La Prensa 25/08/2021
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió una circular el 23 de agosto en la que anuncia la publicación de edictos a través de su sitio web y el 24 de agosto una circular en la que estableció las tarifas para la publicación de los mismos. De acuerdo con el abogado Carlos Guadamuz, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, esto muestra una falta de institucionalidad y desvía a la Corte de su rol de tutelar los derechos constitucionales.
Guadamuz indica que el rol de la CSJ es tutelar los derechos constitucionales y “la parte del edicto evidencia que la Corte Suprema no tiene institucionalidad, no hay independencia del poder ejecutivo. Es una manifestación, una expresión de una institucionalidad que no existe”.
Además indicó que está “saltándose un rol que la Asamblea Nacional debería tutelar como parte del Estado, debería de legislar en ese sentido”.
“En los poderes del Estado no existe esa coordinación que en un Estado de Derecho es división de los poderes. El respeto a las funciones y atribuciones de cada poder, al estar debidamente separado, distribuidos, le permite tener al ciudadano esa seguridad jurídica, tener el debido proceso. Que tenga medios legales, materiales, efectivos para defenderse”, explicó el abogado.
Más «presión económica»
En la primera circular la CSJ indica que esta nueva forma de publicar edictos al ampliar el “Tablero Electrónico de Edictos” y llamarlo “Publicaciones Judiciales», debe ser sin perjuicio de que funcionarios judiciales acepten “la publicación electrónica o impresa, que se efectúe en cualquier periódico de circulación nacional, debidamente registrado como tal y que para acceder al mismo no requiera suscripción”.
“Lo más grave del asunto es que la Corte te dice que cada juzgado pudiera aceptar, ser reconocido, una publicación de otro diario de circulación nacional, con la condición de que no esté suscrito. LA PRENSA al quitarle su circulación impresa y al tratar de comercializar la parte suscriptora hay un interés de continuar con la presión económica. Ya anteriormente cerraron otros diarios por presión política y presión económica”, afirmó el abogado.
El abogado indicó que “la costumbre es ley”, que cuando se acostumbra o se practica algo también se vuelve ley y en este caso se refiere a que LA PRENSA al ser el diario más antiguo del país que contaba con circulación nacional en todo el territorio era el medio por el cual la población se informaba en un conflicto legal. “Estaban pendientes del diario”.
En este caso, indicó que por costumbre, historia y por la Ley, que dice que los edictos deben ser publicados en diarios de circulación nacional, la gente acudía a LA PRENSA.
En este caso indicó que los más afectados son aquellos que no tienen acceso a internet, que no cuentan con conectividad, con un dispositivo electrónico o no tienen la capacitación para realizar sus gestiones por esta vía.
“El Estado de Nicaragua debería de promover todo el marco de conectividad, de seguridad y tomando en cuenta que deben de responder a una serie de retos en tema de informática, de educación”, remarcó Guadamuz.
Consideró que al anunciar a través de una circular el tema de los edictos la Corte actúa como “un ente represor, como un verdugo, como un perpetrador, no responde a ese nivel tutelar, ejecutó el asalto a LA PRENSA y ahora está llenando un vacío que dejó LA PRENSA con esa circular, saben que dejaron un vacío en cuanto a que era el diario impreso de circulación nacional y tratan de llenar un vacío que en nuestra legislación no está regulada esta materia”, dijo.
Revisar alcances fiscales
En otro tema, Guadamuz, indicó que se deben revisar los alcances fiscales de esta medida, porque se establecen tarifas de cien córdobas, por ejemplo, pero no si estos están libres del pago de impuesto.
“Tendríamos que revisar los alcances fiscales. Cuál sería el costo beneficio para la población. Sabemos que al Gobierno, al Estado de Nicaragua no le importa el bienestar de la población más allá de la imposición de la dictadura y perpetuarse en el poder. Deja por alto el tema fiscal y el tema normativo porque las leyes deben responder a un proceso de evolución de los derechos y las realidades de Nicaragua y en esta realidad al acceso a internet, conectividad y dispositivos”, explicó Guadamuz.
Recordó que entre los edictos se encuentra el tema de propiedades y advirtió que esto podría tener gran impacto en las zonas rurales, donde el tema del acceso a los derechos Económicos, Sociales y Culturales ya ha sido golpeado y además se ha utilizado el tema de la propiedad como un “arma política”.
