100% Noticias 29/09/2025
El último informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), sobre la situación en Nicaragua, reveló un patrón sistemático de represalias políticas en el ámbito laboral, incluyendo despidos tanto en el sector público como en el privado, afectando gravemente a personas percibidas como críticas al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El documento, que cubre el periodo entre el 15 de junio de 2024 y el 15 de junio de 2025, fue presentado esta semana ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y recoge denuncias verificadas de persecución económica como una nueva forma de represión, extendida más allá de las instituciones estatales hacia empresas privadas obligadas a colaborar con el régimen.
“El ACNUDH recibió denuncias de despidos de personas percibidas como críticas al Gobierno y de sus familiares, tanto en el sector público como en el privado. En los tres casos documentados por el ACNUDH se informó de que las personas afectadas habían sido despedidas siguiendo instrucciones directas de la Presidencia”, señala el informe en su numeral 59.
El informe añade que los empleadores, incluyendo a empresas privadas, deben realizar verificaciones de antecedentes políticos como parte de sus procesos de contratación.
Uno de los criterios utilizados es la participación en las protestas ciudadanas de abril de 2018, un evento que marcó el inicio de la crisis sociopolítica en Nicaragua.
“Según los informes recibidos por el ACNUDH, los empleadores públicos y privados debían realizar verificaciones de antecedentes que incluían indagaciones específicas sobre la participación en las protestas de 2018, y las respuestas afirmativas descalificaban a las personas solicitantes de empleo”, se lee en el documento.
Persecución económica
Esta práctica afecta directamente a familias enteras, muchas de las cuales pierden su única fuente de ingresos, viéndose forzadas a recurrir a la economía informal o a la migración como último recurso de sobrevivencia.
El ACNUDH advierte que este tipo de castigo económico viola principios fundamentales del derecho laboral y de los derechos humanos, y puede constituir una forma indirecta de desplazamiento forzado interno o externo.
En su numeral 58, el ACNUDH analiza el deterioro del mercado laboral en Nicaragua, asegurando que está “marcado por niveles persistentemente altos de informalidad”.
Cita cifras del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), señalando que las tasas de subempleo siguen siendo alarmantemente elevadas, lo que expone a la población a condiciones precarias.
“Las personas trabajadoras enfrentan jornadas laborales largas, bajos salarios, condiciones inseguras e insalubres, y un acceso limitado a las prestaciones de la seguridad social”, alerta el informe.
Además, en lo que representa una instrumentalización partidaria del empleo, el ACNUDH documenta que la afiliación al partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se ha convertido en requisito informal para acceder a plazas laborales con beneficios sociales.
“Las solicitudes para puestos en el sector público suelen requerir la presentación del carné de miembro del FSLN, que acredita la afiliación política. Se alega que se aplican criterios discriminatorios similares al acceso a salud, educación y becas”, denunció el Consejo de Derechos Humanos.
El informe del Alto Comisionado es uno de los más detallados hasta la fecha sobre la forma en que la represión en Nicaragua ha migrado de los espacios físicos al entorno económico y social, controlando el acceso a oportunidades básicas como el empleo y la educación.
El ACNUDH subraya que estas prácticas, lejos de ser incidentales, responden a una estrategia sostenida de vigilancia y castigo político, y que son incompatibles con cualquier forma de democracia o Estado de derecho.
El Alto Comisionado instó a las autoridades nicaragüenses a “crear y mantener un entorno seguro y propicio para la sociedad civil, trabajando en la promoción de las cuestiones de derechos humanos, también mediante la cooperación internacional”, se lee en las recomendaciones del informe.
Nicaragua atraviesa una de las peores crisis de derechos humanos en el hemisferio occidental. Desde 2018, más de 600.000 personas han salido del país, la mayoría en condición de exilio o desplazamiento forzado económico.
La represión política se ha sofisticado, extendiéndose a iglesias, universidades, organizaciones civiles, medios de comunicación y ahora, a los centros de trabajo, incluso del sector privado.
