Redacción Centra – Trinchera de La Noticia 6 de agosto 2020
*COSEP rechaza la propuesta de Registro de Beneficiario Final de las Sociedades Mercantiles *Advierten que la reforma pone en peligro el sigilo porque los funcionarios no estarán sujetos a protocolos y deberes confidenciales
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) objetó ayer la iniciativa de reformar la Ley General de los Registros Públicos (Ley 698) proponiendo la creación de una nueva oficina nombrada Registro de Beneficiario Final de Sociedades Mercantiles.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) remitió a la Asamblea Nacional el proyecto de reforma argumentando que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) pide que los “países deben asegurar que exista información adecuada, precisa y oportuna sobre el beneficiario final (BF) y el control de las personas jurídicas, que las autoridades competentes puedan obtener o a la que puedan tener acceso oportunamente”.
La CSJ, en su exposición de motivos, añade que el GAFI también recomienda la “necesidad de establecer la obligación de las sociedades mercantiles de declarar, reportar y mantener actualizada la información del BF. Igualmente señalan que hay necesidad de establecer por ley un régimen sancionatorio en caso de incumplimiento de las obligaciones por parte de las sociedades”.
Actualmente, por ley, el Sistema Nacional de Registros (Sinare) está integrado por cuatro unidades de registros que se especializan en distintas áreas, por lo que el control del Beneficiario Final de Sociedades Mercantiles pasaría hacer la número cinco.
Esta iniciativa fue remitida ayer a la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos del Parlamento para cumplir un proceso de consultas sobre los cambios sugeridos a la Ley 698.
No están de acuerdo
“Para el sector empresarial” este tema “es de mucho cuidado, es una situación que coloca en manos de las autoridades otra pistola que pueden utilizar en contra del empresariado”, aseguró ayer José Adán Aguerri, presidente del Cosep.
“Hay ausencia de un enfoque basado en riesgos en materia de transparencia de sociedades mercantiles. No fundamentan, porque se está haciendo eso y es importante entender esto, porque se justifica esta iniciativa en base a una recomendación que hace el GAFI”, añadió.
Aguerri explicó que debe haber un proceso de análisis, una evaluación de los actuales y potenciales riesgos del lavado de dinero “derivado del mal uso o falta de transparencia de las sociedades mercantiles en Nicaragua”.
Según el presidente del Cosep es importante indicar cuáles son esas carencias de información o en qué aspectos las autoridades estatales, a cargo del sistema de prevención, se topan con dificultades.
Problema sistémico
Aguerri reconoció la situación del déficit de información sobre las sociedades mercantiles en Nicaragua, lo que es un “problema sistémico”, pero esto “requiere soluciones integrales y no de parches”.
Las dificultades referidas a este tema “no se resuelven creando de la nada un sistema que no está atacando el tema de fondo, que es la modernización, la automatización, la actualización de todo el sistema de registro de las sociedades mercantiles”, para que sean “realmente accesible, ágil, eficiente, moderno, pero sobre todo las cosas, que garantice que el sistema tutele el Habeas Data, el derecho a la privacidad, la honra y reputación de las personas”, recalcó Aguerri.
Sigilo en riesgo
Para el Cosep es posible tomar medidas “sin que se tenga que exponer a crear una atrofia del orden jurídico mercantil y económico”.
Y con ese cambio sugerido a la Ley 698 “lo que se está haciendo es creando un sistema, que será aplicado de manera indiscriminada a todos las sociedades con independencia de cualquier criterio que esté basado en riesgos, eso abre un problema adicional, que es la ausencia del deber de sigilo y confidencialidad en la institución a cargo de este sistema”, expresó Aguerri, ayer durante una conferencia de prensa en línea.
Precisó que, en la iniciativa de reforma, las autoridades y el personal de lo que sería esa nueva oficina de registro “no están sometidos a estos deberes de sigilo y confidencialidad, que, por su propia naturaleza, pretenden garantizar el acceso público a la información no estando sometidos a protocolos y deberes de confidencialidad o sigilo”.
Una especie de registro con cuello de botella
Según lo expresado por el presidente del Cosep, la identificación del BF corresponde, en primer lugar, a los sujetos obligados que proveen información para el sistema “y esto ya existe”.
Señaló que el Sinare tiene registros de Propiedad Inmueble, mercantil, garantías mobiliarias y “ahora se crea un registro madre” para el tema del BF de las Sociedades Mercantiles.
“Entonces, todos estos registros (los ya existentes), van a tener que esperar que este registro madre sea el que permita que, posteriormente, se puedan procesar las operaciones, lo que viene a detener y encarecer los procesos, va a crear un cuello de botella registral que afectará a las empresas”, enfatizó.
Posicionamiento público
Desde el punto de vista del Cosep una reforma de ese tipo “afecta a las empresas, crea mayor nivel de incertidumbre e inseguridad jurídica”.
Descartó que el Cosep vaya a participar en el proceso de consulta con los diputados, en su amplia mayoría sandinistas.
“Vamos a hacer un comunicado público y nuestra posición la enviaremos a los diputados que no son del partido del gobierno”, comentó. “Es muy difícil tener un retroceso de parte de las autoridades”, agregó.
