La Prensa 23/08/2021
El régimen de Daniel Ortega mantiene “oculto” el Anuario Estadístico del 2020 del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, el que revelaría el impacto que la pandemia ha ocasionado en el delicado estado financiero de la entidad, situación que empeoraría este año por la “muerte masiva” de organizaciones no gubernamentales, que suelen generar empleos formales.
La dictadura lleva cinco meses de atrasos en la divulgación de este anuario, el cual debía ser presentado antes de que finalizara el primer trimestre, acción que —al criterio de especialistas consultados—, representa una clara violación a su ley orgánica y un intento de ocultar su crítico estado financiero.
Ya sea porque es una obligación dictada por la ley o porque es un derecho de los ciudadanos de acceder a la información pública, el INSS debería divulgar el anuario 2020 para conocer el verdadero impacto que tuvo la pandemia de Covid-19 sobre el empleo en Nicaragua.
Un especialista en seguridad social, que prefirió omitir su nombre por temor a represalias, explicó a LA PRENSA que el instituto “debería de entregar los anuarios en marzo, pero no lo están haciendo para ver cómo maquillan la información; porque ahí no hay nada qué hacer, lo que va a entrar en las estadísticas son los mismos cuadros de todos los años, es lo mismo. No lo han querido publicar para que uno no se dé cuenta de cómo está la situación”, recalcó.
“Desde el 2018 y 2019 así lo han venido haciendo, tardado. Ya estamos terminando agosto y la ley dice que ellos deben publicarlo en el primer trimestre, ya lo han atrasado demasiado”, enfatizó.
De hecho, el artículo 9 de la Ley Orgánica de Seguridad Social del instituto establece que una de sus obligaciones es presentar “dentro de los tres meses siguientes al término del año fiscal, una memoria que informe el estado de la Seguridad Social de la nación, dando a conocer los resultados obtenidos, con su costo, en la realización de los planes formulados, así como la situación de los programas en desarrollo en los tres aspectos, de asistencia social, asistencia médica y seguros sociales, que comprende la labor de la Junta”.
Dicho reporte permite al público en general conocer con detalle cuáles son los gastos que está realizando el instituto en sus diferentes programas, la planilla, la evolución de los salarios de los cotizantes, el balance general, el número de empresas que están aportando según su tamaño, la cobertura de Seguridad Social en los departamentos, el número de bajas por decesos de jubilados, la entrega de servicios funerarios a los que están cubiertos por la Seguridad Social, entre otras cosas.
El INSS acumula siete años consecutivos en crisis financiera, una entidad que es señalada por Estados Unidos de estar envuelta en diversos actos de corrupción y actividades ilícitas, incluido el lavado de dinero y tráfico de influencia.
El incumplimiento en la divulgación de esta información ocurre a pesar que la entidad recibió, a través del Gobierno central, un préstamo proveniente del Fondo Monetario Internacional, un organismo que suele exigir entre sus requisitos la transparencia de la información pública.
A finales de noviembre pasado, el FMI le aprobó a Nicaragua un préstamo por 186.8 millones de dólares para atender la emergencia sanitaria derivada de la pandemia de Covid-19 y para oxigenar las reservas internacionales y como apoyo presupuestario, fue de ahí donde se pudo auxiliar al INSS con una transferencia de 2,084 millones de córdobas (un poco más de 73 millones de dólares).
Ley de acceso a la información pública
Un economista y especialista en Políticas Públicas sostuvo que de acuerdo con lo establecido en la Ley de acceso a la información pública, todos los informes de las instituciones estatales, como el INSS, deben ser publicados de manera oportuna y mostrar transparencia en sus datos.
“El instituto se mantiene de los aportes de las empresas y los
trabajadores, así que ellos son los primeros que deberían tener esa
información, por ser los que contribuyen la mayor cantidad de recursos del
INSS”, indicó.
En concreto, la Ley 621, “Ley de acceso a la información pública”, aprobada en
2007 —año en que Ortega llegó al poder— establece en su artículo 1 que:
“La presente Ley tiene por objeto normar, garantizar y promover el ejercicio del derecho de acceso a la información pública existente en los documentos, archivos y bases de datos de las entidades o instituciones públicas, las sociedades mixtas y las subvencionadas por el Estado, así como las entidades privadas que administren, manejen o reciban recursos públicos, beneficios fiscales u otros beneficios, concesiones o ventajas”.
Economistas advierten sobre las sostenibilidad de estos empleos a lo largo de este año y explican por qué esa creación de plazas es una buena noticia a medias para las finanzas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.
Además, el artículo 6 dicta que cada entidad de las comprendidas en la Ley deberá crear una oficina de acceso a la información pública, la cual dependerá de forma directa de la máxima autoridad de cada institución.
“Tendrá como misión facilitar, a las personas que así lo demanden, el acceso a la información, creando un sistema de organización de la información y los archivos, con su respectivo índice de la información a su resguardo”, puntualizan.
El economista consultado explicó que esto “ha sido característica de los últimos años, que las informaciones del INSS, del Banco Central de Nicaragua (BCN) y de otras instituciones estatales se publiquen mucho tiempo después de cuando deberían” y eso afecta la toma de decisiones de las autoridades competentes.
“Esa información sirve para ver cómo deben administrarse los recursos del Seguro Social, para elaborar políticas de beneficio que les garanticen sus derechos a los asegurados, porque al final es un derecho que se lo ganan con su trabajo, no es un regalo de nadie. Muchas veces se piensa que es un favor que le están haciendo a la ciudadanía, en el caso de los afiliados, es su salario el que le quitan para que pueda tener acceso al servicio del Seguro Social”, enfatizó.
Siguiendo esta línea, indicó que el hecho de que no se ha presentado el informe de 2020 es grave “por ejemplo: una empresa privada le exige a sus contadores y a los de finanzas que hagan un presupuesto y luego que hagan un estado financiero para ver si se va cumpliendo lo del presupuesto, pues en el INSS es igual, es una empresa estatal. ¿Cómo administrar una institución si no hay cifras o si no son públicas?, pareciera que están ocultando información”, expresó.
El Banco Central de Nicaragua suele divulgar información financiera del INSS, cuya responsabilidad ahora pasó a manos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El único reporte que se conoce sobre le estado financiero de la entidad de 2020 fue que la misma cerró con un déficit global de 3,598 millones de córdobas.
Cacería de ONG afecta finanzas del INSS
La crisis del INSS se ha visto empeorada por la inestabilidad política desde abril del 2018, lo que ocasionó que casi 200 mil quedaran sin empleo, lo que ha dañado las finanzas de la entidad, que este año entró en un proceso de captación de afiliados.
En medio de ese contexto y pese a la necesidad urgente que tiene el INSS de conseguir contribuyentes, el régimen de Ortega ha desatado una destrucción de organizaciones no gubernamentales que suelen generar empleos fijos y que aportan a la entidad.
La cacería de ONG se ha intensificado desde la aprobación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, aprobada por la Asamblea Nacional el 19 de octubre de 2020, la cual busca controlar las operaciones financieras y actividades que realizan las organizaciones y asociaciones.
Pero, esta es una práctica que se ha venido ejecutando desde finales del 2018. El régimen de Ortega Murillo se ha empeñado en emprender una serie de acciones para desacreditar y cancelar a las distintas ONG que operan en el país. De hecho, desde ese año hasta la fecha, ya son 40 las organizaciones a las que se les ha arrebatado su personería jurídica.
Pero no termina ahí, la Asamblea Nacional tiene lista una iniciativa de ley para cancelar las personerías jurídicas de otras 15 ONG, que trabajan en temas de gobernabilidad, democracia, género, investigación, y asociaciones médicas.
Bajo la excusa de que estas han incumplido lo que dicta la ley al no presentar los estados financieros de los periodos comprendidos entre 2006 y el 2020, con sus desgloses detallados; no presentar los convenios (donantes y ONG) sobre sus proyectos y actividades; juntas directivas con plazos vencidos en diferentes días, meses y años, entre otras.
Además de que estas organizaciones aportan al indicador de consumo en el Producto Interno Bruto (PIB), especialistas consultados por LA PRENSA han coincidido en que las acciones del Gobierno contra estas perjudican principalmente a los ciudadanos, pero también tienen serias implicaciones en el mismo país, creando una imagen negativa ante la comunidad internacional, lo que no alienta a la Inversión Extranjera Directa.
Al respecto, el especialista en Seguridad Social, que pidió no ser citado por temor a persecución política, aseguró que las empresas están cerrando, “ya sea porque el Gobierno lo ordena o porque la situación del país está tan complicada que deciden cerrar porque la gente se está yendo. Esa avalancha sumada hace un impacto negativo financieramente en el INSS porque disminuyen sus ingresos aceledaramente”.
“Porque el Seguro Social se alimenta, principalmente, de las cotizaciones de los trabajadores, esa es la forma de vivir de él, y si no tiene empleados, no tiene ingresos”, puntualizó.
Por otro lado, el sociólogo y economista, Óscar René Vargas, compartió que el INSS se ve afectado “en la medida que pierde el sector de los empleos; se pierden los trabajos y se pierden las contribuciones que hacen las empresas, en este caso, las ONG. Sobre cuánto va a repercutir depende de cuántos eran los trabajadores que habían y de cuánto eran los montos que aportaban al Seguro Social”, expresó.
“El problema es que la gente queda sin empleo y sin seguros, quedan repercusiones a nivel personal y familiar. No van a tener ni seguros, en el momento de la pandemia, ni ingresos, lo que implicaría que van a entrar, posiblemente, a la pobreza o por lo menos a ser vulnerables socialmente”, concluyó Vargas.
Sobre este punto, el economista que solicitó no ser citado, señaló que “por obligación todo organismo no gubernamental tiene que inscribir a sus trabajadores en el INSS, tienen que pagar su cuota patronal. Entonces al cerrar todas esas ONG, el primer impacto es que están dejando sin trabajo a un montón de personas y afectará a sus familias”.
“También, ¿cuántas empresas pequeñas eran proveedoras de bienes y servicios de esas ONG? Por ejemplo, de papelería, tinta, combustible, vehículos, repuestos, etcétera. Además, todas esas organizaciones tenían proyectos sociales en los campos, generalmente en la zona rural, así que van a afectar también a la población que se beneficiaba de esos proyectos”, lamentó.
Siguiendo esta línea, aseguró que el Seguro Social también se verá afectado en la recaudación de dinero, “puesto que todas estas personas contribuían a su vital funcionamiento, pero, ¿cómo se encuentra el estado financiero de la institución?, ¿sus ingresos son suficientes para cubrir sus gastos?, ¿en qué medida le afecta el cancelamiento de estas ONG?”
Agonía financiera del INSS
El INSS es una de las instituciones más afectadas desde el estallido de la crisis sociopolítica en 2018, y la situación se agudizó con el establecimiento de la pandemia de Covid-19 en 2020, debido a que esto provocó una significativa caída del empleo a nivel nacional, y en consecuencia, una disminución de afiliados.
Estadísticas divulgadas por el BCN indican que entre 2017 y junio de 2021, el INSS acumula una pérdida de 155,707 empleados y recuperar esas plazas no será tan fácil, puesto que no se ha reflejado un buen flujo de inversión desde el exterior, como producto de la incertidumbre que genera la crisis sociopolítica y los comicios presidenciales.
Asimismo, los datos revelan que hasta junio de este año, el INSS tenía en su base de afiliados a 758,489 trabajadores, cifra superior a los 723,206 registrados hasta el cierre de diciembre del año pasado. A pesar de esto, aún se encuentra lejos de los 914,196 afiliados al cierre del 2017, es decir, antes del estallido de la crisis sociopolítica en abril del 2018.
El especialista en Seguridad Social indicó que el INSS debe ser transparente y puntual con la publicación de dichas cifras puesto que el FMI suele exigir entre sus requisitos la transparencia en la información pública, para poder beneficiar con recursos a un Gobierno.
“Lo que ha estado ocurriendo es que le están transfiriendo fondos al Seguro Social para que no flaquee más, porque este ya no puede, entonces el Gobierno va a tener que buscar dinero para poder pagar”, agregó.
Sobre los empleos, señaló que no se espera que haya una recuperación pronto. “¿Cuánto ha disminuido el Seguro Social en asegurados desde el 2018 hasta ahorita?, aproximadamente 200 mil. ¿Se imaginan lo que es reconstruir o darle trabajo a esa cantidad de personas nuevamente? Es mucho dinero. El crecimiento del Seguro Social va a ser suave, cuando se normalice todo esto”, expresó.
Por otro lado, el economista que prefirió el anonimato considera que al tener las estadísticas atrasadas no se puede hacer el análisis de cómo se está recuperando la institución en relación con el déficit. “Una de las cosas más críticas que tiene el INSS es que sus ingresos provienen de la cantidad de establecimientos o de empresas afiliadas y con la crisis de los últimos tres años, la desafiliación ha sido enorme”, añadió.
“Es necesario que los administradores del INSS, los empresarios y los trabajadores sepamos cómo andan las finanzas, cómo anda el manejo de las compras de medicinas, de las pensiones, etcétera. Presentar el informe significa rendición de cuenta con transparencia del uso de nuestros recursos”, mencionó.
Los últimos datos públicos del INSS están hasta diciembre del 2019 e incluso fueron publicados con un año de retraso; para entonces se habían perdido 3,409 empresas que aportaban a sus finanzas y la institución cerró ese año con 52,144 seguros facultativos activos, frente a los 155,134 que estaban registrados hasta el 2017, es decir que durante ese lapso se perdieron 102,990 afiliados en ese régimen.
