La Prensa 19/08/2024
Fuentes relacionadas con algunas asociaciones civiles que están en la lista de las 1,500 organizaciones sin fines de lucro (OSFL/ONG) canceladas este lunes, reportaron a LA PRENSA que los directivos y colaboradores de estas ONG afectadas entraron en pánico y zozobra, tras confirmar en el diario oficial La Gaceta que su personalidad jurídica fue cancelada.
Estas asociaciones, que no quieren ser identificadas para no ser blanco de más represalias del régimen Ortega Murillo, niegan haber incumplido con la ley, como lo indica el Acuerdo Ministerial 38-2024-OSFL del Ministerio del Interior, publicado este 19 de agosto en La Gaceta.
Según una fuente, una de las ONG afectadas tiene bajo su dirección áreas financieras, iglesias y escuelas, que implican al menos 500 personas, entre colaboradores, estudiantes y maestros, que serán afectados si se ven obligados a cerrar su labor social.
No recibieron un aviso previo
Las organizaciones que están en una situación de alarma son entidades estables, bien constituidas, con sus reportes financieros en orden y con el personal directivo actualizado, aseguró la fuente. Ninguna de estas recibió un aviso o notificación previa a la cancelación concretada este lunes.
Con la esperanza de revertir la cancelación, los directivos de algunas de estas ONG acudieron a las oficinas centrales del Ministerio del Interior, en Managua, para tratar de apelar a esa decisión, sin embargo, solo los han hecho esperar.
Los miembros de ONG “no tienen claro qué van a hacer, están reunidos tratando de ver qué pueden salvar de valor, que pueden recuperar. Hasta esta hora (pasado el mediodía) no han recibido visitas oficiales”, manifestó la fuente.
Desde 2018, cuando comenzaron las cancelaciones de personalidad jurídica de ONG, ninguna ha sido restituida. Lo mejor que han podido hacer algunas organizaciones, anticipándose a la arremetida del régimen, es solicitar su disolución voluntaria, para poder liquidar a su personal y cumplir con las obligaciones frente a sus colaboradores.
Gran temor por la confiscación de los bienes
Otro de los grandes temores de los miembros de estas ONG es la confiscación de sus bienes, como lo estipula el acuerdo ministerial, que manifiesta que en lo referido al destino de los bienes muebles e inmuebles “corresponderá a la Procuraduría General de la República realizar el traspaso de estos a nombre del Estado de Nicaragua”, lo que ya es una práctica habitual del régimen Ortega Murillo.
En marzo de 2023, un informe de la Fundación del Río, que lleva un registro de las ONG canceladas, reveló que el cierre masivo de las asociaciones civiles en Nicaragua había dejado a 23,483 personas en el desempleo y pérdidas de US$255 millones, así como 3.4 millones de beneficiarios desatendidos.
Este lunes, el número de ONG canceladas ascendió a más de 5,000 de un total de 7,227 que existían antes de 2018, según el registro del entonces Ministerio de Gobernación, ahora Ministerio del Interior.
Régimen Ortega Murillo hace cambios drásticos
La cancelación de estas 1,500 organizaciones en un solo paquete —el mayor número cancelado desde 2018 en un solo día—– ocurre cuatro días después de que el régimen Ortega Murillo anunció una nueva forma de trabajar con las ONG y les ordenó hacer “alianzas” con instituciones estatales, lo que para los críticos significa otro paso más para el control total del trabajo de las organizaciones civiles en Nicaragua. También se da en el contexto de la restructuración de las instituciones del Estado, que está significando numerosos despidos en las instituciones públicas.
Desde 2018 el régimen ha ido exterminando a las ONG que se encargaban de labores sociales en el país y que tenían proyectos en lugares remotos donde incluso ni el Estado llega. La guillotina dictatorial ha acabado con organismos dedicados a temas de educación, salud, género, promoción de la no violencia, etc. y se ha ensañado con asociaciones religiosas —especialmente católicas— que hacían labores sociales en municipios en el país.
