La Prensa 02/07/2024
Carlos Quesada, director ejecutivo del Instituto Raza & Igualdad, organismo que recientemente presentó el informe “El apoyo financiero internacional a Nicaragua y la crisis democrática y de derechos humanos”, dijo a LA PRENSA que ellos continuarán monitoreando a las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) por el dinero que entregan a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Nosotros estamos monitoreando derechos humanos en Nicaragua, sabemos que ustedes continúan dándole dinero a este a este régimen dictatorial, entonces ojo”, manifestó Quesada y dijo que era un llamado de atención para las IFI para que analicen el informe y que haya un mayor control y fiscalización del apoyo financiero a Nicaragua.
“Es muy importante, digamos para nosotros el informe lo que refleja es la falta de monitoreo que existe en instancias financieras internacionales a la hora de dar préstamos a gobiernos que tienen una dictadura como el caso de Nicaragua”, explicó Quesada.
El director también explicó que no es que quieren que cese la cooperación a Nicaragua, para que el pueblo no sea afectado, “el problema lo que el Estado dice en lo que se va a gastar el dinero y otra cosa es en lo que realmente se gasta y quiénes son los que lo gastan”.
Por lo que Quesada ve que hay un problema de monitoreo de cómo se están gastand los recursos, “es un poco por el cuestionamiento a las instituciones financieras internacionales: ‘no queremos que no presten’, lo que queremos es que ustedes monitoreen cláusulas de derechos humanos a la hora de dar préstamos y además que puedan fiscalizar cómo están utilizando estos recursos”.
Recursos financieros que no perpetúen al régimen
El informe analiza los desembolsos de cuatro instituciones: el Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Marcelo Azambuja, quien elaboró el reporte, manifestó que este es importante porque desde que Nicaragua decidió retirarse de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de otros espacios diplomáticos, “entonces esta situación obliga a la sociedad civil a buscar maneras innovadoras de ejercer presión sobre el gobierno de Nicaragua” y “en este informe lo que tratamos de hacer es una investigación exploratoria sobre la relación entre cuatro instituciones financieras internacionales y Nicaragua”.
“Lo que queremos es que estos recursos financieros que aportan no sirvan para perpetuar al régimen y para nuevas violaciones de derechos humanos”, agregó el abogado.
El documento arroja que en febrero de 2024, el BM, FMI, BID y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) apoyaban 97 proyectos en etapa de ejecución en territorio nicaragüense, con la aprobación de 5,082.43 millones de dólares.
De esos 97 proyectos, 57 fueron aprobados después del inicio de la crisis sociopolítica en 2018 y de los más de 300 asesinados, según comprobaron organismos internacionales, entre estos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Espacio cívico cerrado
Azambuja considera que este es un monto “bastante significativo”, sobre todo en un contexto donde se han comprobado violaciones a derechos humanos. “Entonces no es posible que estas instituciones continúen tratando a Nicaragua a como se trataría cualquier otro estado bajo democracia, donde es posible que la ciudadanía ejerza una auditoría, lo que ya no es posible en Nicaragua porque el espacio cívico está completamente cerrado”, expresó.
“Nadie se atreve a solicitar información pública o a denunciar violaciones en el ámbito de proyectos de desarrollo, eso es lo que queremos traer a la atención pública y específicamente a las instituciones financieras internacionales”, añadió.
Entre las recomendaciones dadas en el reporte, está que se facilite el acceso a la información, y que no se criminalice a las personas que quieran acceder a esta información. También que se fortalezcan los órganos responsables, tanto del Estado como de las IFI para monitorear la ejecución de los proyectos de desarrollo en territorio nicaragüense.
