La Prensa 02/04/2022
Para los críticos, no es sorpresa que el régimen de Daniel Ortega haya creado su propia Ley de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro (OSFL), la que consideran una normativa hecha a su medida, para seguir limitando la organización legal de la ciudadanía. Desde 2018, Ortega ha mandado a cancelar más de 100 organizaciones no gubernamentales (ONG) creadas bajo la anterior ley que quedó derogada tras la aprobación de esta nueva.
La socióloga y activista pro derechos humanos en exilio, Haydée Castillo, puede contar en primera persona el desmantelamiento y posterior cancelación del Instituto de Liderazgo de las Segovias, una organización que fundó en 2010 y que realizaba un trabajo de promoción de los derechos civiles y políticos entre la población de los municipios del departamento de Nueva Segovia, norte del país.
El Instituto de Liderazgo de las Segovias fue una de las ONG a la que el régimen le quitó su personalidad jurídica en diciembre de 2018, bajo el argumento de que promovía el «terrorismo y lavado de dinero», y, sin presentar pruebas, la acusó de financiar a grupos que cometieron “actos para desestabilizar el país”, en el contexto de las protestas civiles que demandaban la salida de Ortega del poder.
La noche del 14 de diciembre 2018, numerosos policías y civiles armados, todos encapuchados, se tomaron las oficinas del Instituto de Liderazgo de las Segovias. Según el testimonio de uno de los trabajadores del Instituto, los agentes “se llevaron todo” y dejaron vacío el edificio.
Tras cuatro años de haber salido de Nicaragua por las amenazas y persecución del régimen, Castillo defiende el trabajo social de su ONG y niega que haya promovido actos ilícitos.
«Las organizaciones no gubernamentales, lo que hemos hecho en la historia de Nicaragua, es proveer servicios que el Estado, los gobiernos locales, las instituciones no proveen precisamente porque son instituciones coptadas por poderes fácticos, corruptos y que entonces, toda esa riqueza concentrada en pocas manos, y hemos sido las ONG las que nos ha tocado resolver una serie de necesidades gravísimas, sobre todo en los lugares más alejados de la capital», manifestó Castillo.
La socióloga valoró que la nueva Ley de regulación de oenegés busca legalizar todos los actos arbitrarios e ilegales que se vienen cometiendo desde 2018 a la fecha.
«La Ley general de regulación y control de organismos sin fines de lucro, que deja sin efecto la Ley 147, que era la que regulaba el actuar de las organizaciones no gubernamentales en Nicaragua, es prácticamente el aniquilamiento legal de toda libertad de organización, de asociación, de servicio y de solidaridad hacia la comunidad», expresó la socióloga.
Para Castillo, todo lo que contempla la nueva Ley de oenegés «es lo que hizo Ortega de 2018 a la fecha, a punta de arbitrariedades, de violaciones a derechos humanos, desmantelando las ONG, tomándoselas por asalto con paramilitares, quitando las personalidades jurídicas sin que el Ministerio de Gobernación tuviera ningún papel de regulador».
«Yo resumiría que esta Ley aniquila la libertad de asociación y el valor de la solidaridad entre las ciudadanía nicaragüense y entre extranjeros que quieren servirles también».
La nueva Ley de Regulación y Control de OSFL prohíbe expresamente a las ONG participar en actividades políticas, lo que para los críticos reduce el papel de las ONG «a meros instrumentos de caridad, sin muchas capacidades de hacer promoción de ciudadanía» ni «hacer promoción que permita la construcción de nuevos valores sociales», según el criterio del exdiputado y abogado Eliseo Núñez Morales.
La Ley de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro (OSFL) fue aprobada este 31 de marzo por la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el régimen orteguista. Fue derogada en consecuencia la anterior Ley General sobre personas jurídicas sin fines de lucro (Ley 147).
Valoración técnica
El biólogo Amaru Ruiz, quien estaba al frente de la Fundación del Río, otra oenegé cancelada por Ortega en 2021, manifestó que una de las diferencias más notables de la nueva ley, con respecto a la anterior legislación, es el gran poder que le da al Ministerio de Gobernación.
«Los cambios están vinculados a darle mayores funciones al Ministerio de Gobernación de la que tenía la Ley 147, que algunas de estas ya se había presentado en la normativa que ellos presentaron en 2020, donde ya se aplicaban algunas de las acciones que ya aparecen en la ley», aseguró.
El artículo 36 faculta al Ministerio de Gobernación, a través de la Dirección General de Registro y Control de OSFL a «realizar visitas de supervisión y control a los OSFL, con el objetivo de verificar el cumplimiento de lo establecido en la presente Ley, su Reglamento, la Normativa, el Acta de Constitución y Estatutos».
Dos categorías de ONG
Ruiz señaló que la nueva Ley establece una división de dos categorías: organizaciones o asociaciones religiosas y las que no son religiosas, una división que tampoco existía en la Ley 147.
El artículo 11 de la nueva Ley, sobre Clasificación de los OSFL, establece:
-OSFL Religiosas y/o Caritativas, que tienen como fin ejercer el derecho de libertad religiosa, pidiendo realizar actividade de carácter benéfico.
-OSFL Civiles y/o Sociales, Culturales y de Educación, que tienen como finalidad desarrollar actividades de interés común y de carácter social.
En este aspecto, Ruiz valoró particularmente que esta diferencia responde a la alianza que tiene el régimen de Ortega con los sectores evangélicos, lo que para él significa que a quienes pidan personalidad para una organización evangélica, les va a dar un trato diferente que a los que pidan para una ONG civil o de otro tema.
«Los sectores evangélicos, en términos de asociaciones, representan la mayor cantidad de asociaciones inscritas en el Ministerio de Gobernación, es decir, todos los ministerios evangelísticos, todas las iglesias evangélicas primero se han constituido como asociaciones, entonces, una iglesia, es una asociación. Esa es la forma dinámica que tiene el sector evangélico de constituirse, para poder recibir ingresos, entonces, se tiene que constituir legalmente, para edificar, para recibir donaciones, para recibir el diezmo», consideró Ruiz.
Además, Ruiz anotó que las iglesias evangélicas son un sustituto de la Iglesia católica, tras la tensión que tiene el régimen con esta última, porque la mayoría de sacerdotes y jerarcas católicos han cuestionado su régimen autoritario y violatorio de los derechos humanos.
En términos políticos, a Ruiz no le queda duda que a través de la nueva normativa de ONG, Ortega seguirá haciendo otras cancelaciones de ONG, porque, según el informe presentado el jueves ante la Asamblea Nacional, todavía existen más de 6,500 fundaciones y asociaciones en Nicaragua y este nuevo marco legal deja a discreción del Ministerio de Gobernación exigir la cancelación de un organismo que según él viole la ley.
Colectivo DD.HH. se pronuncia
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más emitió este viernes una manifestación de condena y rechazo por la aprobación de la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucros, que derogó la Ley No. 147 Ley General Sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, «como parte de la estrategia de persecución y criminalización del derecho de asociación y participación ciudadana».
«La nueva ley pasa a integrar el combo legislativo que, desde el Colectivo, consideramos como opresivo, regresivo y nocivo para los derechos humanos del pueblo nicaragüense, cuyo objetivo es fortalecer la represión, en este caso particular, en perjuicio de la sociedad civil organizada y del derecho de participación en los asuntos públicos del país», expresa el Colectivo de Derechos Humanos.
El Colectivo de Derechos Humanos es una organización creada en el exilio por abogados defensores de derechos humanos, quienes tuvieron que huir del país por la persecución y amenazas del régimen, también en 2018.
Según el Colectivo, el régimen ha cancelado al menos 135 ONG violentando el derecho de asociación, expresión y participación política.
