La Prensa 28/01/2021
A casi dos años de la reforma a la Ley de Concertación Tributaria, que extrajo de la economía en el primer año de vigencia unos 231 millones de dólares, equivalentes a unos 7,855 millones de córdobas, el sector privado no pierde la esperanza de que dicho ajuste que se aplicó en un contexto de recesión, pueda ser revisado y modificado por el régimen de Daniel Ortega. Economistas creen que hoy es el momento de hacerlo, porque las condiciones financieras del Gobierno han mejorado.
Desde que el proyecto llegó a la Asamblea Nacional, un 28 de enero del 2019, es decir un día como hoy hace dos años, el contenido de la misma provocó rechazo masivo entre las organizaciones empresariales, quienes advirtieron del impacto negativo de la misma en la economía, que cayó en crisis en abril del 2018, a raíz de protestas contra una reforma paramétrica en la Seguridad Social y que derivó en una represión estatal que le costó la vida a más de 328 nicaragüenses, según organizaciones de derechos humanos internacionales.
Pero Ortega no escuchó y tras hacer modificaciones ligeras al proyecto inicial, la aplanadora sandinista aprobó el paquetazo fiscal un 27 de febrero de ese año. La aplicó sin consenso con el sector privado, al que ya había advertido que le pasaría la factura de las pérdidas económicas, luego de toda la alianza que mantuvieron por casi una década.
«Las medidas fiscales eran duras, altamente exigentes», las describiría casi dos años después el asesor para Asuntos Económicos de la Presidencia, Bayardo Arce, quien el 23 de diciembre, en pleno descanso de Navidad y Fin de Año, dejó entrever que en el 2021 la misma podría ser revisada.
Esa señal enviada por Arce sobre la posibilidad de una revisión de la reforma fiscal avivó la esperanza del sector privado, que durante estos últimos 22 meses de vigencia del paquetazo fiscal no ha dejado de insistir en que se reviertan varios cambios hechos en la misma para recuperar el empleo e intentar retornar al crecimiento económico, tras tres años de recesión.
Arce dijo que el Gobierno no tuvo otra alternativa que aplicar y prolongar esa reforma fiscal porque «no esperaban un acto tan canalla de bloqueo contra el país, pero el bloqueo (financiero) se dio y no nos quedó más que ir prolongando esa política fiscal».
Si bien el panorama financiero externo ha mejorado bastante para el régimen de Ortega, luego de la pandemia y el impacto de dos huracanes en categoría cinco, esto podría ser momentáneo, porque en Estados Unidos sigue vigente la Nica Act, que solo permite el acceso a fondos con fines humanitarios.
Altas posibilidades
Aun así, ¿qué posibilidades hay de que el régimen de Ortega ceda?, ¿qué quieren cambiar los empresarios de la reforma a la Ley de Concertación Tributaria? y ¿cómo cerrar ese hueco fiscal si se revierte la medida?
“Si la economía comienza a recuperarse en 2021, debido al gasto de inversión pública posibilitado por los préstamos masivos aprobados, el crecimiento continuado de las remesas y la recuperación de las exportaciones de zonas francas, la revisión de la reforma de 2019 podría ser compensada por la mejoría en la recaudación debido a la recuperación de la actividad económica”, expresó un economista, quien prefiere no ser citado por temor a represalia gubernamental.
En esa misma línea, Róger Arteaga, extitular de la Dirección General de Ingresos (DGI), explica que este año el Gobierno tiene margen para ajustar esa reforma con los fondos frescos que ha recibido.
“A los ingresos (fiscales en el Presupuesto 2021) hay que sumarle los desembolsos de ayuda presupuestaria que están programados para el 2021 y esa suma sería a lo que se apuntaría para rebajar la reforma fiscal al sector privado, es decir sustituir con fondos frescos el hueco presupuestario y ver cuánto de eso se puede utilizar para disminuir la carga que ha generado esa reforma”, sostuvo.
En el último año el Gobierno logró contratar casi mil millones de dólares en recursos frescos, cuatro veces más que el rendimiento que le dejó la reforma tributaria en el primer año de vigencia.
Arteaga manifestó que hay margen y formas para aplicar un ajuste positivo en la Ley de Concertación Tributaria, pero todo va a depender de la voluntad del Gobierno, que este año, si finalmente aplica las reformas electorales necesarias y permite a la población elegir libremente, en noviembre se estaría jugando su permanencia en el poder.
Eso sí, Arteaga advirtió que si la revisión se llega a concretar, los cambios no deben solo beneficiar al gran capital, sino a todos de manera justa.
Leonardo Torres, presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), sostuvo que la reforma no puede revertirse, sin embargo hay algunas medidas que pueden ajustarse, lo que puede ayudar a mejorar la competitividad.
“Hay que revisar todos los sectores, cuáles han sido los más afectados, a quién le chimó más el zapato y en dependencia de eso hacer el ajuste, no puede ser parejo, debe ser diferenciado, yo creo que dos sectores que necesitan un alivio es el turismo y el agropecuario”, dijo Torres.
Estas son las principales medidas el que el sector empresarial demanda que se hagan ajustes tributarios:
1. Porcentaje del Pago Mínimo Definitivo a cuenta del IR
De entrada, el mayor interés de los empresarios estaría puesto en revisar el cambio en las alícuotas del Pago Mínimo Definitivo, que pasó de 1 por ciento en general a 2 y 3 por ciento, según el tamaño del contribuyente. Solo las pequeñas empresas continuaron enterando a la Dirección General de Ingresos (DGI) el 1 por ciento mensual. Esto habría ocasionado afectación en la liquidez de las empresas, en momentos en que la demanda interna está por el suelo.
Carmen Hilleprandt, presidenta de la Cámara de Comercio y Servicio de Nicaragua (CCSN), manifestó que desde que se aplicó ese cambio las empresas no han podido reinvertir y eso a su vez afectó el empleo. “Incluso hay empresas que me han dicho que han tenido que hacer préstamos para tener que pagar el IR, eso te da una idea de la situación, pero además esto ha afectado la generación de empleos, al final el no tener liquidez es grave para una empresa”, dijo.
La líder del sector comercio planteó que las empresas podrían pagar el 1.5 por ciento sobre su renta bruta anual gravable , “puesto que la mayoría de las empresas están en modo de supervivencia y el sector resiente los tres años continuos de recesión, además el Gobierno ha recibido recursos”. Es decir, elevar la alícuota de 1 por ciento original a 1.5 por ciento.
La industria también está golpeada y no estaría dispuesta ni siquiera a un aumento de 0.5 puntos en la alícuota original. Marcos Pierson, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin), explicó que al sector lo que más le afectó fue el aumento del PMD y señala que lo más saludable es que la misma retorne al 1 por ciento, porque las empresas están mal financieramente.
2. El ajuste del ISC (Impuesto selectivo al Consumo) a los productos industriales
Otro cambio que quieren los empresarios es la revisión del aumento de la carga impositiva de los productos industriales como cigarrillos y derivados del tabaco, bebidas alcohólicas, azucaradas, energizantes, entre otras mercancías suntuarias, contaminantes o de muy bajo valor nutricional.
La justificación del régimen es que estos productos son “perjudiciales a la salud de nuestra población y al medioambiente”. Por ejemplo en el caso del cigarrillo antes de la reforma, estaban sujetos al Impuesto Específico al Consumo de Cigarrillo (IEC) y por cada mil unidades, las empresas pagaban al Fisco 644.38 córdobas. Cada año este impuesto era actualizado según el deslizamiento y el comportamiento de la inflación.
Pero tras la reforma, el Impuesto Específico al Consumo de Cigarrillos y otros productos del Tabaco (IECT) se elevó a dos mil córdobas por cada mil unidades en 2019; en el 2020 subió a 2,500 córdobas y este 2021 alcanzó los 3,450 córdobas por cada millar, lo que significa un incremento acumulado de 435.39 por ciento.
Al respecto British American Tabacco (Batca), que abastece el 92 por ciento del cigarrillo que consume el mercado nicaragüense, señaló que en consecuencia al ajuste fiscal la participación de mercado de las marcas ilegales pasó del 4 al 65 por ciento y la tendencia va al alza, lo que también afecta al régimen.
En el caso de las bebidas la situación también es compleja, puesto que antes los importadores pagaban el impuesto sobre el cargamento total de bebidas en cada importación, pero con la reforma se ordenó que este debe aplicarse sobre el precio al detalle de cada uno de estos productos, el cual debe ser establecido por el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide), pero como este ente no tenía los precios al detalle, la Dirección General de Asuntos Aduaneros (DGA) antojadizamente aumentó las retenciones hasta un 200 por ciento.
La reforma a la Ley de Concertación Tributaria establece que la “importación de jugos, refrescos, aguas gaseadas y aguas gaseadas con adición de azúcar o aromatizadas y bebidas energéticas, la base imponible será el precio al detallista”.
3. La afectación al sector productivo
Un tercer cambio que quieren los empresarios es la revisión de las exoneraciones al sector privado. Por año los insumos agrícolas recibían alivio fiscal casi de manera general y se canalizaba a través de los importadores, sin embargo tras el ajuste, el Gobierno lo limitó a una lista taxativa de 18 bienes agrícolas, que para acceder ahora el productor debe hacer el trámite directo con los entes gubernamentales correspondientes, lo que vuelve más engorroso el procedimiento.
Es decir que los productores, incluidos los de cultivos que no son para la exportación, comenzaron a pagar IVA, ISC y DAI en la compra de agroquímicos, como plaguicidas, fungicidas, herbicidas, abonos, fertilizantes, así como por las semillas, entre otros. Eso ocasionó un aumento en los costos de producción.
Pero también con la reforma se derogó del artículo 127, numeral 16, gravando las maquinarias agrícolas, repuestos y llantas. Eso provocó un encarecimiento en las maquinarias y una depresión mayor en las ventas, pero además creó un rezago en la tecnificación agropecuaria.
Álvaro Vargas, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), manifestó que tras la reforma el sector de agroexportación perdió competitividad, asimismo el pequeño productor se vio afectado porque tuvo que asumir el encarecimiento de los productos porque el mecanismo de exoneración se volvió engorroso.
Vargas señala que el sector agropecuario necesita que vuelvan las exoneraciones puesto que el crecimiento que hoy se observa es producto de inversiones pasadas y el sector ya no tiene capacidad para crecer si no tiene un alivio fiscal, como el que se tenía antes del 2019.
4. La industria y el encarecimiento de la canasta básica
Quizás uno de los cambios de mayor impacto a la población y la industria pequeña fueron los realizados en los numerales 5, 6, 7 y 10 del artículo 127 de la LCT reformada. Con ello, se gravó la producción nacional de papel higiénico, jabones de lavar y baño, detergentes, pasta y cepillo dental, desodorante, escoba, cerillos o fósforos y toalla sanitaria, que son parte de la canasta básica de los nicaragüenses.
También se comenzó a pagar IVA por la producción nacional de pantalones, faldas, camisas, calzoncillos, calcetines, zapatos, chinelas, botas de hule y botas de tipo militar con aparado de cuero y suela de hule para el campo, blusas, vestidos, calzones, sostenes, camisolas, camisolines, camisetas, corpiños, pañales de tela, y ropa de niños.
«Creo que debe darse una revisión integral, sobre todo para devolver el poder adquisitivo a la población en este tiempo de recesión, más cuando ha crecido el desempleo», dijo Pierson.
