*Plantean una amplia de desafíos y retos al régimen de Daniel Ortega *Confirman que PIB caerá 5.7% en 2019 y 1.2% en 2020 Redacción Central Trinchera de la Noticia
La Misión del FMI que estuvo en Nicaragua en la revisión del Artículo IV proyecta “que la economía se contraiga en 5.7 por ciento” en 2019 a causa del “deterioro de la confianza y las sanciones internacionales” que agravaron restricciones de financiamiento y redujeron la inversión, el empleo, y los indicadores sociales”.
En una declaración publicada ayer en el sitio web del FMI proyectan que “el PIB real se contraiga más moderadamente en un 1.2 por ciento en el 2020, antes de recuperarse gradualmente a un nivel de bajo de crecimiento hacia el mediano plazo”, en su informe sobre la visita recién concluida.
Además, recomiendan duras medidas para 2020, transparencia de información económica y revela que “las autoridades, como lo manda la ley, se encuentran actualmente evaluando cuan favorable al crecimiento es la reforma tributaria recientemente promulgada”.
A continuación fragmentos del informe.
Nicaragua: Declaración al término de la misión sobre la Consulta del Artículo IV de 2019
Contexto y acontecimientos económicos recientes
- Los disturbios sociales de abril del 2018 y sus consecuencias han causado una abrupta contracción económica. El PIB real disminuyó 3.8 por ciento en 2018 a causa de las disrupciones en la oferta generadas por los bloqueos de carreteras y afectaciones a la infraestructura, mientras un brusco debilitamiento de la confianza de los consumidores e inversionistas dio como resultado una salida de depósitos bancarios y una disminución de la inversión privada. El turismo, la construcción, y el comercio minorista fueron particularmente afectados. En 2019, se proyecta que la economía se contraiga en 5.7 por ciento. Dicha contracción se debe al deterioro de la confianza y a las sanciones internacionales, las cuales agravaron las restricciones de financiamiento y redujeron la inversión, el empleo, y los indicadores sociales. La inflación se proyecta en 6.4 por ciento al final del 2019 (comparada a un 3.9 por ciento en 2018), la cual refleja el efecto transitorio de las medidas tributarias adoptadas a inicios de este año.
- La contracción económica resultó en un superávit externo de la cuenta corriente en el 2018 y la primera mitad del 2019. El crecimiento estable de las remesas, las exportaciones, y una caída en las importaciones -debido al menor ingreso disponible- causó una mejora de la cuenta corriente. La fortaleza de la cuenta corriente fue más que compensada por la salida de capital (IED y flujos de portafolio privado). En meses recientes, sin embargo, la salida de capital se ha desacelerado, y los bancos han mejorado su posición de liquidez. En general, las reservas internacionales netas (RIN) se espera que aumenten en 171 millones de dólares en 2019 (en 2018 las RIN alcanzaron 1,146 millones de dólares, una reducción de 656 millones respecto al nivel del 2017).
- Las fortalezas acumuladas (“buffers”) y una respuesta decidida en materia de política macroeconómica por parte de las autoridades, frente a muy difíciles circunstancias, contribuyó a evitar un espiral económico y financiero descendente.
- La posición del Sector Público Consolidado (SPC) en 2018 se deterioró a un déficit de 3.9 por ciento del PIB, pero se espera que mejore significativamente en 2019 . En respuesta a la difícil situación presentada por los eventos de 2018, cuando la recaudación tributaria se desplomó, el sistema de pensiones agotó sus reservas y el financiamiento externo se redujo, en 2019, el gobierno adoptó medidas para fortalecer sus ingresos y redujo los gastos de capital para revertir el deterioro del balance fiscal. El déficit del SPC se estima en 2.2 por ciento del PIB en 2019.
- En respuesta a la desafiante situación macroeconómica, las políticas monetarias y financieras se flexibilizaron durante el 2018-19. En 2018, un esfuerzo combinado de los bancos para fortalecer sus colchones de liquidez (atrayendo financiamiento externo y acelerando la recuperación de préstamos), y de las autoridades al colocar reportos, reducir el encaje legal a los bancos, e introducir progresivamente normas de aprovisionamiento sobre cartera, contribuyó a que el sector financiero y los prestatarios se ajustaran al nuevo entorno. Sin embargo, la menor actividad económica y la recuperación de préstamos ha impuesto una pesada carga sobre la calidad de los activos y las ganancias de los bancos. No obstante, en los meses más recientes, la salida de depósitos parece haber tocado fondo, y los flujos de nuevos créditos en mora y reestructurados han sido mayormente contenidos (en general, el monto nominal de los activos, incluyendo los “aliviados”, parece haberse estabilizado en 2019T3). A fines de septiembre 2019, el índice de morosidad (NPL por sus siglas en inglés) se reporta oficialmente que fue de 3.8 por ciento, mientras que bajo una medición más amplia de prestatarios que experimentan algún tipo de dificultades representa 18 por ciento del total de préstamos. El nivel de liquidez (45 por ciento del total de depósitos) y de solvencia reportados (casi 22 por ciento de activos ponderados por riesgo, más del doble de la adecuación de capital requerida) a septiembre de 2019, sugiere que el sector bancario cuenta con buenos colchones para enfrentar la reducción de la confianza y del crecimiento económico.
Perspectivas y recomendaciones de políticas
- El principal desafío para el 2020 y en adelante, es mantener el curso para preservar la estabilidad macroeconómica y financiera. Restaurar la confianza y los flujos de financiamiento externo son críticos para evitar una mayor contracción del crédito y el empleo, los que podrían continuar frenando la inversión y el consumo, lo cual implica un obstáculo significativo a la actividad económica. Como resultado, se espera que el PIB real se contraiga más moderadamente en un 1.2 por ciento en el 2020, antes de recuperarse gradualmente a un nivel de bajo de crecimiento hacia el mediano plazo. Políticas para restaurar la confianza del sector privado y prevenir la aparición de ciclos de retroalimentación negativos relacionados con la contracción del crédito son esenciales para promover la recuperación económica y revertir el aumento de la pobreza. Abordar los desafíos fiscales de mediano plazo y llevar adelante reformas estructurales -que son inevitables para salvaguardar la sostenibilidad fiscal- requiere obtener un amplio apoyo público. En efecto, abordar satisfactoriamente los desafíos podría aumentar significativamente el desempeño del crecimiento en el mediano plazo.
- Debido a las severas restricciones de financiamiento, la política fiscal debe abordar la sostenibilidad fiscal al mismo tiempo que minimiza los impactos adversos en la actividad económica y en los indicadores sociales. Con base en la implementación de las medidas fiscales y de pensiones anunciadas y asumiendo que no se toman medidas adicionales, el financiamiento disponible en el 2020 permitiría que la política fiscal comience a contrarrestar algunos de los obstáculos subyacentes a la actividad económica -a diferencia de 2018-19. Las autoridades, como lo manda la ley, se encuentran actualmente evaluando cuan favorable al crecimiento es la reforma tributaria recientemente promulgada. En este contexto, rebalancear la composición del gasto fiscal se torna en prioridad para generar perspectivas de crecimiento económico a mediano plazo. Ajustar los gastos en bienes y servicios y especialmente las transferencias a las empresas públicas permitirá incrementar el gasto en los programas sociales, la red de protección social, y la inversión pública, lo que conduciría a un crecimiento más equitativo y sostenible.
- Restaurar la confianza de inversionistas y consumidores y abordar los cuellos de botella por el lado de la oferta son elementos clave para promover un crecimiento sostenible . Las políticas para recuperar la confianza del sector privado, incluyendo una evaluación franca del impacto de las recientes medidas, son esenciales para promover la recuperación económica y compensar el incremento de la pobreza. En el corto plazo, el fortalecimiento de las instituciones gubernamentales en las áreas de cumplimiento de contratos y eficiencia del marco legal para resolución de disputas, la protección de los derechos de propiedad, la protección al inversionista, registro de propiedad, y para resolver insolvencias podría mejorar significativamente la competitividad del país. En el mediano plazo, Nicaragua necesita continuar sus esfuerzos para mejorar la infraestructura, invertir en capital humano, abordar los cuellos de botella en las habilidades de mano de obra, y actualizar la preparación tecnológica. Todo ello contribuiría a fortalecer la competitividad y el crecimiento potencial de la economía.
