La Prensa 22/10/2022
Nicaragua consiguió salir este viernes de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), cuyo supervisor, advirtió, no obstante, su preocupación por posibles aplicaciones erróneas de sus regulaciones a las organizaciones sin fines de lucro, informó el organismo en su sitio web.
Junto con Nicaragua también Pakistán consiguió salir de la lista. En el caso de Nicaragua, el Gafi destacó el progreso del país en la mejora de los elementos de su régimen ALD/CFT (programa antilavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y crimen organizado) cubiertos por su plan de acción”.
“Nicaragua ha abordado las deficiencias técnicas para cumplir con los compromisos de su plan de acción con respecto a las deficiencias estratégicas en las áreas que el Gafi identificó en febrero de 2020. Por lo tanto, Nicaragua ya no está sujeta al proceso de monitoreo incrementado del Gafi”, dijo la agrupación al término de una reunión en París, donde participaron más de 200 jurisdicciones de la Red Global.
Y pese a la decisión, el Gafi dijo estar “muy preocupado por la posible aplicación incorrecta de los estándares del Gafi que resulte en la supresión del sector sin fines de lucro de Nicaragua”.
“Nicaragua debe continuar trabajando con Gafilat para mejorar aún más su régimen ALD/CFT, incluso asegurando que su supervisión de las OSFL se base en el riesgo y esté en línea con los estándares del Gafi. Se alienta enfáticamente a Nicaragua a continuar cooperando con Gafilat en este tema”, dijo.
En septiembre de este año una delegación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) para conocer en el terreno los avances de Nicaragua en el cumplimiento de sus obligaciones en materia antilavado, luego que en el 2020 fuese retornada a la lista gris.
En febrero del 2020, Nicaragua fue incorporada a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que significó un duro retroceso para el país que, en conjunto con el apoyo del sector privado, había conseguido salir de esa lista en el 2015, luego de haber corregido una buena parte de las 125 deficiencias identificadas en la evaluación de 2008.
Los fuertes movimientos, por parte de allegados a la familia Ortega-Murillo, de capitales provenientes de la cooperación de Venezuela (casi 5,000 millones de dólares) al margen del Presupuesto General de la República y los bancos, aumentó los riesgos de prácticas ilícitas, como el lavado de dinero.
En ese contexto, Nicaragua fue devuelta a la indeseable lista, que además de dañar la imagen del país, también suele significar mayores costos y requisitos financieros para el Sistema Financiero nacional, así como menos inversiones, según explicó en su momento el sector privado.
La delegación del Gafilat vino al país en momentos en que el régimen de Daniel Ortega ha desatado una cacería desenfrenada contra las organizaciones sin fines de lucro nacionales e internacionales y aprovechando las regulaciones internacionales ha cerrado varias relacionadas con la promoción de los derechos humanos, la democracia, participación ciudadana y otras que eran administradas por opositores.
Eso ha ocasionado el cierre de más de 2,000 organizaciones sin fines de lucro, muchas de las cuales tenían programas de apoyo en las zonas rurales, donde hay menos oportunidades laborales, de acceso a la salud y la educación. La Asamblea Nacional ha sido la principal encargada de cerrar estas organizaciones al suprimirles sus personerías jurídicas.
Solo en los primeros ocho meses de este año, la dictadura ha cerrado 1,750 organizaciones, incluidas varias que estaban operativas y tenían al día sus obligaciones ante de Gobernación, pero estaban en manos de opositores. El régimen argumenta incumplimientos de regulaciones administrativas y de riesgo de lavado de dinero, sin dar la oportunidad a estas de subsanar incumplimientos.
En su momento, una especialista antilavado dijo que no creía que la delegación profundizara en su visita a Nicaragua sobre el cierre de las ONG.
Esta “va a colocar lo que el Gobierno le diga, no creo que hagan una evaluación independiente, que tenga que ver con escuchar, en este caso al sector de las organizaciones o indagar más allá, para saber si realmente las organizaciones están con alto riesgo de financiamiento al terrorismo, no se van a poner a hacer eso por su cuenta”, explicó.
