La Prensa, 1ro de noviembre de 2021
Pese a los grandes avances que se han anunciado en materia de seguridad alimentaria, 1.3 millones de nicaragüenses siguen padeciendo hambre
Mientras el pasado 16 de octubre se celebraba el Día Mundial de la Alimentación, 1.3 millones de nicaragüenses estaban subalimentados. A pesar que Nicaragua dice que ha avanzado mucho en la lucha por erradicar el hambre, esa cifra no ha variado desde hace 14 años. Lo único que ha cambiado es que por el crecimiento poblacional el porcentaje de la población afectada por este flagelo se redujo levemente.
La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (conocida como FAO), define subalimentación o hambre crónica como la incapacidad de consumir alimentos suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias.
Las estadísticas de las FAO detallan que en 2006 —cuando Daniel Ortega ganó las elecciones— 1.3 millones de nicaragüenses padecía hambre. En aquel momento esa cantidad representaba el 23.3 por ciento de la población. A pesar de los logros anunciados, que incluso han sido reconocidos por la FAO, 14 años después, la misma cantidad de personas sigue subalimentada. Sin embargo, por el crecimiento de la población, ahora ellos solo representan el 19.3 por ciento de los habitantes del país. Es decir, el porcentaje se redujo en 4 puntos porcentuales.
En el mismo periodo, Panamá mermó en 14 puntos porcentuales el porcentaje de su población afectada por el hambre y Honduras en 8.8 puntos porcentuales.
La seguridad alimentaria y nutricional depende de cuatro pilares fundamentales. El primero es el acceso, «que la gente pueda tener dinero para comprar en los mercados», en segundo lugar, la disponibilidad, que haya producción y suficientes bienes alimentarios en los mercados; el consumo, y para ello los alimentos deben estar en buen estado, y por último la utilización biológica, que son los nutrientes que cada alimento contiene, explica Otero. En Nicaragua, «si no hay uno de esos, ya estamos en problemas”, explicó en ocasión anterior a LA PRENSA el sociólogo Cirilo Otero.
¿Logrará reducirla a 5 % en 2026?
Los 1.3 millones de nicaragüenses subalimentados forman parte de los 60 millones de latinoamericanos y caribeños que padecen hambre. En el mundo la cifra ronda los 811 millones de personas y podría seguir creciendo, ya que el hambre creció a la sombra de la pandemia por la covid-19.
Una situación que ya era crítica, se agudizó con la covid-19. La FAO calcula que en 2020 la prevalencia mundial del hambre creció en 1.5 puntos porcentuales. Pasó de afectar al 8.4 por ciento de la población mundial en 2019 a 9.9 por ciento en 2020; es decir, a unos 811 millones de personas.
Es por ello, que la FAO considera que no se podrá alcanzar el segundo Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), que plantea «acabar con todas las formas de hambre y desnutrición para el 2030» .
Pese a este panorama mundial, el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza 2022-2026 de Nicaragua planea que para 2026 el hambre solo afecte al 5 por ciento de la población. Es decir mermar su prevalencia en 14 puntos porcentuales en los próximos nueve años. Esta meta se fija, a pesar del lento avance de los 14 años anteriores.
¿Por qué que el avance es tan lento?
Dicho plan contempla «el fortalecimiento de la política social y económicamente responsable». Con ello se pretende que en 2026 la producción local de alimentos garantice la seguridad alimentaria del 95 por ciento de la población. Eso permitiría avanzar hacia el cumplimiento del segundo ODS, enfocado en acabar para 2030, con todas las formas de hambre y desnutrición.
Entre las pruebas del avance hacia el cumplimiento de este objetivo se menciona que entre el 2007 y el 2020 la producción agropecuaria ha crecido 76 por ciento (86 por ciento el sector agrícola y 65 por ciento el pecuario).
El plan no contempla el retroceso que menciona la FAO y apenas menciona la pandemia. Además, recientemente el presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Ovidio Reyes, actualizó las proyecciones de crecimiento. El cálculo es que después de tres años de recesión, con una caída acumulada cercana al 10 por ciento, en 2021 la economía crezca entre 6 y 8 por ciento.
Eso a criterio de los especialistas facilitaría la reducción de la pobreza y por ende del hambre. Sin embargo, dudan de que las metas oficiales se cumplan. Especialmente porque el marco legal establecido para combatir el hambre contempla el aporte del sector privado, organizaciones de la sociedad civil y la cooperación internacional. Y actualmente estos sectores están distanciados del régimen.
Se necesita del apoyo del sector privado y la sociedad civil
Adicionalmente, la Ley 693, Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, aprobada en junio de 2009, nunca se ha cumplido. Su principal objetivo es «garantizar a los nicaragüenses el derecho a contar con alimentos suficientes, inocuos y nutritivos acordes a sus necesidades». También, «que estos sean accesibles física, económica, social y culturalmente de forma oportuna y permanente». Ambas cosas, que son incluso un derecho humano fundamental, siguen siendo una deuda pendiente para 1.3 millones de nicaragüenses.
La Ley 693 contempla el aporte de organizaciones de la sociedad civil y del sector privado, para el desarrollo de programas y proyectos específicos; para enfrentar acciones preventivas y para garantizar la eficacia en la atención de situaciones de emergencia alimentaria y nutricional. Los empresarios también deben aportar mediante la producción y acceso a los alimentos, que se impulsada incluso, con incentivos económicos y morales.
Pero ante la ruptura de las relaciones entre el régimen y la gran empresa —desde el inicio de la crisis sociopolítica en 2018— esta fue sustituida con la pequeña empresa.
Recientemente el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, detalló que con su producción de alimentos, los pequeños productores hacen un aporte significativo al plan de seguridad alimentaria. Actualmente, las autoridades trabajan con 239,951 pequeños productores.
No basta con los pequeños productores
“Una fuerte participación del sector productivo pequeño. La buena noticia es que ya se ha capitalizado a 178,650 de estos casi 240 mil productores en el periodo del 2020 a octubre del 2021 y se ha movilizado 1,055 millones de córdobas (unos 30 millones de dólares al cambio oficial) para atender este sector”, dijo Acosta ante medios oficialistas.
El funcionario añadió que un programa alimentario de emergencia atiende a 50,855 personas y el programa Patio Saludable a 51,284 familias.
Sin embargo, los especialistas consideran que no es suficiente trabajar con los pequeños productores. Ya que ellos son muy vulnerables a diversos factores. Entre ellos, las consecuencias del cambio climático, que en unos ciclos les hace perder sus cosechas por la sequía y en otros por las inundaciones. La escasa o nula industrialización que eleva considerablemente las pérdidas poscosechas, y la falta de acceso al financiamiento formal y a los mercados, entre otros factores. Todo esto provoca que incluso, gran parte de las personas que padecen hambre sean agricultores de subsistencia, dice un promotor rural que prefiere no identificarse.
Por su parte, la dirigente de una organización que aglutina a pequeñas productoras, bajo condición de anonimato, agrega que la falta de acceso a la tierra es otro de los obstáculos que enfrentan los pequeños productores, especialmente las mujeres. Esto las obliga a pagar, incluso por adelantado, el alquiler de la tierra para poder producir los alimentos. Y cuando las cosechas se pierden o los rendimientos se ven afectados por falta de tecnificación, alguna plaga o evento climático, los pequeños agricultores no recuperan ni siquiera lo invertido.
Panorama no es alentador
Además, la crisis existente entre el sector privado y el régimen, por el encarcelamiento de varios dirigentes empresariales, complica aún más la situación. Desde el inicio de la crisis en 2018 se han perdido miles de empleos, esto ha dejado a miles de familias expuestas a padecer hambre.
Según los especialistas, la ausencia de una pronta solución a la crisis, sumada a los efectos que puede provocar el resultado de las elecciones del 7 de noviembre, podrían incrementar la pérdida de empleos y esto a su vez exponer a más familias a padecer hambre.
Además, de concretarse la amenaza de dejar fuera a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (DR-Cafta) se podrían perder miles de empleos en el campo y reducir la producción de alimentos, ya que ante la falta de mercado, lo más probable es que se deje de producir algunos alimentos que se exportan a ese país. Eso, según los especialistas provocaría grandes retrocesos es los esfuerzos por reducir la pobreza y el hambre.
Ambos especialistas consideran que si en una década de crecimiento económico sostenido y excelentes relaciones con los grandes empresarios e inversionistas extranjeros, solo se pudo reducir el hambre en 4 puntos porcentuales; difícilmente en las actuales condiciones de crisis política, divorcio con la gran empresa y el retiro de gran parte de la Inversión Extranjera Directa (IED) se podrá reducir en 14 puntos porcentuales en solo 5 años.
