La Prensa 15/02/2024
La Asamblea Nacional de Nicaragua, bajo el control de la dictadura de Daniel Ortega, aprobó este jueves 15 de febrero la “Ley para la certificación de permisos y autorizaciones ambientales”, que otorga a la Procuraduría General de la República el control de todo lo relativo al “uso sostenible de los recursos naturales”.
La nueva ley aprobada con “trámite de urgencia” modifica la Ley General del Marena (Ley 217) y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (Ley 411).
Establece responsabilidades penales
La adición a la Ley 217 establece que “una vez obtenidos los permisos o autorizaciones correspondientes, el beneficiario, previo al inicio de los proyectos, obras, industrias o cualquier otra actividad, deberá tramitar obligatoriamente ante la Procuraduría General de la República, la Certificación Ambiental de los referidos permisos o autorizaciones, sin la cual no podrá iniciar los trabajos, so pena de las responsabilidades administrativas, civiles y penales”.
Y la adición a la Ley 411 establece que “la Procuraduría General otorgará certificación ambiental sobre los permisos o autorizaciones que en esta materia emite el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena)”, para el uso sostenible de los recursos naturales del país.
La Ley precisa que la “certificación ambiental es de obligatorio cumplimiento para que el beneficiario inicie sus obras, so pena de las responsabilidades administrativas, civiles y penales”.
Policía siempre de por medio
La nueva legislación advierte que la Procuraduría General podrá auxiliarse de la Policía para verificar o inspeccionar a quienes soliciten certificación.
“Para la Certificación Ambiental, la Procuraduría General de la República requerirá al Marena e instituciones públicas pertinentes, la información y colaboración que considere necesaria; así mismo, para realizar las verificaciones o inspecciones, podrá auxiliarse de las autoridades de la Policía Nacional”.
La Ley establece que la Procuraduría General tiene un plazo máximo de 60 días para responder a la solicitud de certificación, si no contesta se da por hecho que no fue aprobada la solicitud.
“La Procuraduría General deberá resolver sobre la solicitud en un plazo de 30 días prorrogables por una sola vez por el mismo plazo, transcurrido el plazo operará el silencio administrativo negativo”, expresa la ley.
Procuraduría tiene la última palabra
El ambientalista e investigador, Amaru Ruiz, valoró que esta ley de certificación ambiental le da la última palabra a la Procuraduría General de la República sobre otorgamiento de esos permisos, porque ya existían regulaciones, controles y avales ambientales a cargo del Marena y el “Sistema de Evaluación Ambiental de Permisos y Autorizaciones para el uso sostenible de los recursos naturales”.
“Esto es una solicitud de permiso adicional a las que ya estaban establecidas, eso puede significar un aumento de los costos para obtener los avales ambientales desde un punto recaudatorio de parte del Estado”, expresó Ruiz.
El ambientalista también manifestó que, como ya es habitual, el régimen orteguista con esto sigue centralizando y controlando las instituciones que se supone son descentralizadas, además de dar un rol de “juez y parte” a la Procuraduría General, para entregar permisos a solicitantes privados y representar los intereses del Estado.
“Eso puede ser contraproducente, sobre todo por la práctica que ha habido en el régimen de Ortega Murillo de beneficiar a empresas que están vinculadas a ellos y castigar a empresas que no están vinculadas a ellos. La balanza se inclina por favorecer a las empresas estatales y a las empresas de la familia Ortega Murillo”, dijo el ambientalista.
Ruiz aseveró que esta nueva legislación también servirá como un filtro para que el régimen se dé cuenta con mayor rapidez y rigurosidad quiénes están solicitando certificaciones ambientales.
Por último, el ambientalista dijo que nada de esto asegura la protección del medioambiente y los recursos naturales. “El régimen ha demostrado que no está interesado por los problemas ambientales reales que enfrenta el país”, agregó.
Procuraduría controla todos los registros públicos
El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, reconoció que esta nueva legislación tiene una función similar a la “Comisión de verificación de proveedores del Estado”, aprobada en diciembre de 2023, que también puso bajo el control de la Procuraduría General las concesiones a los proveedores del Estado. Porras además dijo que la emisión de certificación ambiental tiene relación con el registro de la propiedad.
“Es necesario poner una participación de una institución que maneja el registro mercantil, el Registro Público de la Propiedad y estamos hablando de la Procuraduría General de la República. Esta es una ley que actúa en un modelo similar a la que aprobamos relacionado con la verificación de los proveedores del Estado”, dijo Porras.
En noviembre pasado, la Asamblea Nacional también aprobó una ley que pasó el control del Registro Público de la Propiedad de la Corte Suprema de Justicia a la Procuraduría General de la República, lo que para los críticos significa que la dictadura tendrá más facilidad para confiscar bienes y propiedades de los opositores.
