La Prensa 14/05/2025
La negativa de retorno a nacionales y las restricciones de salida mediante la retención o no expedición de pasaportes son medidas que el régimen Ortega Murillo aplica no sólo a personas consideradas opositoras, sino también a simpatizantes o funcionarios públicos, siempre que sean percibidos como fuera del control del régimen. Así lo señala el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentado el 9 de mayo ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Según la CIDH, entre junio de 2023 y el mismo mes de 2024 se registraron 62 casos de nacionales a quienes se les negó la entrada a su propio país.
Retención de pasaportes
En 2024, el informe indica que el régimen mantuvo la estrategia de retener pasaportes o negarse a emitirlos como mecanismo para impedir la salida de personas al exterior.
“Estas medidas afectarían tanto a personas opositoras políticas o sus familias, como a simpatizantes del gobierno, personas funcionarias y a la población en general, imponiendo un clima de control total (…) En algunos casos, estas personas señalaron encontrarse en una situación similar a la apatridia debido a la imposibilidad de renovar pasaportes vencidos o acceder a otros documentos de identidad por encontrarse fuera del país y por la negativa del Estado de expedir esta documentación”, refiere el informe.
El documento sostiene que estas medidas constituyen los crímenes de deportación y persecución, y por lo tanto, se consideran crímenes de lesa humanidad.
Entre junio de 2023 y junio de 2024, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró 62 casos de restricción de pasaportes a nicaragüenses, entre ellos 33 mujeres y 29 hombres.
Inexistencia legal afecta también a menores de edad
La CIDH señala que, además del despojo de la nacionalidad nicaragüense a al menos 450 personas, también recibió información sobre la anulación de la nacionalidad a otras personas mediante una situación de “inexistencia legal” o “muerte civil”. Esto ha implicado la eliminación de registros civiles, actas de nacimiento, expedientes académicos, así como la pérdida de derechos civiles, políticos y patrimoniales, incluyendo la confiscación de bienes y pensiones.
“Inclusive, han denunciado, la cancelación de sus registros podría afectar el derecho a la identidad de sus hijos e hijas menores de 18 años, quienes, ante la inexistencia legal de sus padres, podrían quedar jurídicamente ‘sin padres’”, señala el informe. Fachada del Ministerio del Interior. Foto: Presidencia.
CIDH insta a otros Estados a autorizar residencia temporal a apátridas
La CIDH instó a los Estados a que, por razones humanitarias, otorguen residencia temporal a personas que no pueden regresar a sus países de origen por negativa de ingreso o por retención de documentos.
“Asimismo, deben evaluar el otorgamiento de un documento especial de viaje para personas extranjeras que no puedan obtener un documento de viaje válido por parte de las autoridades de su país de nacionalidad”, señala la CIDH.
Nicaragua está en el informe de la CIDH desde 2018
Nicaragua permanece en el Capítulo IV.B del Informe Anual de la CIDH desde 2018, año en que iniciaron las protestas antigubernamentales. Su inclusión se fundamenta en criterios que indican la existencia de graves violaciones a la democracia, la suspensión ilegítima de derechos garantizados en la Convención Americana —que Nicaragua suscribió en 1979—, y la comisión de violaciones masivas, graves y sistemáticas de derechos humanos establecidos en los instrumentos interamericanos.
“Seguimos observando violaciones muy graves a derechos humanos y el régimen de represión busca eliminar cualquier espacio para el ejercicio de las libertades y de la población bajo un clima de miedo, vigilancia, persecución», dijo el presidente de la CIDH, José Luis Caballero, durante la presentación del informe ante la OEA el pasado 9 de mayo.
La CIDH destaca también la falta de voluntad del régimen Ortega Murillo para superar la crisis social, política y de derechos humanos, evidenciada —según el informe— en el desacato del Estado a las recomendaciones de la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
Además, la Comisión documentó graves violaciones a los derechos humanos, como detenciones arbitrarias, denuncias de desapariciones forzadas, condiciones inhumanas de detención, tortura, prohibición de retorno al país, destierros, persecución religiosa y restricciones al espacio cívico, tanto físico como digital.
CIDH constata que Murillo impone a personas de confianza
El informe señala que la CIDH recibió información sobre nuevas acciones para perpetuar el régimen de concentración de poder en la familia gobernante. Entre estas se mencionan la imposición de la “Constitución” sandinista —que entró en vigor en febrero de este año y subordina los poderes del Estado a la “Presidencia”—, los despidos masivos en el sector público y la “toma de facto” del sistema de justicia.
Respecto a la restructuración del poder judicial, la CIDH advierte que responde a una estrategia “para colocar personas de confianza” de Rosario Murillo, vicepresidenta y vocera del régimen.
