La Prensa 22/06/2021
El pasado 11 de junio, unos 300 campesinos de los barrios Anexo 19 de Julio, barrio Los Ángeles y la comunidad Terciopelo, en el municipio de Rosita, Caribe Norte de Nicaragua, denunciaron haber sido despojados de sus tierras por parte de la empresa minera de origen chino, Santa Rita Mining My Company SA, en contubernio con la Policía orteguista y Alcaldía Municipal, que autorizó la usurpación de las propiedades, según denunciaron afectados de la zona y Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río.
Según la denuncia, el pasado 3 de junio la empresa minera firmó un acuerdo con los campesinos ante la Alcaldía Municipal de Rosita, el cual establecía que ninguna de las viviendas existentes que ya están habitadas serían desalojadas. En el caso de los «predios baldíos» donde la empresa pretende expandirse, se acordó que los campesinos que se consideren dueños de los mismos presentaran la documentación ante la Alcaldía y esta los presentaría a la compañía para así llegar a una negociación con la empresa china.
Sin embargo, de manera sorpresiva, denuncian los afectados, la empresa de origen chino, en conjunto con la municipalidad y la Policía, sin previo aviso o cierre de negociación con los campesinos, comenzó a cercar las propiedades de los afectados y a meter maquinaria para despejar el lugar, pese a que los campesinos habían demostrado ser dueños legítimos.
LA PRENSA se comunicó con Fermín Romero, alcalde de Rosita, para conocer su versión sobre dicha acusación, sin embargo, en un primer intento el funcionario cortó la llamada tras conocer que se trataba de este medio. En un segundo intento Romero contestó y dijo escuetamente que no conocía dicha información, y acción seguida colgó.
«Se acuerda que la Alcaldía de Rosita recepcione la documentación de los terrenos baldíos que son del interés de la empresa. Las personas que se consideren dueños de dichos terrenos llevarán a la Alcaldía la documentación y luego la Alcaldía entregará a la empresa dicha documentación para luego llegar a entendimiento entre la empresa y las personas que se consideren dueños», reza el acuerdo con fecha del 3 de junio.
«Había una comisión con la empresa china y la verdad no cumplieron con lo que establecía el acuerdo. La Alcaldía fue la que aprobó esa concesión minera para que la empresa hiciera eso. A nosotros no nos ofrecieron nada, ni notificación recibimos, solo vinieron a cercar», denunció a LA PRENSA Kenia Romero, una de las afectadas por el despojo de sus tierras.
«Manipulación mediática»
Por su parte Aníbal Matus, representante legal de la empresa, al ser consultado sobre estas denuncias, prefirió no referirse al caso y solo dijo que esto se trata de una «manipulación mediática» propiciada por el campesino Francisco Manzanares para crear conflicto. A su vez lo denunció de amenazar de muerte a varias mujeres indígenas de la comunidad Bambana Kakamuslaya.
«Primero aclarar que no son familias. Hay un conflicto en donde está inmersa la comunidad indígena Bambana Kakamuslaya, donde un abogado de nombre Francisco Manzanares, que es el que ha querido hacer una manipulación mediática, sacó una arma y un cuchillo y amenazó a más de 10 mujeres indígenas de esa comunidad y les dijo que las iba a matar como perras y a raíz de eso se ha dicho que hay una empresa», dijo Matus sin ahondar en mayores detalles sobre la denuncia del despojo de tierras por parte de la empresa china.
En días anteriores, Matus refirió a la plataforma digital Nicaragua Actual que «la empresa goza de derecho y dominio desde hace 40 años sobre la propiedad y que varias personas de las que estaban en esos terrenos habían realizado apología del delito al llamar a la violencia».
Denuncian indefensión
El pasado 11 de junio, el campesino Francisco Manzanares, uno de los afectados mencionados por Matus, a través de una transmisión en Facebook, encaró a los hombres que cercaban su propiedad y a la misma Policía que resguardaba a los trabajadores. En el video se aprecia que Manzanares, quien también es abogado, reclamaba el despojo de sus tierras argumentando que es una herencia de su padre a sus hijos.
«Hemos logrado sobrevivir con estos pastitos, hemos luchado por tener algo en la vida, pero de la noche a la mañana se aparecen los chinos y se nos roban lo poquito que tenemos (…) el Estado de Nicaragua nos ha dejado en indefensión. Todos somos rositeños, esta es mi prioridad, dame una orden, es mi derecho reclamar, disparame si querés. Se están robando mi propiedad en complicidad de la Policía», encaró Manzanares a los efectivos de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP) de la Policía quienes estaban fuertemente armados.
De acuerdo con Kenia Romero, también afectada, el 11 de junio, cuando se dio el despojo de las tierras, la Policía se había llevado detenido al menos a una decena de campesinos —entre ellos Francisco Manzanares— quienes reclamaban la apropiación de sus terrenos.
«Ese día echaron presos a 12 personas por reclamar, nosotros botamos los cercos y la Policía golpeó a varios. Ellos argumentan que son terrenos baldíos, pero no, son propiedades nuestras, hay ganado ahí. Actualmente los soltaron a todos, pero bajo la condición de procesados, en casa por cárcel, por supuestas amenazas e invasión de propiedad privada, cuando los dueños somos nosotros», denunció Kenia.
En monitoreo constante
Amaru Ruiz, ambientalista y presidente de la Fundación del Río, afirmó que como organismo están monitoreando de cerca la situación en esta zona. Agregó que existe una preocupación por el aumento de la actividad minera en zonas indígenas y de áreas protegidas.
«Damos seguimiento a esta situación que pone en peligro los ecosistemas, pero también lo que estamos viendo es que hay un nivel de uso de la fuerza desproporcionado y violación de derechos humanos ya que no respetan la propiedad de las personas y se generan estos procesos de expropiación. La empresa china debe de asumir una posición alrededor de la situación que está ocurriendo en la zona», manifestó el ambientalista.
Hasta este lunes, según afirmó Kenia, los trabajadores contratados por la empresa china dejaron de cercar las propiedades, aunque no han retirado las vallas de las propiedades de campesinos afectados. Dice que la empresa china está buscando cerrar negociaciones con al menos dos familias que sí han accedido a que les paguen sus tierras.
