su personería como una ONG, pero continuará su acción comercial “dedicándose a lo que corresponde con base a la Ley de organismos empresariales, la Ley del Mific”.
Asimismo, señaló que como este caso, hay algunas microfinancieras o financieras que están como organismos sin fines de lucro, pero tienen actividad lucrativa y están diseñados para competir en el mercado financiero, inscritos en la Superintendencia de Bancos o en la Comisión Nacional de Microfinancieras (Conami). Agregó que al cancelarles la personalidad jurídica se les quitará la obligación de cumplir ante Gobernación.
Cabe mencionar que el caso de la Asociación Nicaragüense de Ingenieros y Arquitectos se asemeja a muchas organizaciones de este tipo a las que también se les ha quitado la personería jurídica en los últimos meses, como es el caso de la Asociación de Ortodoncistas de Nicaragua (Aonic) o la Asociación Médica Nicaragüense, las que a la luz de lo ejemplicado por los operadores del régimen tendrían que recuperar sus permisos en el Mific.
Pero ¿fue correcto el procedimiento de eliminarles la personería jurídica a estas organizaciones? ¿el anuncio por los operadores orteguista fue una cortina de humo o una realidad?
¿El procedimiento que llevó a cabo el Gobierno es correcto?
Una fuente especialista en temas de prevención de lavado de activos y ONG, compartió a LA PRENSA que, de acuerdo a lo que establece la ley, luego que las autoridades encontraran irregularidades en una organización, el siguiente paso es cancelarles la personería. No obstante, considera como una “burla” el hecho de cambiarlas de regulador.
“Si ellos están argumentando que estas organizaciones incumplieron, aunque no es cierto que lo hicieron, la cancelación sería el siguiente paso que ellos ejecutarían. No digo que es lo correcto, sino que, si encuentran una irregularidad y logran demostrarla, entonces la cancelación es el siguiente paso a todas luces”, mencionó.
Sin embargo, explicó que este caso es diferente. “No encuentran esas irregularidades, ni los incumplimientos, y no demuestran las pruebas realmente, simplemente es el argumento del Ministerio”, sostuvo.
Detalló que la Ley 147, Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro era muy clara, y actualmente la Ley 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro (OSFL) establece que si no corresponde la operación de la organización con la naturaleza por la cual fue creada, “entonces lo que se debió haber hecho es quitar la personería, pero me parece ridículo que ahora le digan ´bueno, le cerramos esto, pero ustedes pueden abrir esto e inscribirse´, es decir, para tener un regulador que lleve una actividad lucrativa”
“Es como que los estén reencauzando y eso no debe ser una decisión de la administración, debe ser una decisión de los particulares”, enfatizó.
La especialista considera que la decisión de enviar a las organizaciones a ser reguladas por el Mific es “una burla completa”. “Estas organizaciones podrían aceptar por temor, pero a sabiendas de que va a cambiar completamente su régimen, no solo el regulador sino también las normas que las regulan”, afirmó.
“Desde mi punto de vista no deben aceptar porque entonces es una aceptación tácita de que definitivamente como organización estaban y se beneficiaron todos estos años de un régimen donde no debían estar y el ´buen Estado´, entre comillas, ahora las está ubicando donde deben de estar”, ejemplificó.
¿Por qué aplicaron los cambios jurídicos hasta este momento?
La especialista en la materia considera importante visibilizar el momento en que el Gobierno está llevando a cabo estos cambios. “Muchos años pasaron siendo organizaciones que se les daba la certificación y de pronto descubren que no funcionaban de la forma adecuada”, añadió.
“Una de las cosas que siempre llama la atención es el momento en que se está haciendo esto, además de la manera en qué se hace. Porque estas organizaciones no nacieron ayer, en general las organizaciones que están dentro de los listados y que están siendo canceladas llevan muchos años funcionando, lo que significa que tuvieron un origen y un procedimiento para que se les concediera la personería jurídica y tenían un regulador”, detalló.
A su criterio, el hecho de que estas organizaciones llevaran muchos años erradas, como aduce el Gobierno, cuestiona el rol del regulador natural que ellas tenían cuando eran organizaciones sin fines de lucro, que en este caso es el Ministerio de Gobernación.
“Al Migob no le pesaba regularlas, aceptar la documentación, darle paso a los trámites y después del 2018 hasta mandarles a cambiar documentación o pedirles más procedimientos, ponerles más trabas, algunas más que otras y seguía siendo su regulador”, recordó.
Siguiendo esta línea, aseguró que al Migob “no le importaba regular y en ningún momento dijo ´no, estas organizaciones por su naturaleza disienten mucho de los objetivos para los cuales fue creada”.
Además, agregó que la naturaleza de estas organizaciones era conocida por el Migob, que los regulaba, pero además fue conocida por la Asamblea Nacional que les dio su origen, “entonces, aunque el Migob es el que está de cerca regulando, la Asamblea, así como crea leyes, tiene la obligación también de dar seguimiento a la implementación de las leyes, igual funciona con las organizaciones, debe de darle seguimiento a las personas jurídicas que nacen de un acto que ellos realizan”.
“¿Qué es lo que está pasando ahora? O sea antes estaban ciegos, sordos y mudos, y en estos momentos están encontrando que las organizaciones no cumplen con los requisitos, que tienen objetivos muy diferentes a los cuales fue creadas, que hacen un mal manejo de los recursos y hasta participan de actividades delictivas, como el lavado de activos u otros”.
Sobre ese punto, expresó que ya que se mantuvo el mismo regulador y hasta ahora ve los incumplimientos, significa que ha cambiado “la intencionalidad que existe sobre como regulan estas organizaciones”.
En su momento, el diputado sandinista y segundo secretario de la Asamblea, Wilfredo Navarro, manifestó que los cambios anunciados obedecían a la modernización de las regulaciones jurídicas.
“Desde ese momento que la cámara empresarial se registra en el Mific deja de tener la dependencia con el Ministerio de Gobernación, y eso es lo que sucede con la organización de ingenieros: ellos sacaron su personería jurídica en Gobernación, pero con la nueva ley tuvieron que ajustarse a los mecanismos y procedimientos que establecía esta nueva ley, y quedaron sujetos al Mific”, agregó Navarro.
En ese sentido, recalcó que al cancelarles la dependencia con el Ministerio de Gobernación se le está evitando que la organización entre en la ilegalidad, porque ya no tienen responsabilidad con Gobernación, salvo si tienen ingresos que vengan del exterior, lo cual los obliga a registrarse como agentes extranjeros en Gobernación.
Específicamente, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros exige a todas las personas y organizaciones que reciben financiamiento del exterior registrarse ante el Migob como “agentes extranjeros” y rendir regularmente cuentas de sus actividades, lo que a criterio de especialistas consultados por este Diario es una forma de espionaje político.
Organizaciones que deberán inscribirse en el Mific
Tomando en cuenta la descripción de Porras, otra de las organizaciones que tiene el perfil para pasar a ser reguladas por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio sería la Red de Empresarias Nicaragüenses (REN), cuya personería le fue cancelada el pasado 20 de abril, luego de conseguirla el 22 de agosto del 2013.
Sobre la posibilidad de acatar las órdenes del Gobierno e inscribirse en el Mific, Blanca González, presidenta de REN, indicó a LA PRENSA que “por el momento la prioridad es cumplir con proceso de cierre conforme ley y disposiciones ante Gobernación. En un futuro se analizará».
También está la Asociación Civil de Productores de Caña de Azúcar (Aprocari), personalidad jurídica aprobada mediante Decreto publicado en La Gaceta del 11 de mayo de 1992.
Sobre Aprocari, una fuente ligada al gremio compartió a LA PRENSA que la Asociación ya se encontraba inscrita en el Mific desde antes del anuncio de la Asamblea y que los directivos enviaron una carta a la entidad para esclarecer los hechos.
“Ellos funcionaban como una asociación, no como ONG, pero estaban en el Mific, por eso enviaron una carta a la Asamblea explicando que ellos operaban como una Asociación, que no reciben donaciones ni nada, sino que son meramente productores de caña y que le entregan al ingenio de Rivas. Están inscritos y entiendo que ya habían entregados todos los documentos”, detalló.
Hasta este 20 de abril, el Legislativo ha aprobado siete decretos de cancelación de personerías jurídicas que totalizan 77 organizaciones suspendidas.
El año pasado el Gobierno canceló 61 ONG, muchas de estas vinculadas a opositores y críticos a la Administración de turno. Entre las organizaciones afectadas se encuentran ONG que defendían los derechos humanos, médicas, feministas, educativas, universidades, ambientalistas, indígenas, de periodistas, y centros de pensamiento, entre otras.
La especialista consultada indicó que todas las organizaciones son señaladas de incumplir las mismas obligaciones. “Todas están como metidas en el mismo paquete, porque ni siquiera se dan la molestia de poner causales diferentes, todas dicen lo mismo en los informes que emite el Migob”.
El argumento que normalmente utiliza el Ministerio de Gobernación es decir que las ONG afectadas han incumplido con sus obligaciones, entre ellas que no se registraron como “agentes extranjeros, siendo sujetos obligados porque recibían donaciones del exterior”. Tampoco reportaron sus estados financieros con sus desgloses detallados de los ingresos, egresos, balanza de comprobación y detalle de donaciones (origen, proveniencia y beneficiario final); ni sus juntas directivas.
Sin embargo, varios funcionarios de ONG canceladas han denunciado en reiteradas ocasiones que el Migob se negó varias veces a aceptar su documentación legal y financiera, lo que condujo a su cancelación oficial.
La especialista agregó que el Gobierno trata a las ONG de manera homogénea, y si estas organizaciones están cometiendo irregularidades, no tienen por qué tener comportamientos homogéneos, “o sea es como que se comportaran como un cártel, lo cual no es así”.
“Si ellos se percataron de que estas organizaciones tienen actividades lucrativas, la carga de la prueba le corresponde a la Administración pública, que tipo de actividades lucrativas son las que ellos estaban realizando y a partir de cuándo las estaban realizando, tienen que demostrar lo que está diciendo”, concluyó.
