La Prensa 08/10/2020
Las doce intervenciones de diputados en el Parlamento Europeo (PE), para hablar sobre las iniciativas de leyes de censura y control en Nicaragua, fueron para fustigar a la dictadura de Daniel Ortega, exigir diálogo y elecciones libres y transparentes. También se planteó enviar una misión de parlamentarios a Nicaragua. La mayoría de los exponentes apoyó la resolución que propone sanciones a Nicaragua
La resolución sobre Nicaragua, que todavía no ha sido aprobada, solo discutida esta mañana en el PE (con sede en Bruselas), exige sanciones a Ortega y a su esposa, Rosario Murillo, y «a toda su banda criminal», como lo manifestó particularmente el diputado José Ramón Bauza, quien lidera la crítica contra el régimen en ese organismo. También se pide la activación de la clausula democrática del Acuerdo de Asociación, que implica suspender a Nicaragua de ese acuerdo.
«En el año 2012 nos comprometimos. sobre todo los demócratas del Parlamento Europeo, a suspender el Acuerdo de Asociación, sobre todo si no se cumplían los derechos humanos, si no se cumplía la democracia. Cuántos muertos, cuántos exiliados debe haber en Nicaragua para que nos sigamos avergonzando y nos indignamos. Señoras y señores, si Ortega y Murillo quieren seguir robando lo poco que le queda al pueblo de Nicaragua, que no sea con nuestra connivencia», expresó Bauza.
El eurodiputado explicó que Nicaragua se encuentra en este momento «en un punto de inflexión» por aproximarse su año de elecciones presidenciales, en noviembre de 2021. En ese sentido Bauza dijo que el país solo puede tomar dos caminos: las reformas electorales o más fraudes.
»O viene el camino de las reformas y el compromiso para llevar a unas elecciones libres y transparentes en el 2021; o viene el camino que ha seguido Ortega que los lleva a una elección con fraude electoral. Por lo tanto, no nos engañemos. ¿Qué pensamos que va a ocurrir a Nicaragua si se cierra la vía democrática? Es que no hemos aprendido lo suficiente de lo que ha pasado en Venezuela. Con esta resolución mandamos un mensaje nítido y claro al alto representante y al Consejo: En Nicaragua debe haber un cambio democrático ya. Y de lo contrario, si no lo hay, tiene que haber consecuencias. Si Ortega prosigue su ataque a la democracia y los derechos humanos, debe actuar rápidamente, de una manera contundente y nítida, la Unión Europea».
La diputada Izaskun Bilbao Barandica expresó su apoyo al envío de una delegación a Nicaragua «en cuanto sea posible».
«Los acuerdos alcanzados en 2019 para buscar una salida pacífica, dialogada y duradera a una crisis sin precedente, organizar unas elecciones libres y reanudar la convivencia han quedado en aguas de borraja y la responsabilidad del fracaso es de quienes promueven leyes como la regulación de los llamados agentes extranjeros o la que bajo la excusa de combatir el cibercrimen, santifica la censura, ambas, flagrante violación de principios democráticos básicos y de tratados internacionales firmados por Nicaragua. Ambas profundizan en la deriva represiva denunciada por todo tipo de organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos. Por eso, apoyo y solidaridad a las víctimas de represión, además, apoyo las sanciones contra los jerarcas de este régimen criminal y el envío de una misión parlamentaria ahí en cuanto sea posible», dijo Barandica.
Leyes de censura y control
La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el orteguismo, está tramitando la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, que según sus objetivos pretende «poner fin a la injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua», pero para la crítica lo que en realidad busca es una réplica del modelo cubano de control, criminalización y espionaje financiero contra los grupos adversarios o críticos al orteguismo, con el fin de silenciarlos, de cara a debilitar a la oposición para unas eventuales elecciones nacionales en 2021.
Los diputados orteguistas también están tramitando la aprobación de la Ley Especial del Ciberdelito, llamada por la crítica «Ley Mordaza», porque pretender el control de las redes sociales y establecer penas de uno a ocho años de cárcel por hacer publicaciones contra el gobierno.
