La Prensa 30/06/2024
La empresa Yota Nicaragua SA, de origen ruso nicaragüense, establecida en el país desde 2009, actualmente se encuentra “tomada” por supuestos testaferros que responden a los intereses de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El exgerente general de la empresa Yota Nicaragua, Ashur Ushanov, a través de un correo comunicó dicha “intervención ilegal” a los colaboradores de esa compañía, resaltando que la situación que atraviesan como empresa es “grave y urgente”.
“Individuos sin autorización han falsificado documentos, llevado a cabo un juicio corrupto y ahora están intentando cambiar la representación legal de la empresa en todos los registros e instituciones. Aunque les están tratando de vender la versión bonita de un cambio de administración, esto es una intervención ilegítima”, apuntó Ushanov.
El empresario reveló que, pese a que fue “destituido ilegalmente del cargo de gerente general”, sigue siendo el accionista mayoritario, representando directamente el 75 por ciento de la empresa Yota Nicaragua, y que el otro 25 por ciento corresponde a su socio local Telnicsa que, apuntó, “está representado por testaferros del Gobierno”, que son quienes dirigen la toma ilegal de dicha compañía.
Explicó que desde 2017 han “enfrentado desafíos considerables que han impedido el pleno desarrollo y operación de nuestra empresa, debido principalmente a un bloqueo sistemático por parte del socio local Telnicsa”, lo cual destacó generó “una falta de consenso y aprobación de proyectos y planes de negocio”, que limitó “la capacidad para avanzar iniciativas clave y realizar inversiones cruciales”.
Ushanov señaló, tras explicar la situación que han sufrido en los últimos años, que “las acciones de esta intervención son movidas por actores dentro de nuestra propia estructura accionaria, introduciendo un nivel de complejidad y adversidad sin precedentes en nuestra situación actual. Básicamente la empresa está tomada por el Estado”.
Además, dijo estar “convencido de que un día, cuando Nicaragua tenga un sistema judicial legítimo, recuperaremos lo que legalmente nos pertenece”.
Bloquean a accionista mayoritario
Ushanov, conoció LA PRENSA de forma extraoficial, pese a ser el accionista mayoritario de Yota Nicaragua, perdió acceso a los recursos corporativos de la compañía y en ese contexto, confirmaron fuentes consultadas por LA PRENSA, se ha comunicado con bancos que operan en Nicaragua y en los que la empresa Yota Nicaragua tiene sus cuentas, advirtiendo de la situación que atraviesa dicha compañía y solicitando recuperar accesos que actualmente tiene bloqueados.
También se recibió información sobre que este accionista mayoritario se encuentra en territorio estadounidense, realizando gestiones, junto con un equipo de abogados internacionales, ante algunas instituciones de ese país, especialmente ante la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, relacionadas con esta toma ilegal de la compañía Yota Nicaragua.
El oscuro pasado del nuevo gerente general de Yota Nicaragua
El 25 de junio pasado, quienes ahora controlan la empresa Yota Nicaragua, a través de un comunicado firmado por Evess Yasmin Ruiz García, gerente jurídico, regulatorio, relaciones interinstitucionales y recursos humanos de Yota Nicaragua, anunciaron justamente la “incorporación del ingeniero Alan Enrique Abarca Mendoza como el nuevo gerente general de Yota Nicaragua a partir de la fecha”.
“El ingeniero Alan Enrique Abarca Mendoza trae consigo una vasta experiencia en gestión financiera, planificación estratégica y liderazgo en el sector financiero. Su destacada trayectoria profesional incluye cargos de responsabilidad en reconocidas empresas, donde ha demostrado un sólido compromiso con excelencia e innovación y crecimiento sostenible”, indica parte de la misiva compartida.
Sin embargo, no mencionan que justamente Abarca Mendoza es uno de los siete exfuncionarios acusados, en mayo de 2002, por la Junta Liquidadora del extinto Banco Intercontinental (Interbank) por los delitos de “estafa y asociación e instigación para delinquir”.
La acusación introducida en el Juzgado Sexto Distrito del Crimen en Managua contra estos 7 exfuncionarios —entre estos Abarca Mendoza, que fungía como asistente de gerencia de crédito del Interbank, y otras 27 personas, entre esos 18 productores “fantasmas”—, señala que estos formaron un “grupo o banda” que operaba reinscribiendo títulos de dominio de propiedades, presentando documentos falsificados y una vez que lograban la reinscripción solicitaban créditos al Banco Intercontinental, los cuales se obtenían “fraudulentamente en colusión con funcionarios del mismo banco”.