Para el régimen de Daniel Ortega fue insostenible mantener por más tiempo a Sonia Castro como ministra de Salud luego de que la funcionaria fue sancionada por Estados Unidos (EE.UU.) y Canadá por violaciones a los derechos humanos. Ortega quitó a Castro como titular del Ministerio de Salud (Minsa), pero a fin de no dejarla del todo desprotegida le dio el cargo de “ministra asesora del presidente de la República para temas de salud”.
El retiro de Castro al frente del Minsa se hizo efectivo mediante el Acuerdo Presidencial 108-2019 publicado en La Gaceta, Diario Oficial, este 26 de julio. En ese mismo documento se hace el nombramiento como asesora. “En consecuencia déjese sin efecto su nombramiento en el cargo de Ministra del Ministerio de Salud”, expresa el texto.
Para oficializar el nuevo cargo de “asesora” al que quedó Castro relegada, Ortega reformó el reglamento de la Ley 290, Ley de organización, competencia y procedimientos o del Poder Ejecutivo, en el que amplío la lista de sus “asesores”, que es el puesto que ha dado el dictador a una serie de exfuncionarios que son de su círculo personal cuando a éstos los quita de un ministerio para poder a otro de sus fieles políticos.
La separación de Castro como ministra del Minsa se oficializó mientra la funcionaria está de gira por Qatar y Emiratos Ábares Unidos donde busca inversiones para el sector salud de Nicaragua.
La nueva ministra
Carolina Asunción Dávila Murillo es la nueva ministra del Minsa, según el Acuerdo Presidencial 109-2019. Dávila era hasta ahora la viceministra de salud para asuntos del Sistema Local de Atención Integral en Salud (Silais-Managua).
Castro fue sancionada por EE.UU. y Canadá el pasado 21 de junio junto a Gustavo Porras, presidente de la Asamblea; al director del Telcor, Orlando Castillo; y al general en retiro y ministro de Transporte Óscar Mojica.
Sonia Castro estuvo como titular del Minsa desde marzo del 2010 cuando sustituyó a Guillermo González cuando éste fue trasladado como director del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred) con rango de ministro.
Las sanciones adoptadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, pero también por primera vez, Estados Unidos usó la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018 (NHRAA), es decir la ley Nica Act contra funcionarios del régimen orteguista por su involucramiento en la represión contra los ciudadanos en las jornadas de protestas que iniciaron en abril del 2018.
La ahora exministra de Salud es señala haber dado órdenes a los hospitales públicos de no atender a los heridos de las protestas que iniciaron en abril de 2018. Con esa orden se provocó la muerte de manifestantes, una de las más conocidas es la de Álvaro Conrado, de 15 años de edad, quien murió desangrado debido a que en dos clínicas del Minsa le negaron la atención cuando fue llevado herido por una bala en su garganta durante el ataque de grupos de choque y la Policía Orteguista (PO) a los estudiantes universitarios en el sector de la Universidad de Ingeniería (UNI).
Organismos como el Grupo Interdiscipliario de Expertos Internacionales (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, concluyó en su informe sobre la represión en Nicaragua que “existe información consistente sobre múltiples situaciones de negación de atención, de formas de atención inadecuadas”, maltrato a los heridos “que implicaron una nueva forma de violencia del Estado contra los manifestantes.
Específicamente el GIEI sugirió investigar “qué tipo de órdenes emanaron de la ministra de Salud, Sonia Castro, y de la dirección de cada hospital, qué rol tuvo Fetsalud en los hechos, y qué medidas se tomaron —o no— para garantizar la salud pública en casos de suma gravedad”.
La Prensa 26/07/2019
