Por Gabriela Selser
Tomado de Associated Press
Trinchera de la Noticia, 1 de agosto 2019
Los líderes de la oposición nicaragüense regresaron a la mesa de diálogo el miércoles en un centro de negocios donde las conversaciones para resolver la crisis política se estancaron hace dos meses, pero no había nadie con quien hablar.
En un aparente intento por llamar la atención sobre el estancamiento político –el gobierno no había dado señales de que sus delegados responderían al llamado de reiniciar las conversaciones– la opositora Alianza Cívica (AC) acusó al presidente Daniel Ortega de negarse a resolver la crisis.
“El gobierno ya mató la negociación”, dijo a The Associated Press el político liberal José Pallais, miembro del equipo de la AC que sostuvo negociaciones con el gobierno entre febrero y mayo pasado.
Pallais agregó que, a partir de ahora, “poder restablecer (el diálogo) depende de las gestiones diplomáticas de la OEA (Organización de Estados Americanos)”, que en julio dio un plazo de 75 días a las partes para reanudar la negociación.
La AC asegura que hay que negociar para que Ortega acepte discutir una reforma a la ley electoral y con ella el eventual adelanto de las elecciones presidenciales.
El gobernante de 73 años dijo en su último acto político este mes que su partido “ya está listo para ganar” los comicios, pero reiteró que no habrá adelanto y que éstos se realizarán en 2021.
La crisis estalló en abril de 2018 con protestas que fueron sofocadas con violencia por la policía y paramilitares. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la acción gubernamental dejó al menos 325 muertos, más de 2.000 heridos y unos 770 detenidos, además de 62.000 exiliados.
“El régimen ha cerrado la puerta y habrán consecuencias. Responsabilizamos al régimen por el dolor de las familias de las víctimas, de los presos políticos y sus familiares, de los exiliados”, tuiteó por su parte otro de los empresarios negociadores, Juan Sebastián Chamorro.
Según la AC, el gobierno no ha cumplido con varios acuerdos, como la liberación total de “presos políticos” (la Alianza asegura que quedan 120 detenidos), la restitución de la legalidad a nueve ONGs proscritas en diciembre pasado, la devolución de medios de comunicación clausurados y el desarme de paramilitares, entre otros.
El gobierno no ha formulado comentarios sobre la invitación de los opositores a la mesa. Con respecto al reclamo de liberación de 120 “presos políticos”, el Ministerio de Gobernación indicó semanas atrás que todos los detenidos en el marco de las protestas habían sido liberados.
Para el economista Mario Arana, otro de los negociadores de la AC, el rechazo oficial a la invitación opositora “sólo prolongará el sufrimiento del pueblo y los daños a la economía, que no ha podido recuperarse”.
“La economía sigue cayendo. El año pasado se contrajo en 3.8% y este año el Fondo Monetario Internacional proyecta una contracción de al menos 5 por ciento”, advirtió el también presidente de la Cámara de Comercio Americana-Nicaragua (AMCHAM).
Negativa del régimen al diálogo afecta a la población
31 julio, 2019
El 17 de julio, hicimos propia la resolución aprobada en la 49 reunión ordinaria de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebrada en Medellín, que literalmente dice: “Instar a la reanudación de la negociación efectiva y de buena fe entre el Gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y al cumplimiento pleno de los acuerdos alcanzados.”
Hoy estamos aquí honrando nuestro compromiso con la nación. Es urgente reanudar la mesa de negociación, la crisis política, social y económica se sigue agravando y el camino cívico es el escogido por la población nicaragüense.
La Mesa de Negociación requiere abordar el cumplimiento total de los dos acuerdos aprobados: de presos políticos y de libertades ciudadanas; la agenda pendiente de democratización y reformas electorales; verdad, justicia, reparación y no repetición; así como sus mecanismos de implementación, entre ellos el retorno seguro de exiliados, libertad de expresión, restitución de personerías jurídicas, desarme de parapolicías y autonomía universitaria.
Desafortunadamente, la contraparte gubernamental no se ha hecho presente, con lo que se demuestra, una vez más su falta de voluntad para resolver la crisis actual por la vía cívica que también demanda la comunidad internacional.
La negativa al diálogo y el incumplimiento de los acuerdos aprobados castiga a toda la población, incrementa la pobreza, el desempleo, la necesidad de emigrar y la desesperanza. Responsabilizamos al régimen por el dolor de las familias de las víctimas, de los presos políticos y sus familiares, el sufrimiento de los exiliados, y de los hogares que han perdido sus empleos. Todo lo que ha pasado en Nicaragua es responsabilidad de este régimen que ha reprimido y continúa reprimiendo indiscriminadamente el descontento popular.
Reafirmamos nuestro compromiso por un acuerdo político efectivo y de buena fe que le brinde estabilidad al país y genere avances en materia de reforma electoral, adelanto de elecciones y derechos humanos.
Reiteramos nuestro llamado a todas las fuerzas democráticas de la nación para que unidos trabajemos por la Nicaragua que todos nos merecemos y con la que todos soñamos.
