La Mesa Redonda 07/10/2025
En una serie de acuerdos publicados en La Gaceta, el régimen de Rosario Murillo y Daniel Ortega ordenó la remoción del personal que representaba al sector público y privado en el consejo directivo del Banco de Fomento a la Producción (BFP / PRODUZCAMOS).
Asimismo, nombró nuevos miembros leales. Estas determinaciones se interpretan como una consolidación del control político sobre la institución de fomento productivo.
Qué cambios anunció el régimen
Los nuevos Acuerdos No. 157, 158 y 159-2025, publicados en La Gaceta, establecen lo siguiente:
Acuerdo 157-2025: Deja sin efecto los nombramientos de Ricardo José Meléndez Rodríguez y Ricardo Bonilla Castañieda, quienes representaban al sector privado en el Consejo Directivo del BFP, conforme al Acuerdo Presidencial 93-2021.
Acuerdo 158-2025: Deja sin efecto los nombramientos de Isidro Antonio Rivera Guadamuz y Bosco Antonio Castillo Cruz, representantes del sector público en dicho consejo.
Acuerdo 159-2025: Nombra en su lugar a Carlos José Selva Hernández y Walter Ignacio Petters Cuadra, como nuevos miembros propietarios del Consejo Directivo del BFP, representando al sector público.
Los acuerdos señalan que estos cambios se realizan “en uso de las facultades que les confiere la Constitución Política”. También indican que los nuevos nombramientos entran en vigor a partir de su publicación en La Gaceta.
Qué es el BFP / PRODUZCAMOS
El Banco de Fomento a la Producción, conocido también como Banco Produzcamos, es una entidad financiera del orteguismo, cuyo objetivo declarado es impulsar el desarrollo de sectores productivos en Nicaragua: agricultura, emprendimiento, innovación tecnológica y competitividad.
Fue creado bajo la Ley 640, la Ley Creadora del Banco de Fomento a la Producción, en 2007, como sucesor de la Financiera Nicaragüense de Inversiones (FNI, S.A.) y otras entidades.
A lo largo del tiempo, también ha sido objeto de críticas: analistas han denunciado que el BFP serviría como vehículo para canalizar fondos de cooperación petrolera venezolana, opacos, y que no siempre ha cumplido funciones de verdadero impulso productivo.
En este sentido, para algunos opositores y economistas críticos, el BFP ha sido percibido como un aparato institucional susceptible de convertirse en una caja discrecional del régimen, más que en una herramienta técnica de desarrollo.
El cambio de integrantes del consejo directivo no es un hecho menor: implica una reconfiguración de quién controla el BFP desde adentro. Al desplazar representantes del sector privado u otros perfiles que podrían tener autonomía, y reemplazarlos por figuras alineadas con el régimen, se refuerza el control político del aparato estatal sobre las decisiones del banco.
