La Prensa 08/07/2021
La Resolución aprobada por el Parlamento Europeo (PE) este jueves, que pide «ampliar rápidamente» la lista de personas y entidades que deben ser objeto de sanciones, incluidos el presidente y la vicepresidenta de Nicaragua, y su círculo cercano, ya está en manos del Consejo de la Unión Europea (instancia del Ejecutivo) y sus 27 Estados miembros, quienes tienen la potestad de hacer cumplir lo que se demanda en el documento.
El texto fue aprobado y respaldado con 629 votos a favor de los 705 miembros (eurodiputados) del PE, quienes representan a todos los países de la Unión Europea. En materia de asuntos exteriores, la función del Parlamento Europeo es hacer presión política, pero no tiene poder legislativo para ejecutarla. Es decir, que el siguiente paso lo deberá dar el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, o bien el Ejecutivo, que es la única instancia que puede hacer cumplir dicha Resolución.
«El Parlamento Europeo vuelve a cumplir con su función de ejercer presión política sobre Borrell y el Consejo, que es a quienes corresponde actuar en este momento, así como mostrarle al pueblo nicaragüense la solidaridad de 450 millones de europeos», dijo el eurodiputado español José Ramón Bauzá.
El parlamentario a la vez alertó que «si se produce finalmente el fraude electoral (en Nicaragua) el Consejo tendrá que dar explicaciones de su pasividad».
En espera del trabajo de la diplomacia
Para el abogado nicaragüense y experto en derecho internacional, Harold Rocha, la Resolución del PE tiene impacto en varios ámbitos, en el Servicio Exterior Europeo, la Oficina del Alto Representante para Política Exterior, la Comisión Europea y los gobiernos de cada uno de los 27 Estados miembros, y que a su juicio «seguramente tomarán nota del contenido sustancial de la Resolución y actuarán para acatar los llamados de la parte resolutiva».
Además señaló que «hay que recordar que hay una estrategia coordinada de respuesta de varios países y organismos en relación a Nicaragua, por ejemplo Canadá, Estados Unidos y otros. Es de esperar que ellos también tomen nota de la Resolución y adopten medidas acordes».
Al respecto, el exembajador de Nicaragua y analista político, Mauricio Díaz, manifestó que hay varios aspectos importantes producto de esta Resolución, «lo primero es que están subiendo el nivel de presión, hablando de crear una misión de alto nivel, que sería integrada por los representantes de los jefes de Estados, pero también está hablando de sanciones. Pero mejor dejemos que trabaje la diplomacia, esperemos a ver qué pasa, no hay que adelantarse a los acontecimientos», se limitó a opinar el exdiplomático.
Estas son las demandas del Parlamento Europeo sobre Nicaragua:
- Solicita la puesta en libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos detenidos de forma arbitraria, incluidos los candidatos a la Presidencia y dirigentes políticos.
- Pide que el Gobierno de Nicaragua levante el estado de sitio de facto, respete la función de la policía como una fuerza no política, no partidista y no deliberativa y desarme a las fuerzas paramilitares.
- Reitera su llamamiento para que se restablezcan un diálogo integrador y la democracia como única salida pacífica a la crisis política, económica y social que atraviesa Nicaragua.
- Insta a las autoridades nicaragüenses a que modifiquen inmediatamente la Ley Electoral de conformidad con los parámetros internacionales solicitados por la Organización de Estados Americanos (OEA) en su Resolución del 21 de octubre de 2020.
- Condena la adopción y aplicación de las leyes restrictivas y punitivas, y reclama su derogación inmediata.
- Reitera su llamamiento a las autoridades nicaragüenses para que permitan un acceso sin trabas a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (Oacnudh), a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y demás organismos defensores de derechos humanos internacionales, y a que se restablezca inmediatamente la personalidad jurídica de las organizaciones de defensores de los derechos humanos, como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
- Pide al Gobierno de Nicaragua que cree una unidad de investigación independiente en la que participen expertos internacionales para supervisar las violaciones graves de los derechos humanos cometidas durante la represión de 2018 y con posterioridad.
- Pide al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y a sus Estados miembros que desempeñen un papel activo en la defensa, protección y promoción de la democracia y la defensa de los derechos humanos en Nicaragua.
- Pide al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que establezca la coordinación necesaria con la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. con el fin de garantizar la seguridad financiera internacional frente a las operaciones ilícitas del régimen Ortega-Murillo y sus colaboradores, así como sus relaciones comerciales y activos en diversos países europeos; subraya que Nicaragua figura en la lista negra del GAFI desde octubre de 2020.
- Pide al Consejo y a los Estados miembros que amplíen rápidamente la lista de personas y entidades que deben ser objeto de sanciones, incluidos el presidente y la vicepresidenta de Nicaragua y su círculo de allegados.
- Pide que la Conferencia de Presidentes envíe una misión de investigación a Nicaragua, en la que participe su Delegación para las Relaciones con los Países de la América Central, con el fin de evaluar la situación política y de los derechos humanos.
