La Prensa, 3 de agosto 2021
Cuando Ortega retomó el poder en el 2007, Arce se convirtió en su principal asesor económico, estando al frente de las negociaciones más importantes del Gobierno, incluida la relación con el Fondo Monetario Internacional. Analistas explican qué pasará ahora tras la sanción de la UE
Las sanciones internacionales volvieron este lunes a golpear el corazón del gabinete económico de Daniel Ortega, luego que la Unión Europea (UE) impusiera sanciones a Bayardo Arce Castaño, uno de los principales asesores económicos del régimen y que hasta ahora había estado fuera del radar de las potencias económicas que están presionando a la dictadura para que en Nicaragua haya una transición democrática.
De esta manera, los principales funcionarios que integran el gabinete económico de Ortega están quedando seriamente limitados en sus funciones, especialmente la capacidad de estos de relacionarse con los organismos financieros internacionales, que han sido fuente clave de recursos para la dictadura en la última década.
El gabinete económico de Daniel Ortega está conformado, entre otros funcionarios, por Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público, sancionado el 22 de mayo del 2020; Ovidio Reyes, presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), sancionado el 9 de junio de 2021; el diputado Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto y sancionado el 21 de diciembre de 2020; Laureano Ortega, asesor de inversiones, sancionado el 17 de abril del 2019; y Bayardo Arce, asesor económico, sancionado este 2 de agosto.
Hasta ahora dentro de dicho gabinete solo queda Orlando Solórzano, titular del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, que no está en la lista de los castigados por Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Reino Unido, que son las naciones que han venido castigando a los funcionarios orteguistas que han jugado un papel clave en la represión y que son señalados de diseñar el sostén financiero de la dictadura.
Arce, que hasta el 2018 era una de las figuras más activas y polémicas dentro del gabinete económico y financiero del Gobierno, había mantenido un perfil relativamente bajo en el contexto de la crisis política. Había reducido drásticamente su presencia mediática y su última aparición fue en diciembre del año pasado, cuando anunció que el Ejecutivo este año iba a revisar la reforma tributaria de 2019, la que admitió había sido «altamente exigente», algo que hasta ahora no ha ocurrido, pese a que la misma ha asfixiado a las empresas.
Sin embargo, la Unión Europea reveló ayer en su comunicado que Arce fue uno de los promotores de la ley que impide a los candidatos de la oposición a participar en las elecciones de noviembre próximo. “En su cargo de asesor económico del presidente Daniel Ortega, Bayardo Arce Castaño tiene una influencia significativa sobre las políticas del régimen de Ortega. Por tanto, se le asocia como responsable de graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Apoyó el desarrollo de una legislación que impida a los candidatos de la oposición participar en las elecciones. Por tanto, es responsable de la represión contra la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua”, detalla el comunicado de la Unión Europea.
Este lunes la UE sancionó a ocho personas y ahora son en total catorce a las que se aplican medidas restrictivas. “Quienes figuran en la lista de sanciones son objeto de una inmovilización de bienes y, además, los ciudadanos y las empresas de la UE están sujetos a la prohibición de poner fondos a su disposición. Asimismo, están sujetas a una prohibición de viajar, lo que les impide entrar al territorio de la UE o transitar por él”.
Luis Fley, presidente del movimiento político opositor Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), manifestó que las sanciones impuestas a Arce por la UE llaman mucho la atención.
“Resulta interesante porque Estados Unidos no había sancionado a Bayardo, creo que tal vez porque hasta cierto punto era quien participaba y tenía comunicación con los norteamericanos y eso fue un punto a su favor, pero ahora quedó en la mira, como dicen. Creo que él es un tipo hábil, se sabe manejar y no exponerse, pero es un maquiavélico y ahora está más expuesto y EE. UU. tendrá que imponerle sanciones porque si no lo hace, parecerá que lo está encubriendo”, dijo Fley.
Por su parte un economista, que prefirió fuera omitido su nombre, se refirió a Arce como un negociador, “un gestor con mucha experiencia y habilidades que no las tiene otras personas del régimen». Es un personaje que se «mueve en la sombra con muchos vínculos personales y empresariales vinculados al FSLN”.
De hecho, durante la especie de «luna de miel» que Ortega mantuvo con la empresa privada, Arce fue el principal enlace entre la dictadura y el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep). Era el puente para llegar a Ortega.
Arce, un gestor de inversiones en Europa
Cuando Ortega retomó el poder en el 2007, Arce se convirtió en su principal asesor económico, estando al frente de las negociaciones más fuertes, en las que se destacan sus negociaciones con la empresa distribuidora de energía Unión Fenosa, de tal manera que desde el 2007 hasta el 2012 viajó constantemente a España para negociar con esta empresa.
Una vez resuelto el problema con la empresa distribuidora de electricidad, Arce siguió viajando a Europa como enviado especial del Gobierno para atraer inversión extranjera. Exactamente en octubre del 2016 se reunió con representantes del Gobierno, con políticos y con inversionistas privados españoles, detalla la agencia Acan-Efe en la nota titulada “Asesor nicaragüense se encuentra en España para atraer inversiones”. Tras las sanciones, a la luz de lo anunciado ayer por la UE, esto ya no será posible.
En abril del 2018, Arce brindó a la periodista Patricia Janiot de Univisión una entrevista, donde admitió que hacer la reforma a la seguridad social sin consenso con el sector empresarial fue un error, pero justificó el actuar de la Policía orteguista, que en ese momento tenía una férrea represión en las calles contra los que demandaban una transición democrática.
Luego en el 2019, reapareció para fustigar las sanciones impuestas por Estados Unidos a altos funcionarios nicaragüenses de Daniel Ortega. Ya en las calles había corrido demasiada sangre, al menos 328 nicaragüenses habían sido asesinados, según registros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Se han preguntado alguna vez si esos sancionados fueron investigados, si hay una acusación, ¿se le dio derecho a la defensa?, porque es el principio internacional de derecho a la justicia, uno de ellos es que toda persona se considera inocente, mientras no se le haya demostrado culpabilidad, eso pasa por un juicio, pero no allá un funcionario del Tesoro (de los Estados Unidos), dice, no, fulano es corrupto y violó los derechos humanos”, se quejó Arce en esa ocasión.
Cuando reapareció en el 2020 y tras la imposición de una reforma fiscal y otra a la seguridad social, aún más draconiana que la de 2018, Arce dijo que “(las sanciones a los funcionarios) son canalladas, son actos perversos”, y defendió a los sancionados alegando que no se les da el principio de presunción de inocencia ni el “principio universal a la defensa”.
¿Qué dificultad enfrentan los sancionados para hacer su trabajo?
El economista y sociólogo Óscar René Vargas señaló que las sanciones que impuso la Unión Europea son medidas individuales contra cargos del gobierno y consisten en prohibiciones de viaje y bloqueo de activos en Europa. “Es decir, solamente le pone presión al régimen”.
“La experiencia nos indica que las sanciones individuales solamente ponen presión internacional al régimen, pero no lo obliga a nada. Por lo tanto, no tienen ningún efecto concreto en la política económica. Ortega-Murillo sabe, por la experiencia venezolana, que las sanciones no botan gobiernos. Por lo tanto, no son efectivas, más bien han servido de justificación para incrementar la represión en contra del pensamiento crítico. Mientras algunos poderes fácticos y los partidos políticos comparsas o zancudos acompañen la estrategia del régimen, la dictadura permanecerá en el poder”, asegura Vargas.
Quedan como figuras decorativas
Aunque está consciente que una vez que caen las sanciones en uno de sus funcionarios, lo mantienen en sus funciones, oficialmente le dan el cargo a otra persona para que sea la representante de dicha institución, puesto que estas personas ya no pueden representar al país en el exterior porque tienen sus funciones limitadas.
Un economista que había pedido fuera omitido su nombre señaló que “estas sanciones de la UE, como las que ha promovido EE. UU., son de carácter individual, es decir, que la personas sancionadas no pueden viajar a los países que emitieron las sanciones, que tendrán impedimentos como funcionarios para ejercer representaciones públicas o derivadas en organismos internacionales. Ejerce dificultades lógicamente para ellos, porque se les cierra el espacio y la amplitud de sus actividades como funcionarios del Gobierno, representantes y administradores o gestores de actividades específicas del Gobierno y propias. Además, son restricciones que tendrán que vivir con ellas, independiente de que se mantenga en el actual gobierno o haya un cambio en el futuro”.
Sin embargo, explica que “estas personas sancionadas pueden delegar sus funciones operativas en otras personas sin ningún problema a través de figuras o suplantadores, o sea los denominados testaferros, dependiendo del grado de importancia que representa esta persona para el Gobierno. El efecto de la medida tiene un componente de entorpecimiento de actividades y estigmatizar a estas personas de forma grave, tanto para su gestión pública como personal e incluso familiar”.
En tanto, Fley considera que estas sanciones son individuales y no afectan al país, sino que son dirigidas a personas que forman parte del engranaje del Gobierno y la idea es castigar a estas personas por el daño causado al pueblo.
Arce figuraba como uno de los principales negociadores con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y su papel dentro del gabinete económico es clave. Sin embargo, cabe mencionar que en situación similar están el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, e Iván Acosta, por Hacienda. La dictadura en el caso de Hacienda le quitó los poderes legales, pero lo dejó en el cargo. Sobre Reyes aún no se han adoptado medidas para quitarle funciones.
