La Prensa 02/08/2021
El Consejo de la Unión Europea (UE) sancionó este lunes 2 de agosto a ocho funcionarios del régimen de Daniel Ortega entre ellos; la vicepresidenta designada, Rosario Murillo; el hijo de la pareja presidencial, Juan Carlos Ortega Murillo; la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos, acusados de ser «responsables de graves violaciones de los derechos humanos o de acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua».
Los demás sancionados son, el asesor económico de Daniel Ortega, Bayardo Arce; la fiscal general de la República, Ana Julia Guido; el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; el comisionado general de la Policía y jefe departamental de León, Fidel Domínguez y el jefe del Departamento de Vigilancia y Patrullaje de la Policía, Juan Valle Valle.
El órgano del Ejecutivo y sus 27 Estados miembros, con la adopción de dichas medidas restrictivas, tras la aprobación de 629 —de los 705 miembros— del Parlamento Europeo, de la Resolución sobre la crisis sociopolítica y de derechos humanos en Nicaragua, en la que demandan sanciones directas y a lo inmediato para Ortega, Rosario Murillo y su círculo íntimo, eleva la cantidad de funcionarios sancionados por la UE a 14.
Nicaragua: reacting to deteriorating political situation 🇪🇺 imposed #sanctions on 8 individuals responsible for human rights violations & undermining democracy. Recent developments go against basic democratic principles & violate rights of 🇳🇮 people https://t.co/3xrGmqWCAC
— Peter Stano (@ExtSpoxEU) August 2, 2021
Murillo junto a su hijo Juan Carlos, Gustavo Porras, Juan Valle Valle, Ana Julia Guido, Fidel Domínguez, ya habían sido sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y de la misma manera por Canadá, excepto el hijo de la pareja dictatorial.
Los alcances de las sanciones
Como alcances de las sanciones, a los funcionarios del régimen orteguista se les inmoviliza sus bienes y, además, los ciudadanos y las empresas de la UE están sujetos a la prohibición de poner fondos a su disposición. Asimismo, están sujetas a una prohibición de viajar, lo que les impide entrar al territorio de la UE o transitar por él.
La UE aclaró que las sanciones «van dirigidas contra personas y están concebidas de modo que no perjudiquen a la población ni la economía nicaragüenses».
El por qué de las sanciones
Uno de los principales motivos de las sanciones, según la UE, es porqué la situación política en Nicaragua se ha deteriorado aún más en los últimos meses. «El uso político del sistema judicial, la exclusión de candidatos de las elecciones y la inhabilitación arbitraria de los partidos de la oposición son contrarios a los principios democráticos básicos y constituyen una grave violación de los derechos del pueblo nicaragüense», afirma la UE.
Añade además que lo mencionado anteriormente «socavan aún más la credibilidad del proceso electoral, ya obstaculizado por una reforma electoral que no cumplió con las recomendaciones de las misiones de observación electoral de la OEA y la UE».
Además subraya que «lamentablemente» la detención de un séptimo posible candidato presidencial, en alusión a Noel Vidaurre, el pasado fin de semana «ilustra la magnitud de la represión en Nicaragua y proyecta una imagen inquietante para las próximas elecciones».
Por ello, la UE condena firmemente la represión sistemática por parte de las autoridades nicaragüenses y a la vez, les insta a que deroguen leyes restrictivas, entre ellas la Ley de regulación de los agentes extranjeros, y reclama la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos, así como el pleno respeto de los derechos humanos y los derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos nicaragüenses.
Seis funcionarios ya sancionados
El pasado 4 de mayo de 2020, la UE sancionó al subdirector de la Policía, Ramón Avellán; la exministra de Salud y asesora presidencial, Sonia Castro; el director de la Policía, Francisco Díaz; el asesor presidencial, Néstor Moncada Lau; y los comisionados generales Luis Pérez Olivas y Justo Pastor Urbina. Los sancionados fueron acusados de cometer graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Los seis funcionarios ya han sido sancionados previamente por Estados Unidos.
La Resolución del PE
El jueves 8 de julio, 629, de los 705 miembros del PE, aprobaron y respaldaron una nueva Resolución de cara a presionar al régimen de Daniel Ortega para que cambie el rumbo del país, que ya se encamina a su cuarto año consecutivo de crisis y dé paso a elecciones libres, justas y transparentes bajo los estándares interrelaciones, como única salida cívica y pacífica.
Los eurodiputados piden al Consejo de la UE «ampliar rápidamente la lista de personas y entidades que deben ser objeto de sanciones, incluidos el presidente y la vicepresidenta de Nicaragua y su círculo de allegados».
También reiteran su llamado para que «ante las circunstancias actuales se active la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación (AdA) entre la Unión Europea y Centroamérica, hasta que la dictadura cese la represión y las detenciones arbitrarias de dirigentes opositores». Además los principales grupos políticos del PE demandaron la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, incluidos los seis precandidatos presidenciales.
