La Prensa 18/04/2022
Acarreando déficits desde 2013, con una pérdida acumulada de más de 140,000 trabajadores, y recibiendo oxígeno del Presupuesto General de la República, así se encuentra el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) a cuatro años del estallido de la crisis sociopolítica de abril de 2018.
De hecho fue a raíz de una inconsulta reforma al INSS que anunció Daniel Ortega – en el poder desde hace 15 años – que detonaron las protestas sociales en 2018, mismas que el régimen violentamente reprimió, dejando cientos de fallecidos.
Esa reforma incrementaba la cuota patronal y laboral, y además traía consigo una nueva cotización para los jubilados a partir del 1 de julio de ese año. Pero, acorralado por las protestas, Ortega se vio obligado a derogarla, sin embargo, en el 2019 la reformuló con medidas más duras y cuyos resultados a dos años del ajuste apuntan a repetir el fracaso de sus anteriores intentos.
En conmemoración del cuarto aniversario de la Rebelión de Abril de 2018, marcada por la violencia estatal, la muerte de más de 300 personas y decenas de encarcelados, le explicamos tres hechos que demuestran que la dictadura no ha podido desactivar la mecha que desencadenó en la peor violencia gubernamental desde el retorno de la democracia en 1990.
1.Entidad sigue en déficit
Daniel Ortega recibió en 2007 —cuando asumió nuevamente el poder en Nicaragua— el sistema de Seguridad Social “sano” y con un superávit de más de mil millones de córdobas, sin embargo, los números oficiales indican que desde el 2013 se registra un déficit que no ha dejado de crecer con el paso de los años.
Lo cierto es que el estado financiero del instituto ha empeorado como consecuencia de la mala administración, inversiones poco transparentes, y la disminución de afiliados a raíz de la crisis sociopolítica y por la pandemia de la covid-19. Además de los problemas estructurales que agobian a la economía: bajos salarios y la enorme informalidad del mercado laboral.
Y aunque el Gobierno pregona que la economía nicaragüense creció 10.3 por ciento en 2021, en paralelo INSS cerró el año con un déficit global de 2,905.3 millones de córdobas, siendo 1,345 por ciento más alto respecto al de 2013, cuando la entidad cayó en crisis por primera vez con una necesidad financiera de 201.1 millones de córdobas.
De esta manera, el hueco financiero global en este periodo acumulado ha sido de 19,924.2 millones de córdobas, lo que ha presionado las reservas de la institución, según datos del Banco Central de Nicaragua (BCN).
Cabe destacar que, en el periodo de referencia, el déficit más alto corresponde a 2018 (4,739.9 millones), seguido por 2020 (3,598.5 millones), y en tercer lugar se ubica 2021. Es decir que durante los últimos años el instituto ha gastado más de lo que percibe.
De hecho, actualmente, el instituto no tiene capacidad para cubrir por completo con sus ingresos sus obligaciones más básicas como la prestación de servicios médicos para sus contribuyentes y pensionados, y el pago a los jubilados.
Los números divulgados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) muestran que, hasta diciembre de 2021, la cifra total de ingresos que recibió el INSS ascendió a 30,680.8 millones de córdobas, mientras que los gastos sumaron 33,302.1 millones.
2.Presupuesto debe auxiliar al Instituto
Un economista, quien prefirió el anonimato por temor a represalias, indicó que en estos momentos el dinero para cubrir los huecos financieros del INSS salen del Presupuesto General de la República. “Ya el Gobierno lo reconoce cuando destina partidas presupuestarias del Presupuesto, valga la redundancia, cada año”, añadió.
“Cuando el INSS quedó quebrado en 1990, el Gobierno tuvo que recurrir al endeudamiento porque el Presupuesto era demasiado bajo para reactivar todas las pérdidas del instituto. Luego, durante la administración de Arnoldo Alemán y de don Enrique Bolaños se recurrió al Presupuesto para dejar saneada la institución. Es decir, quienes pagan estos huecos del INSS en última instancia somos los nicaragüenses, a través del Presupuesto”, recalcó.
Asimismo, agregó que “este es un mecanismo que se va a seguir utilizando mientras el INSS sea del Estado, porque realmente no va a dejar que el INSS quiebre, esto implica un gigantesco costo político e histórico que ningún Gobierno va a hacer”.
De hecho, un especialista en Seguridad Social, quien prefirió el anonimato por temor a represalias, explicó que en la Constitución Política de Nicaragua se establece que el Seguro Social no puede quebrar y que en el momento en que presente un déficit, el Gobierno y el Estado tienen que cubrirlo.
Por otro lado, el Ejecutivo ordenó incorporar en el proyecto presupuestario de 2022 el adelanto de dos cuotas del pago de la deuda histórica con el INSS. En concreto, el Gobierno pagará 1,076.3 millones de córdobas al instituto, más dos cuotas adelantadas “para apoyar su problema de déficit en su flujo de caja”. Esto implicará oxigenar a la entidad con 1,801 millones de córdobas.
Es decir que el régimen de Ortega lejos de resolver la crisis del instituto tras someter por las armas a la ciudadanía después de 2018, la situación ha empeorado y las perspectivas no son alentadoras.
Las acciones del Gobierno
En diciembre de 2020, el Gobierno, sofocado por tres años de recesión que habían erosionado drásticamente las finanzas del INSS, se vio obligado a buscar dinero en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y transferirle de urgencia al instituto 2,084 millones de córdobas (unos 74 millones de dólares). A eso se sumaron los más de 3,000 millones de córdobas que ya le había pasado desde el Presupuesto.
En detalle, a finales de noviembre de ese año, el FMI le aprobó a Nicaragua un préstamo por 186.8 millones de dólares para atender la emergencia sanitaria derivada de la pandemia, para oxigenar las reservas internacionales y como apoyo presupuestario, fue de ahí donde se pudo auxiliar al INSS, pero en ese momento los analistas advirtieron que ese oxígeno era insuficiente y la decisión del régimen confirmaba la magnitud de la crisis que estaba afronta esta entidad.
De hecho, especialistas en la materia han explicado a LA PRENSA que la única forma de que esta institución pueda sobrevivir es por las inyecciones que concede el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, o por medio de préstamos de organismos internacionales como el FMI; de lo contrario, el Seguro Social ya hubiese colapsado.
Al respecto, el especialista en Seguridad Social detalló que, si el Estado no tiene los recursos para rescatar al INSS, hará todo lo que sea necesario para conseguirlos. El Estado “está haciendo todo lo que sea para recoger fondos, ¿cómo? cobrando más impuestos, que el empleador y el trabajador paguen más, hacen todo lo necesario para que pague otro y no él. Pero en el caso extremo va a tener que hacerlo”, agregó.
¿INSS sin reservas?
El desequilibrio financiero del INSS es tan grande que el Anuario Estadístico de la entidad revela que las reservas de pensiones del instituto experimentaron en 2020 una enorme caída.
En ese año, según el documento las reservas técnicas de la entidad ascendieron a 273.24 millones de córdobas, por debajo de los 1,314 millones de córdobas observados en 2019 y muy inferior a los 11,015 millones de córdobas de 2014, el máximo que se registró desde que la entidad cayó en crisis financiera en 2013.
Además, solo en tres años de recesión, el INSS perdió en reservas técnicas 5,118 millones de córdobas respecto a lo que se tenía en 2017 (5,391.9 millones), previo al estallido de la crisis sociopolítica.
Todos los estudios que se han hecho al INSS en décadas alertaban de la crisis actual. Economistas, proyecciones actuariales y del Fondo Monetario Internacional (FMI) estimaban que las reservas de efectivo se agotarían en 2018 o 2019, y que a partir del último año la entidad sería insolvente.
Esta situación pone en tela de duda, ¿de dónde sacará fondos la dictadura para seguir pagando a los pensionados del INSS, si el déficit continúa profundizándose o si excluyen a la entidad del Presupuesto?
Gobierno tendría cuatro elementos para obtener recursos
Un economista y consultor externo, quien también declaró bajo anonimato, explicó los elementos que el Estado tiene a disposición para hacerle frente a un escenario en que los déficits del Seguro Social se profundicen aún más.
“Ante esa situación el Gobierno va a tener que hacer un uso combinado de tres elementos: en primer lugar, buscar un recorte en el INSS de gastos operativos para ahorrar dinero, pero afectando de esta manera a una serie de actividades y beneficios a los asegurados”, manifestó.
El segundo elemento tiene que ver con la política tributaria como fuente de respaldo al INSS. El economista detalló que el Gobierno “va a tener que trasladarle recursos del Presupuesto a través de los impuestos que todos pagamos, de los ingresos impositivos que se recolectan anual o mensualmente, por eso es que el Estado está desesperado por aumentar su recaudación porque sabe que tiene ese hueco que no lo pueden cubrir”. Es decir es una crisis que está ahí, latente desde el 2018.
“Y el otro es el endeudamiento que puede ser interno o externo. Lo de utilizar recursos externos va a depender de a quien le preste porque los organismos internacionales, como el FMI, no van a prestar para cubrir directamente el déficit del INSS. Pueden cubrir para respaldar la salida o el uso de capital o de recursos a través de las reservas, pero eso ya es una acción de emergencia que el Gobierno puede desarrollar”, aclaró.
No obstante, precisó que esas medidas provocarían retrasos o encarecerían la generación de obras públicas que tendrían un impacto en el desarrollo económico del país. “Prácticamente haría uso de recursos que podrían ser traslados en función de inversiones públicas, como carreteras o escuelas, aspectos fundamentales que todo Gobierno hace para que la economía funcione y se articule mejor con el sector privado”, mencionó.
“Las inversiones y el desarrollo económico se van a reducir. Esas son las consecuencias más graves que genera el tener una deuda de ese tamaño como la tiene el INSS y cuando el Gobierno también tiene deudas que van creciendo. Además, el crecimiento económico de Nicaragua este año va a andar por alrededor del 2.5 o 3 por ciento, es decir que la captura de impuestos va a reducirse, comparada con el año pasado”, enfatizó.
3.Crecimiento económico no genera suficientes empleos
En medio del desequilibrio financiero que atraviesa el INSS, sus registros administrativos reportaron al cierre de 2021 a 769,954 trabajadores en su base de afiliados, frente a lo contabilizado en el mismo periodo de 2020 (723,206 asegurados). Es decir que en un año se reflejó un incremento del 6.4 por ciento.
Sin embargo, los esfuerzos por incrementar la planilla aún parecen ser insuficientes. Según las estadísticas oficiales, entre 2021 y 2018, previo al estallido de la crisis sociopolítica, el INSS acumula una pérdida de 144,242 empleados respecto al 2017.
Cabe destacar que en 2013 la entidad reportó a 673,466 trabajadores, lo que indica que hasta 2021, es decir nueve años después, apenas han logrado ingresar al Seguro Social 96,488 cotizantes, insuficiente para atajar la profunda crisis del instituto.
“Dicen que la economía creció 10.3 por ciento, pero, ¿cuánta población trabajadora se incorporó al INSS en 2021?, no llegó ni siquiera a 50,000 trabajadores, eso pasará mientras el Gobierno no genere una política económica más integral y más proactiva al desarrollo del empleo”, sostuvo el economista y consultor externo.
Al mismo tiempo que indicó que “el Gobierno debería ser más eficiente y resolver este problema estructural que tiene la economía para que la mayor parte de los sectores se incorporen a la actividad económica”.
“Aquí le ha favorecido al Estado que todavía tiene concesiones de préstamos internacionales y que el sector privado está pagando, está generando ingresos, pero el Gobierno tiene que ser más racional en sus gastos, sobre todo en los que tienen carácter político y que no llegan a ningún resultado productivo”, concluyó.
