La Prensa 28/10/2022
Es jueves, en el marco del 185 período de sesiones de la CIDH, 18 organizaciones de la sociedad civil, en una audiencia denunciaron las graves violaciones a la libertad de asociación en Nicaragua.
En lo que va del año, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cancelado más de 2,500 organismos nacionales y de origen extranjeros. A la mayoría despojó ilegalmente de sus propiedades y bienes, lo que para la segunda vicepresidenta de la Comisión Interamericana (CIDH), Margarette Macualay, constituye un acto ilegal “porque está por fuera de cualquier instrumento o procedimiento internacional de derechos humanos. No se puede confiscar la propiedad de otra persona”.
Es jueves, en el marco del 185 período de sesiones de la CIDH, al menos 18 organizaciones de la sociedad civil, en una audiencia sobre la situación de la libertad de asociación, denunciaron las graves violaciones a la libertad de asociación en Nicaragua.
Pdta. del @cenidh @NunezEscorcia en audiencia sobre la situación de la libertad de asociación en 🇳🇮. En 2018 @cenidh fue una de las primeras org. de DDHH a las que el régimen le canceló la personería, usurpó sus bienes y mantiene una campaña de desprestigio contra sus integrantes pic.twitter.com/tFsR4DgPiM
— Cenidh (@cenidh) October 27, 2022
La activista Ana Quirós, quien dirigía el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas) —cuya personalidad jurídica fue eliminada en diciembre de 2018 y confiscada su oficina en marzo de 2021—, expresó que “la persecución sistemática y generalizada contra la sociedad civil se sustenta en un marco legal creado desde 2018 para reprimir la libertad de asociación”.
La comisionada señaló que en Nicaragua solo existe una imposición para justificar estos actos, “ustedes intentaron hacer un golpe de Estado, entonces confiscamos los bienes, y esta imposición vienen de las personas que se supone deberían proteger los derechos de los ciudadanos, y los ciudadanos tienen el derecho de creer que el Gobierno va a cuidar sus derechos, pero vemos que el Gobierno ha abusado de los ciudadanos, vemos que el Gobierno de hecho, es el principal actor que ha continuado abusando de los derechos de los ciudadanos, todos los derechos que tiene un Estado democrático”.
Por su parte, el médico Leonel Argüello, de la Sociedad Nicaragüense de Medicina General, en el exilio, lamentó la ausencia del Estado en la audiencia y alertó que “en Nicaragua se ha instalado un estado de persecución que participar en estos espacios puede significar severas represalias para nuestras familias”.
“Los ciudadanos en Nicaragua tienen el derecho a vivir en democracia y esperar que no se criminalice, tampoco se les torture, ni se les detenga, tampoco que se les confisquen sus propiedades, ni de las organizaciones”, añadió Macualay.
Régimen debe responder por crímenes de lesa humanidad
La segunda vicepresidenta de la CIDH recordó que los gobiernos tienen que defender los estándares de la democracia, “es parte de la democracia y de la estructura fundamental de la organización de los Estados Americanos, sin embargo, aquí tenemos el caso de Nicaragua, que es uno de los países en la región que de alguna manera está destruyendo gran parte de su población y está robando sus propiedades, sus activos, y está robando la vida de los nicaragüenses, los años que tienen para compartir con sus familias”, dijo.
Asimismo, aseveró que “las personas que se comportan como se comporta el Gobierno de Nicaragua no pueden salirse con la suya para siempre, y lo que estamos viendo son crímenes de lesa humanidad, y ellos (el régimen) deben responder por esos delitos… Vamos a seguir trabajando para hacer todo lo que sea posible, tenemos que seguir trabajando de manera conjunta”.
La relatora de país, comisionada Esmeralda Arosemena, calificó al régimen nicaragüense como “un régimen de terror” y dijo que “ningún Estado puede obviar este derecho humanitario de la protección de sus ciudadanos, ese respeto a los derechos humanos es independiente de estar o no en una organización”.
La activista y defensora de derechos humanos, Haydée Castillo, del Instituto de Liderazgo de Las Segovias, señaló que actualmente hay más de 200 personas condenadas y privadas de libertad por motivos políticos desde 2018, “muchas de ellas integrantes de organizaciones de la sociedad civil que permanecen en condiciones infrahumanas”.
Al respecto, Arosemena resaltó que “los presos políticos no pueden existir en los países democráticos. Nicaragua necesita abrir espacios reales de diálogos”, recomendó.
LLamado a la comunidad internacional
En su intervención, el comisionado de la CIDH, Carlos Bernal, llamó a la comunidad internacional a seguir “teniendo los ojos puestos en Nicaragua porque esta situación no puede perpetuarse más en el tiempo”.
A la vez instó a la sociedad civil a “seguir denunciando y a pedir a nosotros (CIDH) mediante medidas cautelares todas las protecciones que sean necesarias para garantizar su vida y que no existan represalias contra ustedes simplemente por exponer la verdad”.
El jefe de la Relatoría Especial para Libertad de Expresión (RELE), parte del sistema de la Organización de Estados Americanos (OEA), Pedro Vaca, manifestó que claramente en Nicaragua hay un marco legal que se ha “estrangulado para ser represivo”.
“Que hay un cierre administrativo con lo cual no hay posibilidad de revertir las deciciones arbitrarias, que los verbos usurpar, confiscar, arrebatar el patrimonio de las organizaciones es algo constante para muchos actores de la sociedad civil de Nicaragua”, comentó.
Además señaló que “hay un poder judicial el cual no balancea derechos sino que puede ser parte del despojo; que hay una violencia discursiva de altas autoridades, que hay una violencia policial en las calles, esto acompañado de un exilio que afecta a muchos sectores, incluyendo en el caso particular de la Relatoría, periodistas”.
