La Prensa 11/04/2025
Después de 14 años desde el censo anterior y sin dar ningún detalle técnico ni de financiamiento, arrancó el V Censo Nacional Agropecuario (V Cenagro, 2025), que realizan el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide) y el Ministerio Agropecuario (Mag). Esta herramienta que otros tiempos fue fundamental para definir las políticas agropecuarias, ahora no despierta interés, sino temor. Según dirigentes del sector, ante la ausencia de organizaciones gremiales que trasladen las necesidades de los sectores productivos a las autoridades, puede resultar inservible para definir políticas efectivas.
Además, en medio de la escalada represiva que enfrenta el país desde el estallido social de 2018, la visita de personas vinculadas al régimen Ortega Murillo en las fincas generará suspicacias y temor, por lo que puede evitar que las personas brinden información real, ya que estas indagaciones avivan el fantasma de la confiscación que deambula por todos los rincones del país.
El censo anterior, el IV Cenagro, se realizó en 2011, es decir hace 14 años y también bajo la administración Ortega Murillo; en aquella ocasión tampoco se conocieron los detalles y los resultados se publicaron en 2012.
El III y IV Censo Agropecuario
Igual que ocurrió en abril del año pasado cuando, con ocho años de retraso, empezó en IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2024, en el que más de ocho mil encuestadores recogieron casa a casa, en todo el país, información relacionada con la cantidad de habitantes por vivienda, sexo, estrato, forma de vida y de las viviendas y establecimientos comerciales, la información pública del V Cenagro es casi inexistente.
El Decreto Presidencial 66-2010, que publicó el diario oficial La Gaceta en su edición del 5 de octubre de 201, ordenó que se crearan comisiones departamentales y municipales, integradas por el Ministerio de Gobernación (ahora Ministerio del Interior) y delegados de otros ministerios; además, invitaron a los alcaldes y representantes del poder ciudadano, organizaciones comunitarias, organizaciones religiosas y del sector privado para que fueron parte de estas comisiones.
El decreto también describe el Cenagro como un «instrumento apropiado para actualizar la información estructural básica, confiable y significativa sobre la realidad agropecuaria a nivel nacional, departamental y municipal», que «permite fortalecer la capacidad técnica para formular planes, programas e instrumentos de desarrollo, estudios y análisis de políticas que tiendan al mejoramiento del nivel de la economía nacional y al bienestar de la población».
Lo que indagará el censo
Además, el documento oficial critica lo obsoleto de la información disponible, ya que el anterior, el III Cenagro, lo hicieron en 2001, es decir diez años antes que el IV. El III Cenagro tuvo un costo de 8.5 millones de dólares, que aportaron en partes iguales la Unión Europea y fondos propios del país.
Ahora, aunque pasaron 14 años desde el censo anterior, no hay críticas sobre lo obsoleto de la información del sector agropecuario que es el pilar que sostiene gran parte de las exportaciones nicaragüenses. Tampoco anunciaron cuánto costará ni quién lo financiará.
Hasta ahora sólo se sabe que en marzo capacitaron a más de 5,500 candidatos que se desempeñarán como empadronadores y supervisores. En el III Cenagro que se realizó en 2011, es decir hace 24 años la información de campo la levantaron 3,800 encuestadores y supervisores, y en el IV censo que se realizó en 2011 participaron cerca de 5,500 encuestadores y supervisores, cantidad similar a la que se tiene previsto contratar este año.
¿Qué preguntarán los encuestadores?
«A los participantes se les instruye en los
diferentes conceptos de la boleta censal, que define las características de las
fincas, aprovechamiento y tenencia de las tierras, ubicación de las fincas y de
las fuentes de agua, superficies de riego, tipos de cultivos, existencia de
ganado, aves y colmenas, actividades forestales, actividades acuícolas,
utilización de maquinarias, entre otra información relevante
para el desarrollo del sector agropecuario», informó el Inide a través de una
nota de prensa.
Según el Inide la capacitación la realizan de manera simultánea en todos los municipios del país y cuando concluya conformarán las brigadas operativas, para que los empadronadores se movilicen hacia las distintas unidades de producción agropecuaria del país. Además, señala que el censo es parte del Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza 2022-2026 que incluye acciones de políticas, orientadas a garantizar la productividad, mejoramiento de la calidad y diversificación de la producción.
Mientas tanto, medios oficialistas informaron que los encuestadores levantarán la información de campo entre marzo y mayo de 2025 y que los resultados del censo permitirán formular políticas públicas para fomentar el desarrollo de lasactividades agrícolas, pecuarias, acuícolas y forestales.
Productores temen a las confiscaciones
Sin embargo, dirigentes del sector agropecuario que por temor a represalias evitan identificarse, aseguran que en el actual contexto político del país, difícilmente el Cenagro podrá ser de utilidad, ya que desde la ruptura de relaciones entre el régimen Ortega Murillo y el sector privado se cerraron prácticamente todos los canales de comunicación entre las autoridades y el sector productivo, por tanto no existe posibilidad de impulsar políticas que solucionen los problemas que enfrentan.
Dicho distanciamiento se agudizó a partir de 2023 cuando el régimen cerró el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y todas las cámaras que lo integraban y luego cerró todas las organizaciones del sector, incluso la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG), de tendencia sandinista que en los censos anteriores jugó un rol importante para garantizar la inclusión de los pequeños productores, la mayoría de ellos campesinos que producen los alimentos que consumen sus comunidades.
Según los consultados, aunque todavía en los territorios no se conoce mucha información sobre el censo, las constantes visitas de personas cercanas al régimen Ortega Murillo que vigilan a las familias, ha despertado mucho temor y la gente es cada vez más desconfiada, ya que al temor por la persecución política se ha sumado el «fantasma» de las confiscaciones injustificadas, por lo que consideran que en el contexto actual difícilmente los productores van a darle información veraz sobre sus posesiones a los encuestadores.