La Prensa 24/07/2020
El régimen de Daniel Ortega en los últimos años ha obligado a los consumidores a asumir la ineficiencia de la empresa distribuidora de energía Disnorte-Dissur a través de la facturación, ya que antes se incorporaba en el tarifa el 12 por ciento de las pérdidas y ahora es el 14 por ciento, revela un estudio de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).
El estudio denominado “Mercado eléctrico de Nicaragua. Diagnóstico y Recomendaciones”, indica que hasta el 2018, las pérdidas energéticas en distribución andaban en 19.7 por ciento, cuando el promedio de la región es de 13.4 por ciento.
Es decir que de ese 19.7 por ciento de pérdidas, un 14 por ciento es asumido por los usuarios y un 5.7 por ciento por la empresa, o sea los usuarios estarían pagando por la ineptitud de esta empresa. De hecho el año pasado la tarifa eléctrica incremento casi un 20 por ciento, pero ni la distribuidora, ni el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) dieron una explicación al respecto.
“Desde el 2016, los últimos tres años se ha mantenido una tendencia al alza, podría decirse que ha mejorado pero al mismo tiempo tenemos recordar que el 18.4 por ciento que fue registrado en el 2019, una gran parte de ese porcentaje fue asumido por los consumidores. Adicionalmente hemos estado realizando comparaciones regionales y Nicaragua es el segundo país con mayores pérdidas de distribución en Centroamérica, solo superado por Honduras”, explicó un técnico de Funides.
Este técnico indica que al final el usuario termina asumiendo el 70 por ciento de las pérdidas técnicas y no técnicas que tiene la empresa.
A criterio del economista Javier Mejía, del Centro Humboldt el
principal problema que tiene Nicaragua con la distribución es el monopolio, ya
que en el resto de países de la región hay más de una empresa de distribución.
“Por ejemplo en El Salvador hay cuatro diferentes distribuidoras, igual en
Guatemala, eso hace que las pérdidas de las empresas distribuidoras sean un
poco menor, porque tienen una extensión territorial de cableado mucho más
corta, entonces es mucho más eficiente administrar una red pequeña que una red
grande, como la que hay en Nicaragua”, explicó Mejía.
Pero además, el informe de Funides detalla que Nicaragua tiene el precio de distribución más alto de la región. Hasta el 2019 a Disnorte-Dissur se la pagaba 116 dólares por megavatios al año, siendo más alto que en Honduras y El Salvador, donde se pagó 109 y 98 dólares por megavatios respectivamente.
Esto indica que los consumidores además de asumir altas pérdidas, pagan mucho más por el servicio de distribución que en el resto de países.
“Cuando tenés un monopolio en la distribución no hay competitividad y el precio lo ponen en base a otros criterios y no utilizan el precio de competencia de mercado, eso explica por qué en Nicaragua pagamos más”, dijo Mejía.
Por años el régimen de Daniel Ortega ha dado un manejo oscuro a la principal distribuidora de electricidad de Nicaragua, a la que le ha otorgado múltiples beneficios fiscales y económicos sin exigirle inversión para reducir las pérdidas técnicas y comerciales, lo que ocasiona que la tarifa no baje desde el 2016. Ortega incluso ha dado poder para que esta persiga, embargue y encarcele a los nicaragüenses.
En febrero de este año, la sede central del grupo español TSK confirmó a LA PRENSA que ya no tienen negocios con la distribuidora de energía, Disnorte-Dissur de Nicaragua, sin embargo tanto el consorcio como el régimen de Daniel Ortega mantienen el secretismo de quiénes son los nuevos dueños de la empresa eléctrica del país, la cual opera a la sombra de la dictadura.
Nicaragua tiene la tarifa más alta
El estudio de Funides también señala que Nicaragua ha perdido competitividad en el precio de la energía, porque se tiene onerosos contratos con los generadores eléctricos, altas remuneraciones por potencia, la falta de licitación en las contrataciones, la postergación en el retiro de plantas eléctricas obsoletas, entre otras cosas.
El documento indica que el precio promedio al consumidor final en Centroamérica hasta el 2017 era de 172 dólares por megavatio, siendo que Nicaragua está por encima de la región, ya que para entonces se pagaba 188 dólares por megavatios. No obstante hasta el 2019 el precio medio al consumidor en este país alcanzó los 212 dólares.
Funides detalla primeramente que hay una brecha significativa entre la capacidad instalada de generación y la demanda. Hasta el 2019 la capacidad instalada en el país era de 1,600 megavatios, pero de toda esa energía solo se llegó a usar 718 megavatios (demanda de energía). Es decir que al tener más del doble de la energía que se necesita, se estaría encareciendo los costos.
Los onerosos contratos de los generadores
El documento sugiere además que debe haber cambios en los contratos con los generadores de energía, los cuales pactaron la venta de energía a precios altos.
“Los generadores de energía eléctrica tienen un alto poder de mercado, lo que permite el aprovechamiento económico, eso se refleja en los contratos de compra de energía eléctrica (PPA) a las generadoras”, señala Funides.
El estudio dejó entrever que también el plazo promedio de los contratos por generación de energía en Nicaragua son de 27 años, mientras que en Centroamérica anda entre 10 y 20 años.
Nicaragua tiene la energía renovable más cara
A lo anterior se suma que aunque ha habido inversión en energía renovable, Nicaragua muestra que se ha quedado estancado con respecto al resto de países. Hasta el 2019, el 57 por ciento de la matriz energética era a base de fuentes renovables y un 43 por ciento térmica, mientras en Costa Rica el 99 por ciento es renovable y el 1 por ciento es térmico, Panamá tiene un 83 por ciento renovable y un 17 por ciento térmica.
Pero además en Nicaragua los contratos de energía renovable doblan el precio de los contratos en el resto de países del mundo. Por ejemplo en el mundo un proyecto de energía eólica el costo promedio por megavatio es de 56 dólares, mientras que en el país anda en el rango de los 93.2 a 124.8 dólares el megavatio.
Funides recomienda a corto plazo en el área de la generación, aplicar procesos de licitación en la compra de energía, introducir regulación para nuevos contratos, examinar la posibilidad de renegociar los contratos y revisar los incentivos para proyectos de energía renovable.
