La Prensa 24/07/2024
La práctica de las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) de no incluir entre sus requisitos para los créditos el respeto a los derechos humanos le ha permitido al régimen Ortega Murillo ignorar todas las recomendaciones que en seis años de crisis le han hecho la Organización de Estados Americanos (OEA) y Naciones Unidas (ONU), e incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
El régimen ignora lo que estos y otros organismos defensores de derechos le aconsejan, porque mientras estas instancias le pedían dejar de reprimir a los opositores, las IFI le entregaron 2,784 millones de dólares en créditos para ejecutar 57 proyectos.
Las IFI que entregaron los recursos directamente o a través de sus agencias son: Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM) y Fondo Monetario Internacional (FMI).
Para tratar de cambiar esta realidad que además no es exclusiva de Nicaragua, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), emprendió una campaña para que las IFI incluyan entre sus requisitos el cumplimiento de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. También, para que la comunidad internacional vele por el fortalecimiento de las instituciones encargadas de analizar el riesgo de los proyectos de desarrollo, de acuerdo con las obligaciones sobre los crímenes de lesa humanidad y derechos humanos.
No han dejado de entregar créditos
“El régimen nicaragüense no le hace caso a lo que diga la OEA ni la ONU en materia de derechos humanos porque no les están tocando el tema económico. Una vez que se le toque el tema económico van a tener que poner más atención a la forma en la que hacen política. Esa es la idea con este informe, presionar al gobierno nicaragüense para que respete los derechos humanos, y que cuando no lo cumpla, algunos préstamos se puedan suspender totalmente o en parte”, dice Carlos Quesada, director ejecutivo de Raza e Igualdad.
Por su parte Marcelo Azambuja, autor del estudio El apoyo financiero internacional a Nicaragua y la crisis democrática y de derechos humanos, explica que a pesar de que la crisis de derechos humanos de Nicaragua está ampliamente documentada, las Instituciones Financieras Internacionales siguen apoyando al régimen Ortega Murillo.
“A febrero de 2024 en Nicaragua se estaban ejecutando 97 proyectos y las IFI destinaron 5,082 millones de dólares estadounidenses para ellos. De los 97 proyectos, 57, es decir más de la mitad, los aprobaron después del inicio de la crisis de 2018 por un monto de 2,784 millones de dólares”, dice Azambuja.
Nicaragua es un caso diferente
El informe lo elaboraron únicamente con la información que las IFI publican en sus páginas web y explican, por ejemplo, que el BID no ha explicado por qué ha renovado la estrategia país con Nicaragua, que se venció hace varios años.
A partir de la información recopilada, el estudio determinó que las IFI se desvinculan del tema de los derechos humanos. Actúan bajo la premisa de que ellas no tienen nada que ver con los derechos humanos, que su función es otorgar préstamos, cada institución tiene una serie de requisitos y si el país cumple con los requisitos le entregan el préstamo.
Quesada y Azambuja reconocen que por sus reglas internas las IFI no pueden involucrarse en política ni tomar decisiones influenciadas por simpatías políticas, sino guiarse estrictamente por parámetros económicos. Sin embargo, consideran que el respeto a la democracia y a los derechos humanos son económicamente relevantes y deben considerarse cuando se toman decisiones relacionadas con Nicaragua.
Especialmente porque el cierre del espacio cívico impide el acceso y la divulgación de información pública sobre los proyectos de desarrollo; la concentración de poderes en el Ejecutivo y la falta de autonomía del poder judicial impiden que la ciudadanía cuestione administrativa o judicialmente la malversación de los recursos públicos y mucho menos que pueda presentar acciones para la reparación por daños sufridos.
“Finalmente, la persecución de organizaciones de la sociedad civil y de personas opositoras o percibidas como tal, amedrenta y desestimula que la ciudadanía presente denuncias, incluso ante la administración local y los mecanismos independientes de responsabilidad de las IFI”, dice el estudio.
No piden suspensión total de los créditos
No obstante, Azambuja aclara que la intención no es que se cancelen todos los proyectos y se suspendan todos los créditos externos, ya que eso “castigaría al pueblo nicaragüense que ya sufre los abusos de los Ortega Murillo”.
Pero sí considera que las IFI deben reforzar sus políticas de debida diligencia para garantizar que los créditos que entregan “no se utilicen para garantizar la perpetuidad del régimen Ortega Murillo y para cometer violaciones a los derechos humanos”, sino tener siempre presente que no pueden tratar a Nicaragua como tratan a los países que viven en democracia.
Según Quesada y Azambuja después de la presentación del informe durante la 54 Asamblea General de la OEA realizada recientemente en Asunción, Paraguay, han surgido algunas conversaciones a lo interno de las IFI en torno a los mecanismos para aprobar y entregar los créditos; y esperan que el tema sea considerado y genere los cambios necesarios, como los que ya anunció la nueva presidenta del BCIE, Gisela Sánchez.
Además, reconocen que la importancia de incluir el cumplimiento de compromisos internacionales con los derechos humanos tomó fuerza con la crisis de Nicaragua, pero creen que por su importancia debería aplicarse a todos los países, ya que no solo en Nicaragua se comete este tipo de abusos. Por ejemplo, Quesada recuerda la denuncia de una comunidad garífuna de Honduras que denunció las afectaciones que le estaba provocando la ejecución de un proyecto financiado por el Banco Mundial.
Recomendaciones a las IFI y a los Estados
El informe recomienda a las IFI que garanticen el acceso público a la información sobre el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, de los proyectos que están financiando en Nicaragua y que ante las constatadas violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua, realicen una inmediata y urgente suspensión condicionada o los cancelen.
También, que de acuerdo con sus obligaciones sobre derechos humanos y prohibición de crímenes de lesa humanidad garanticen un previo y riguroso análisis del impacto social y ambiental, de los proyectos que están financiando y que esta incluya la consulta previa libre e informada.
A la comunidad internacional le aconsejan solicitar información sobre el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, de los proyectos que estén en etapa de ejecución en Nicaragua con créditos externos, y que esta sea accesible para el público que la requiera.
Además, que aboguen por el fortalecimiento de los órganos estatales e instituciones financieras encargadas de analizar los riesgos de los proyectos de desarrollo que se ejecutan con financiamiento externo, de acuerdo con las obligaciones internacionales sobre crímenes de lesa humanidad y derechos humanos.
