La Prensa 08/01/2020
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) a través de un comunicado defendió la sentencia de un juez de Rivas en la que reconoce a la instancia financiera regional como dueño de una valiosa propiedad en el municipio de San Juan del Sur, desconociendo el dominio de la propiedad a la sociedad Inversiones Turísticas del Pacífico S.A. (Intupsa), que preside y representa el empresario nicaragüense Michael Healy.
Healy denunció además que se le está impidiendo apelar contra la sentencia del juez Pedro Aráuz, debido a que se le ha negado la copia del folio del fallo emitido en los juzgados de Rivas. El juez Aráuz citó a Healy hasta el próximo jueves 9 de enero para entregarle los documentos que necesitan los abogados de Intupsa para elaborar y presentar la apelación contra el despojo de las cinco manzanas de tierra, cuyo valor es de casi cinco millones de dólares.
El juez Aráuz falló el pasado 19 de diciembre, a favor del BCIE y la Procuraduría General de la República (PGR) en un proceso que para los inversionistas de Intupsa ha estado plagado de anomalías, debido a que no se les reconocieron las pruebas de los registros catastrales y topográficos que constatarían que la propiedad que reclama en BCIE tiene asientos y linderos registrales distintos a la finca que adquirieron los empresarios.
El BCIE se limita en su comunicado a informar que los tribunales de Rivas le han favorecido en dos demandas interpuestas por Intupsa, la primera el 22 de agosto del 2014 y la segundo el 20 de octubre del 2015, en su reclamo de ser los dueños de la propiedad en San Juan del Sur.
«El 16 de marzo del 2015, en respuesta a demanda civil interpuesta por Inversiones Turísticas del Pacífico, S.A. (Intupsa) el 22 de agosto de 2014 reclamando cinco manzanas que se encuentran dentro de la propiedad del BCIE, se falla en primera instancia con sentencia a favor del BCIE del 16 de marzo del 2015 misma que fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal de Apelaciones Circunscripción Sur, mediante sentencia del 25 de agosto de 2015», indica el organismo regional.
Por último hizo referencia a la sentencia del juez Aráuz, quien resolvió un día antes de salir de vacaciones de fin de año del 2019. «Finalmente, ante Demanda Acción Declarativa de Dominio en la Vía Ordinaria interpuesta el 20 de octubre de 2015 por Intupsa en contra del BCIE se falló nuevamente en primera instancia con sentencia a favor del BCIE del 19 de diciembre de 2019», indica el comunicado.
El BCIE reclama ser el dueño de la propiedad La Talanguera pero, según Healy, los asientos registrales y los planos catastrales de las cinco manzanas que adquirieron, así como los documentos presentados por el organismo, demostrarían que se tratan de bienes distintos, pues los terrenos de Intupsa se originarían en el sector de la finca Nacascolo.
Sobre lo informado por el organismo de que ha ganado las dos demandas judiciales, el representante de Intupsa, Healy, afirmó que «no es correcto lo que dicen» porque, aseguró que hubo una primera demanda presentada por el BCIE que no habría prosperado porque los abogados del organismo la abandonaron.
«La primer demanda la puso el BCIE en nuestra contra (Intupsa) pero caducó porque los del BCIE no le dieron seguimiento, por eso la perdieron. Luego les abro un juicio pero el juez de Rivas ilegalmente omitió las más de 20 pruebas documentales que expusimos. Son juicios diferentes», afirmó Healy.
El representante de la sociedad Intupsa denunció que las presiones «son parte de las marullas de este gobierno», pero aseguró que «seguiremos peleando» porque no les despojen de la propiedad.
Bloqueo en Juzgado de Rivas al empresario opositor
Healy, en representación de Intupsa, denunció que está enfrentando bloqueos en los juzgados de Rivas para apelar la sentencia que lo despoja de las cinco manzanas de tierra ubicada en San Juan del Sur, donde construirían un complejo turístico.
Healy es miembro de la Alianza Cívica, organización que agrupa a sectores opositores al régimen de Daniel Ortega. El empresario explicó vía telefónica que este 7 de enero se presentó a los juzgados de Rivas a pedir el expediente de la sentencia para poder preparar los argumentos de apelación, pero le fue negado.
«No me quieren dar la sentencia y el juez (Aráuz) no me quiso recibir, me citó el jueves 9 de enero. Si no me da la sentencia, no puedo apelar. Todo esto son métodos dilatorios para que se cumpla el plazo que tengo para hacer las acciones contra el fallo que nos quita la propiedad que adquirimos legalmente», afirmó Healy.
Según explicó, se tiene diez días para presentar la apelación. «Ya llevamos dos días de ese tiempo, pero si nos dan la copia hasta el jueves (9 de enero) nos quitan más días para que apelemos y todo es intencional, de eso estoy claro», dijo Healy.
Los vacíos que no explica el BCIE
El BCIE confirmó en su comunicado que la propiedad en San Juan del Sur la adquirieron el 11 de mayo de 1978 como pago de la garantía del préstamo que habían hecho a la empresa Pesquera La Flor, Sociedad Anónima. El préstamo lo dieron el 20 de julio de 1970.
«Ante incumplimiento de las obligaciones de pago, el 11 de mayo de 1978, el BCIE recibió la garantía en pago mediante Escritura Pública de Dación debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad de Rivas», informó el organismo.
Sin embargo, el organismo regional no explica una serie de temas en este caso como qué acciones hicieron para ser nuevamente los dueños de la propiedad ubicada en el sector conocido como La Talanguera, en San Juan del Sur, cuando les fue confiscada en la década de los años 80 con el primer régimen de Daniel Ortega.
Preguntas pendientes
¿Cómo recuperó el BCIE una propiedad que pasó a la cooperativa «Juan Carlos Alberto Herrera» con la reforma agraria y bajo las leyes 84 y 85? ¿Se reclamó la propiedad La Talanquera a los tres gobiernos entre 1990 y enero de 2007 o fue cuando Ortega retomó el Gobierno en 2007?
También deberá explicar de acuerdo a Healy, cómo los abogados del BCIE lograron inscribir una propiedad que ni siquiera está en el sitio correcto, porque, afirmó, tomaron como referencia un plano del remanente de la cooperativa, e inscribieron un título del registro en el asiento de la finca Nacascolo, cuando el terreno que afirman ser dueños, es de La Talanquera.
El BCIE reclamó la propiedad hasta cuando ya había sido adquirida en dos ocasiones distintas por empresarios privados, el primero fue el italiano Simón Pernechele en 2008 al comprarla a la cooperativa «Juan Carlos Aburto Herrera». Posteriormente en el año 2009 Pernechele vendió las cinco manzanas en San Juan del Sur a Intupsa por más de cien mil dólares.
Ambas transacciones se realizaron sin ningún problema pues tanto Pernechele e Intupsa obtuvieron el aval de no objeción por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), que certificó que no es un inmueble del Estado, y tampoco tenía conflictos legales de reclamos, según ha explicado Healy en base a los documentos que mostró a este diario.
Una certificación de no objeción fue extendida por el entonces procurador general Hernán Estrada, el 26 de marzo del 2009 a Intupsa, presidida y representada por Healy, por lo que se concretó la compra de la propiedad a Pernechele. La carta de no objeción aparece con número 5023 emitida por la PGR.
Pero la PGR luego se unió en 20017 al BCIE en la demanda contra Intupsa y las autoridades desconocieron los avales emitidos anteriormente. Esa actuación de la PGR en combinación con el juez Aráuz de Rivas facilitaron que se le despoje de la propiedad a la sociedad Intupsa.
