La Prensa 24/09/2025
El régimen de Daniel Ortega ha manipulado las normas internacionales sobre lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para perseguir y reprimir a los opositores, a quienes también ha empobrecido al robársele sus pensiones, concluyó un informe presentado ayer por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (Acnudh) en el marco del 60 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La instrumentalización de las normas internacionales, según la ONU, está enfocada en hostigar a personas nicaragüenses en el exilio. «Frecuentemente se difunden acusaciones falsas que las vinculan con lavado de dinero o financiamiento del terrorismo en redes sociales —de manera anónima o por personas afines al Gobierno— para desprestigiar a las personas afectadas y generar alertas de cumplimiento por parte de las instituciones financieras».
«Las personas nicaragüenses en el exilio han enfrentado dificultades —a veces durante años— para abrir o mantener cuentas bancarias en su país de residencia. Varios informaron que se les había impedido abrir cuentas en determinadas instituciones bancarias en Costa Rica y los Estados Unidos», agrega.
Tal ha sido el impacto que ha tenido en los exiliados la instrumentalización transnacional de las normas internacionales de lavado de dinero, que a los nicaragüenses en el exterior alcanzados por la persecución de la dictadura los bancos les han cerrado o congelado sus cuentas de manera unilateral, incluso inmediatamente después que les quitaron su nacionalidad.
«A las víctimas rara vez se les proporcionaron motivos claros para las decisiones de los bancos. A una persona le informaron específicamente que el banco se había negado a abrirle una cuenta por considerarla una persona políticamente expuesta (PEP, por sus siglas en inglés)», precisa el reporte de Naciones Unidas.
A otras personas afectadas por la represión orteguista, las entidades financieras internacionales les dijeron que las cuentas se les cerraba por el «riesgo que representaban para la institución financiera, a las alertas generadas por su perfil o que obedecía a ‘órdenes de arriba’. Una víctima también enfrentó trámites administrativos complicados para cambiar dinero en varias casas de cambio internacionales, porque —se le dijo— era una PEP».
Represión financiera internacional
El Grupo de Expertos señala «que la difusión de información falsa que activa la aplicación de medidas contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo contra las personas afectadas constituye una forma de represión financiera transnacional. Esta situación probablemente ocurrió en muchos de los casos identificados. Tales acciones se suman a la persecución constante a la que muchos opositores nicaragüenses siguen siendo sometidos en terceros países».
«Al instrumentalizar herramientas diseñadas para la cooperación internacional legítima con el fin de afectar a críticos y disidentes exiliados, el Estado de Nicaragua ha socavado la integridad de los sistemas globales de aplicación de la ley y de protección. Como resultado ha colocado a las personas nicaragüenses en el extranjero, en especial a solicitantes de asilo, en riesgo de detención arbitraria y procesos judiciales con motivación política», indica.
En los últimos años la dictadura de Ortega también instrumentalizó las normas internacionales de lavado de dinero para cerrar más de 5,000 organizaciones sin fines de lucro, incluyendo varias que se dedicaban a investigaciones económicas, de canalización de cooperación internacional y otras dirigidas por opositores.
Y aunque la oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones la manipulación de estas regulaciones, organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) han elogiado las reformas de leyes que se han hecho en esta materia de lavado de dinero y han pedido que las refuerce.
Empobrece a perseguidos
Paralelo al abuso de la dictadura con las normas financieras internacionales, también ha despojado del derecho a las pensiones a las personas adultas mayores que están en el exilio, lo que ha ocasionado que las mismas caigan en pobreza y deban recurrir a asistencia social en los países donde son acogidos.
«Las autoridades también han extendido las confiscaciones a las pensiones o a las cotizaciones acumuladas en la seguridad social de personas nicaragüenses en el exilio, incluidas las de aquellas personas privadas de su nacionalidad», precisa.
Los expertos de la ONU señalan directamente al presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, Roberto López, de ordenar la confiscación de las pensiones o cotizaciones de las personas que habían contribuido al sistema de pensiones nicaragüense entre las 452 personas privadas formalmente de su nacionalidad, en ejecución de las correspondientes resoluciones del Tribunal de Apelaciones de Managua.
Una forma que ha encontrado la dictadura para despojar de las pensiones a los adultos mayores en el exilio es eliminando el canal de videollamadas para dar prueba de vida. «En los últimos años, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social verificaba que pensionadas y pensionados residentes en el exterior estuvieran vivos mediante videollamadas. Sin embargo, al menos en los casos documentados, el Instituto no realizó dichas llamadas y utilizó la ausencia de prueba de vida como justificación para confiscar sus pensiones», denunció.
De hecho, una de las personas afectadas por esta política dijo a los especialistas de la ONU: «Ya no nos depositaron ni a mi esposo ni a mí las pensiones de jubilación (en el extranjero). Las brutales confiscaciones de nuestras pensiones y de nuestros ingresos afectan nuestra vida digna. También tienen afectaciones a terceros, porque nosotros ayudábamos a familiares que son ancianos y dependían de nosotros”.
El organismo advierte que «la confiscación de bienes y otros activos, incluidas las pensiones, ha llevado a numerosas víctimas a la pobreza. Muchas se han visto obligadas a depender de la solidaridad de otras personas nicaragüenses y de asociaciones, así como del apoyo de organizaciones e instituciones de servicios sociales en sus países de acogida».
Y agrega: «Estas medidas constituyen violaciones graves de los derechos a la seguridad social y a la no discriminación. Asimismo, afectan de manera desproporcionada a las personas más vulnerables, en particular a las personas adultas mayores y a las niñas y niños, que dependen de un ingreso fijo para cubrir sus necesidades básicas, tales como alimentación, vivienda, atención médica y medicamentos».
«Al maximizar la precariedad económica, el Estado de Nicaragua no solo castiga a las personas en el exilio, sino que además adquiere recursos que consolidan su poder y control económicos», puntualizó.
