La Prensa 24/10/2024
Mientras entre los trabajadores estatales persiste la incertidumbre y el temor de perder sus plazas por la compactación pública y a la vez crece el descontento por los despidos, el régimen Ortega Murillo anunció un ajuste salarial del 4 por ciento, es decir, 40 córdobas por cada mil que aplicarán a partir del próximo mes a los 169,982 trabajadores que incluye la planilla estatal.
Además, al salario mínimo del Gobierno central —que en marzo, con el ajuste anual por la Ley del Salario Mínimo quedó en 7,134.52 córdobas—, le aplicarán el 4 por ciento y un 12 por ciento adicional que elevará ese sueldo a 8,334.52 córdobas.
Con este doble ajuste los 59,565 trabajadores del Gobierno central que ganan salario mínimo completan cuatro incrementos durante el 2024. En febrero les aplicaron uno del 5 por ciento exclusivo para el sector público, en marzo el 10.1 por ciento aprobado en la Mesa de Salario Mínimo y ahora estos dos ajustes que nuevamente son exclusivos para el sector público.
Pese a que solo este año los casi 60 mil trabajadores del Gobierno Central que se rigen por la Ley del Salario Mínimo recibieron cuatro incrementos, su sueldo apenas llegará a 227 dólares mensuales al cambio oficial actual, y solo les permite cubrir el 40 por ciento del costo de la canasta básica, que según reportes del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide) en agosto se ubicó en 20,559 córdobas.
En 2023 no hubo ajuste para todos los trabajadores
“Esto ha sido autorizado desde hace varias semanas, se viene siendo trabajado por instrucción de nuestro comandante Daniel, autorizado por el ajuste salarial del 4 por ciento a toda la nómina fiscal, son 169,982 servidores públicos los que reciben ese ajuste”, dijo el 23 de octubre la vicegobernante y vocera oficial, Rosario Murillo, durante su habitual comunicación telefónica con los medios oficialistas.
El año pasado también ajustaron los sueldos a partir de noviembre, pero no de forma generalizada sino escalonada y únicamente para los que ganaban menos de 40 mil córdobas mensuales. Los sueldos menores de 10 mil córdobas recibieron ajuste del 7 por ciento, los de entre 10 mil y 20 mil del 5 por ciento, los salarios de 20 mil a 30 mil, 4 por ciento y los de entre 30 mil y 40 mil, un 3 por ciento. Luego, en enero de 2024 aplicaron un ajuste generalizado del 5 por ciento a todo el sector público.
Según Murillo, la aplicación del ajuste del 4 por ciento a toda la planilla estatal implicará en noviembre y diciembre un costo de 303.31 millones de córdobas y durante el próximo año 1,400 millones de córdobas en salarios, que ya incluyeron en el Presupuesto General de la República del 2025 que está en trámite de aprobación en la Asamblea Nacional.
US$78 millones para calmar el descontento
En el caso los 59,565 trabajadores del sector público que trabajan en el Gobierno Central y devengan salario mínimo, desde marzo, tras el ajuste de 10.1 por ciento aprobado por la Comisión de Salario Mínimo, reciben 7,134.52 córdobas mensuales, que con el ajuste generalizado del 4 por ciento sube a 7,419 córdobas. Pero ellos recibirán un incremento adicional del 12 por ciento que elevará el salario a 8,334.52 córdobas mensuales (227 dólares al cambio oficial actual).
El incremento a los casi 60 mil trabajadores con salario mínimo implicará en noviembre y diciembre un desembolso adicional de 210 millones de córdobas y durante el próximo año 965 millones de córdobas.
Esto implica que en total el régimen invertirá 2,878 millones de córdobas adicionales (unos 78 millones de dólares al cambio oficial actual) en salarios con los ajustes anunciados por Murillo para este año. Sin embargo, no mencionó si como el año pasado, en enero del 2025 habrá un nuevo ajuste a los salarios del sector estatal.
Para “sobarles la espalda” por el robo de la liquidación
Le medida, a criterio de algunos especialistas, tiene como objetivo frenar el descontento generado entre los trabajadores estatales por los despidos, que entre agosto y septiembre mandaron a la calle a unos 2,500 funcionarios de varias entidades estatales y municipales. También para “sobarles la espalda” después que les “robaron” su derecho a la liquidación.
Pues como la Ley 1173, Ley para el Cálculo de la Indemnización por Antigüedad en caso de Renuncia de los Trabajadores del Estado, que aprobaron en noviembre del año pasado, para reducir el monto de las liquidaciones no menciona a los despedidos, muchos estaban seguros que el derecho seguía vigente, pero con los despidos que ha provocado la compactación estatal desde agosto pasado, se convencieron de que los corridos perdieron ese derecho, ya que, pese a las múltiples gestiones, a la fecha ninguno de los despedidos recibe su liquidación y ningún otro beneficio contemplado en los convenios colectivos de las instituciones, por lo que hay mucha inconformidad.
“Ni siquiera una explicación les dan, nadie se atreve a decir abiertamente que el derecho a la liquidación se perdió y que pierdan las esperanzas de recibirla”, dijo un empleado del sector público.
