La Prensa 07/10/2020
Las empresas formales, sin distinción, en Nicaragua están en total indefensión jurídica en medio de una ola de persecución fiscal que el régimen de Daniel Ortega ha desatado en el país y los pocos mecanismos que existían para que estas se pudieran defender prácticamente han quedado inutilizables, alertaron ayer especialistas consultados por LA PRENSA.
Cualquiera puede estar sujeta a una auditoría de la Dirección General de Ingresos (DGI) y con ello, se abre la posibilidad, que puedan determinar el pago de un reparo fiscal, que en muchos de los casos, resultan sumamente onerosos. Pese a que los contribuyentes pueden dar la batalla administrativa y legal, en la práctica no hay mecanismos para ganar el caso y deben someterse, en la mejor de las situaciones, a negociar sumas de dinero, que rayan en la arbitrariedad. En el peor de los casos se vuelven víctimas de una confiscación disfrazada.
Róger Arteaga, exdirector de la DGI, explica que una auditoría no significa que una empresa debe impuestos o no haya pagado impuestos. La auditoría es para verificar contablemente si los ingresos y los egresos de las empresas están debidamente registrados y si las utilidades que tiene han pagado lo correspondiente al Impuesto sobre la Renta, si ha retenido IVA, y eso no se puede negar al ente estatal porque corresponde al trabajo de la fiscalización de la Administración de Renta.
El problema al que se enfrentan actualmente las empresas es la discrecionalidad, puesto que las auditorías parecieran dirigidas, y con miras telescópicas “a los enemigos, y a los amigos, los dejan tranquilos”, explica Arteaga.
Mariano Valle, propietario de canal 12 lucha en los juzgados de Managua contra un embargo de la empresa Nicavisión por 21 millones de córdobas. En 2011 y 2012 la DGI impuso un reparo por más de nueve millones de córdobas, ellos recurrieron al Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo (TATA), que en su momento falló a su favor, y redujo el monto a 24 mil dólares, unos 851 mil córdobas. Ocho años después, la DGI se avocó a la Sala Constitucional y el fallo fue anulado.
Pero tras revocarse el fallo del TATA, el Gobierno ordenó que a la deuda inicial se le añadieran los intereses acumulados desde entonces elevando la misma a 21 millones de córdobas. Este es uno de los ejemplos más públicos de estos reparos fiscales, sin embargo, no son los únicos.
Una fuente especialista en derecho tributario que prefirió no ser citada considera que los contribuyentes están en completa indefensión porque no se les reconocen los derechos, no se les admite pruebas y los están tratando de forma arbitraria. Por ejemplo, no se está respetando el periodo de prescripción de la obligación tributaria, que en el caso de la DGI es de cuatro años, y en lo concerniente a las Alcaldías de dos años.
Arteaga explica que las empresas desde que ya conocen del reparo fiscal, después de terminar la auditoría deben recurrir ante todas las instancias para reclamar cuando perciben que se está cometiendo una injusticia. Lo primero es un recurso ante el administrador de renta, si este no resuelve, tiene que ir al Director General de Ingresos, con otro recurso, y si aún no hay respuesta, recurre ante el TATA, cuyas resoluciones tienen validez. Si esa vía se agota, se va a la Corte Suprema de Justicia, y todavía queda el espacio para la negociación.
Pese a ese mecanismo, en la realidad las empresas están en indefensión. Por eso Arteaga recalca que el problema central no son los mecanismos donde las empresas se puedan amparar, ya que están contemplados en la legislación, sino que no hay seguridad jurídica. Cualquier acción de defensa de un contribuyente ante la DGI no prospera en estos tiempos.
La única forma que existe para “ganar” a la DGI
La fuente, que pidió no ser citada, explicó que todas las defensas están cerradas aunque estén en la ley. No están respetando las resoluciones del TATA, que legalmente tiene un peso superior a las autoridades recaudatorias, pero en la práctica no. Los cobros exagerados y las pocas o casi nulas posibilidades de poder objetar los reparos fiscales ha llevado a muchas empresas a realizar arreglos de pago, con los cuales no están de acuerdo, pero al final se ven obligadas a pagar algo, dijo.
Ese planteamiento coincide con una declaraciones que Arteaga dio a LA PRENSA el pasado 15 de septiembre cuando dijo que conocía de muchas empresas que viven bajo el asedio de la Alcaldía y la DGI, pero no quieren hablar por miedo a represalias. «Esto lo conocen en Amcham-Cámara de Comercio Americana de Nicaragua-, en el Cosep-Consejo Superior de la Empresa Privada. Ahí hay una cantidad de empresarios afiliados que están con la soga al cuello, pero no lo divulgan por temor a represalias, pero no es nuevo esto. Sabemos porque es un medio bien visible, pero hay empresas que están siendo asediadas”, expresó.
Pareciera mentira que en un país no haya forma que una empresa pueda ganarle al Estado cuando un pago lo considera arbitrario. Le consulto a la fuente, si hay alguna manera para que las empresas estén protegidas ante estos abusos, y la respuesta es desalentadora: “Nadie se salva, a menos que la empresa tenga influencia, es la única forma en que puede estar protegida, que le pertenezca a alguien que tenga influencia, que tenga poder y que es intocable”, expresa la fuente tributaria que pidió el anonimato.
El fantasma de la confiscación
Arteaga explicó ayer que si el Gobierno le urge los ingresos es lógico que busquen negociar con el contribuyente, pero si le quitan el medio de producción, que es la empresa en sí misma, cómo podrán solventar las deudas con la DGI, cuestiona, por ello, considera que “si la intención es confiscación, entonces eso es lo que estaría haciendo el Gobierno, confiscando de una manera disfrazada. Son confiscaciones disfrazadas”.
En el caso de Canal 12, la DGI embargó al empresario Valle cuatro propiedades, equivalentes a un millón 200 mil dólares, pese a que los 21 millones de córdobas equivalen a 600 mil dólares. A esta situación, que en todo momento, ha sido calificada como arbitraria por su propietario, se suma un nuevo reparo fiscal por 7 millones de córdobas.
El especialista citado, que pide no ser nombrado, considera este nuevo cobro como un “abuso” y explica que lo embargado tendría que ser equivalente al monto del reparo fiscal, y si fuese el caso, que las subastaran, tendrían que devolverle el restante al contribuyente.
INSS, DGA, Alcaldías también pueden hacer reparos
Los especialistas alertaron a las empresas que esta ola de persecución fiscal también puede levantarse de otras instancias estatales. Al respecto, tanto la fuente como Artega explicaron que además de la DGI, la Dirección General de Aduanas y el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social también pueden hacer reparos.
Sin embargo, se diferencian por los nombres, el de la DGA no sería fiscal, sino aduanero, y el del INSS de cotización. También está el de las alcaldías, que son reparos municipales. Todas estas instituciones del Estado están en la facultad para hacer reparos, por lo que llaman a las empresas a no bajar la guardia.
Por ejemplo, el INSS puede mandar a auditar y hacer un reparo de cotización si considera que no ha pagado el empleador. La Aduana puede hacer un reparo aduanero sobre tributos que valora no pagó el contribuyente importador, igualmente, las alcaldías.
Estas últimas también han actuado de forma arbitraria con los contribuyentes. Arteaga señala que están utilizando las instituciones del Estado como un arma política para reprimir.
Una investigación de LA PRENSA reveló que 59 empresas han recurrido ante el Concejo Municipal en Managua en los últimos dos años para tratar de revertir cobros de más de 800 millones de córdobas. Ninguna ganó un caso.
Es el caso de la esposa de Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica, Victoria Cárdenas y la madre de esta, que la Alcaldía de Managua reclama de manera repentina y arbitraria 9.5 millones de córdobas, unos 274 mil dólares en concepto de reparo. Sin espacio a una defensa, la alcaldía sandinista embargó varias propiedades de estas por un valor superior a lo que reclama en deuda impositiva, una caso similar con el propietario de Canal 12.
