La Prensa 09/08/2021
Casi desde el inicio de la crisis sociopolítica en 2018, se consideró la suspensión de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, América Central y República Dominicana (conocido como DR-Cafta, por sus siglas en inglés), como una de las posibles acciones para forzar al régimen de Daniel Ortega para respetar el establecimiento de la democracia en el país.
Tres años después, la reciente aprobación del proyecto de Ley Renacer en el Senado de Estados Unidos fortalece dicha posibilidad; ya que ella cuenta con el apoyo de demócratas y republicanos, por lo que se espera que no enfrente obstáculos para ser aprobada en la Cámara de Representantes. Posteriormente tendría que ser ratificada por el presidente Joe Biden para convertirse en ley.
Sin embargo, algunos economistas consideran «casi imposible» que dicha suspensión se concrete. Y en el remoto caso de que se logre, advierten que las consecuencias serán catastróficas. Especialmente para el sector manufacturero. Solo en el sector de zona franca se pondrían en riesgo más de cien mil empleos. También se arriesgarían unos tres mil millones de dólares anuales que el país obtiene por las exportaciones al mercado estadounidense.
Además, temen que el alto precio que el pueblo pagaría sea en vano, pues consideran que la suspensión del tratado no forzaría al régimen a actuar de acuerdo con las normas de la democracia.
Objetivo de la Ley Renacer
El pasado viernes 6 de agosto, el Senado de Estados Unidos aprobó el proyecto de Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral, conocida como Ley Renacer. Con ella se pretende presionar al régimen para que propicie las condiciones con el fin de que se realicen elecciones libres y transparentes.
Para lograrlo, entre otras acciones, promueve revisar la participación continua de Nicaragua en el DR-Cafta. Tratado fundamental para el comercio exterior nicaragüense, ya que Estados Unidos es su principal socio comercial. Ese mercado absorbe más del 60 por ciento de las exportaciones totales del país, es decir, incluidas las de zona franca.
«Hay una cantidad de elementos complejos, legales y del punto de vista de la competencia jurídica que hacen casi imposible que se bloquee un tratado comercial… No es posible por una serie de razones jurídicas, comerciales de convenio, de organizaciones y de instancias internacionales que protegen a los países como la Organización Mundial del Comercio (OMC) y otros organismos a los que incluso Nicaragua podría acudir», dice el economista Alejandro Aráuz.
Una especialista en comercio exterior que solicita omitir su nombre, coincide con Aráuz, en que el convenio comercial es tan complejo que sería muy difícil dejar fuera a Nicaragua. Además, considera que las repercusiones regionales y las que sufrirían las empresas estadounidenses que han invertido en Nicaragua aprovechando los beneficios fiscales que ofrece el tratado, también obligarían a repensar si esa suspensión debe concretarse.
Suspensión provocaría una catástrofe
No obstante, los especialistas admiten que en política no hay nada escrito y que todo puede ocurrir; y advierten que, de concretarse esta amenaza, las consecuencias serían catastróficas. Y aclaran que la suspensión de Nicaragua del Cafta no implica la pérdida de ese mercado, sino únicamente los beneficios fiscales y las cuotas que este otorga a los productos que Nicaragua envía al mercado estadounidense.
«Es decir, volveríamos al estatus quo y Estados Unidos comenzaría a aplicar barreras arancelarias a los productos nicaragüenses», señala Aráuz.
Estas barreras arancelarias sacarían de competencia a los productos locales. Primero, porque perderían las cuotas asignadas por el DR-Cafta y tendrían que competir con otros en el mercado; además, al tener que pagar los aranceles normales perderían competitividad, porque sus precios se elevarían y los dejarían fuera de competencia, ya que los compradores generalmente buscan los precios más bajos.
Esta pérdida de competitividad de los productos locales en ese mercado pondría en riesgo unos tres mil millones de dólares en ingresos por exportación. Ese es el monto promedio que generan las ventas anuales al mercado estadounidense de productos tradicionales y de zona franca.
También se pondrían en riesgo más de cien mil empleos
Para la especialista en comercio exterior, el sector más afectado sería el de manufactura y la zona franca industrial, donde hay un alto porcentaje de empresas de capital estadounidense. Dichas empresas se han instalado en el país, atraídas por los beneficios fiscales que ofrece el DR-Cafta.
La suspensión podría en riesgo la continuidad de operaciones de estas empresas y los empleos que generan. Según estadísticas del Banco Central de Nicaragua (BCN), en abril de 2021 operaban bajo el régimen de zona franca 189 empresas, que generaban 120,110 empleos directos. Estos incluyen unos siete mil que ofrecen empresas dedicadas a la externalización de servicios en los call centers.
Entre los productos que más se exportan a Estados Unidos están el café, oro, tabaco, carne de bovino y los arneses y textiles producidos por las empresas que operan bajo el régimen de zona franca, detalla el economista Maykell Marenco.
Otra afectación, según los especialistas, la provocaría el incremento del precio de los productos que Nicaragua trae desde Estados Unidos. Entre los productos que Nicaragua más compra en ese mercado están: la maquinaria industrial, el petróleo y sus derivados, bienes de consumo, equipos de transporte y otros.
No es fácil conseguir otros mercados
Aunque una posible suspensión del DR-Cafta no cierre el mercado estadounidense, sino que sea la falta de competitividad de los productos locales lo que terminaría dejándolos fuera de competencia, eso deja abierta la posibilidad de conseguir nuevos compradores para los productos. Sin embargo, eso no es fácil y podría tomar incluso décadas.
«Tuvieron que pasar cerca de treinta años para construir la estructura exportadora que tenemos actualmente. Es decir, perder un mercado como el de Estados Unidos no es algo que se reponga de la noche a la mañana. Mucho menos en un país como Nicaragua», advierte Marenco.
A propósito de la dificultad que implica abrir nuevos mercados, Marenco recuerda que antes de la entrada en vigencia del Cafta —en abril de 2006— Nicaragua exportaba menos de 500 millones de dólares anuales a Estados Unidos. Catorce años después esa cifra alcanzó los tres mil millones de dólares.
Otro impacto que provocaría la eventual suspensión de Nicaragua de este convenio, es que se afectarían los flujos de inversión de capital estadounidense; y también la cooperación, que además viene reduciéndose desde el inicio de la crisis sociopolítica en abril de 2018.
¿Valdría la pena el alto costo que implica?
Los especialistas destacan que pese a los obstáculos que puso el Frente Sandinista, en esa época desde la oposición, para que Nicaragua aprobara el Cafta, fue un gran triunfo entrar a este convenio. Incluso es el país que más se ha beneficiado; pues es el único de la región que tiene superávit comercial con Estados Unidos, es decir, le vende más de lo que le compra.
Según Marenco, existen diversos estudios que demuestran que este tipo de sanciones económicas tienen muy poca efectividad y mucho menos en el corto plazo. Ya que los afectados «no poseen fuentes de ingresos con restricciones presupuestales o con restricciones de contactos, como sí la tiene una empresa convencional». Y señala a Cuba como un ejemplo de lo poco efectivo que suelen ser este tipo de sanciones, donde el pueblo, que carece de un colchón financiero para amortiguar el golpe, es el más afectado.
