La Prensa 19/04/2022
En abril de 2018, tras once años de Daniel Ortega en el poder, una generación de jóvenes se rebeló contra el sistema y alentó a la protesta de la población, sin embargo estas acciones fueron reprimidas al punto de contabilizarse más de 350 muertos, de acuerdo con un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanas (CIDH).
Los años siguientes han sido de afianzamiento de una serie de acciones que ya venían preparando los sandinistas tras su regreso al gobierno, en 2007, pero tras los eventos de 2018, el régimen decidió acelerarlas, minando la democracia y el Estado de derecho, coinciden valoraciones de diferentes críticos y opositores. Los analistas consideran que la represión armada fue la acción improvisada que usaron con destreza los sandinistas para reprimir las protestas civiles, pero el régimen de Ortega y su esposa y cogobernante, Rosario Murillo, ha seguido usando los mecanismos legales para deformar las leyes a su favor. Es así que sus acciones de violencia, represión y limitación de las libertades públicas han sido legalizadas.
Tras cuatro años de crisis, los críticos y opositores reconocen que la radicalización de Ortega ha sido inevitable.
La doctora María Asunción Moreno, jurista y académica, miembro del Consejo Ejecutivo de la Alianza Cívica, valoró que las circunstancias que llevaron al alzamiento del pueblo en 2018 solo han empeorado hasta el día de hoy.
«En abril del 2018 el pueblo entero se levantó contra la dictadura cansado de tanta injusticia y de cómo el régimen venía cercenando el Estado de derecho, y ante la protesta de todo un pueblo que exigía la salida de Ortega del poder, la represión fue brutal y desproporcionada. Cuatro años más tarde, las circunstancias que llevaron al alzamiento del pueblo solo se han empeorado, hoy en día hay más presos políticos, más exiliados, más descontento en la población, más desempleo y más desesperanza que en el 2018», expresó la doctora Moreno.
Un exfuncionario del régimen, que habló con LA PRENSA bajo condición de anonimato, manifestó que el gobierno sandinista se quitó la máscara en 2018, para definitivamente «instalar un régimen dictatorial que deja en la indefensión a todos los ciudadanos».
«Los eventos de abril de 2018 favorecieron la aceleración del Gobierno para justificar maquiavélicamente todo su aparataje de represión y abuso de poder, inclusive llegar al genocidio con más de 325 muertos, y más de 120 políticos presos, con el argumento de un golpe de Estado fallido que nunca existió», manifestó el exfuncionario.
A finales de 2020, la Asamblea Nacional, bajo el control total del régimen orteguista, comenzó a aprobar leyes que se ajustaran a las detenciones ilegales, encarcelamientos sin acusación, confiscaciones, procesos judiciales irregulares y delitos inventados en nombre de la defensa de la soberanía y la paz del país.
Leyes aprobadas a partir de 2020
El abogado especializado en Administración de Justicia, Yader Morazán, ha profundizado en el análisis de las leyes represivas. Morazán ubica la aprobación de estas leyes a partir del cuarto trimestre del 2020, primer trimestre del 2021 y primer trimestre del 2022.
El 15 de octubre de 2020 fue aprobada la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros (Ley 1040), mejor conocida como «Ley Putin» por su similitud con una legislación aprobada en Rusia por el presidente Vladímir Putin. Esta ley tiene por objetivo controlar la cooperación extranjera que reciben las organizaciones civiles, y las acusa y criminaliza por ese hecho sin un proceso previo de investigación, lo que es considerado una violación al artículo 34 de la Constitución Política, que establece el derecho a la presunción de inocencia.
Los críticos consideraron la Ley Putin como un mecanismo de espionaje financiero contra ciudadanos, medios de comunicación, organizaciones y asociaciones sociales y opositoras que reciben recursos de agencias y gobiernos extranjeros. Desde 2018, más de 100 instituciones, asociaciones y fundaciones han sido canceladas y desmanteladas, incluso antes que entrara en vigencia la Ley Putin.
El 27 de octubre 2020 se aprueba la Ley Especial de Ciberdelitos, llamada por los críticos «Ley Mordaza», porque criminaliza las publicaciones en las redes sociales y los medios de comunicación como delitos contra la «seguridad del Estado», con penas que oscilan entre uno y hasta 10 años de cárcel. Varios de los presos políticos detenidos en 2021 fueron condenados por «difusión de noticias falsas», bajo los establecimientos de esta ley.
El 21 de diciembre de 2020 fue aprobada la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz (Ley 1055), para inhibir a los opositores de participar como candidatos en las votaciones generales de 2021, bajo la acusación de ser «golpistas» y de promover sanciones en contra de los funcionarios orteguistas. La mayoría de los presos políticos detenidos el año pasado fueron condenados por el delito de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional», establecido en la Ley 1055.
El 19 de enero de 2021 entró en vigencia la Ley de Reforma al artículo 37 de la Constitución Política», para establecer la pena de prisión perpetua revisable para los que cometen «crímenes de odio y atroces en Nicaragua», entre lo que se incluye acciones de los opositores, como lo dijo el mismo Daniel Ortega el 15 de septiembre de 2020. Luego se ajustó este nuevo principio constitucional al Código Penal y a la Ley 779, Ley contra la violencia hacia las mujeres.
El 2 febrero de 2021 fue aprobada la reforma al Código Procesal Penal de la República de Nicaragua, para establecer la detención hasta por 90 días de un sospechoso, sin ser acusado.
El 4 de mayo de 2021 fue aprobada la Ley de reformas y adiciones a la Ley Electoral (Ley 331), que ajustó el marco legal de la Ley de Defensa de la Soberanía a la normativa electoral, para impedir la participación de los opositores en las votaciones de ese año.
El 31 de marzo de 2022 fue aprobada la Ley General de Regulación y control de Organismos sin Fines de Lucro (OSFL), que legaliza las confiscaciones a las organizaciones no gubernamentales canceladas.
El 31 de marzo de 2022 también fue aprobada la Ley General de Educación y de Reforma y Adición a la Ley número 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, que para los críticos eliminó el último vestigio que aún quedaba de autonomía en la educación superior, que a partir de ahora queda supeditada a los intereses y conveniencias del régimen Ortega Murillo.
«La aprobación de esas Leyes convierten a la Constitución Nacional en papel mojado, para crear las base de un sistema político y organización política similares a Venezuela y Cuba donde no existen más ONG ni libertad de expresión, y la persecución y la cárcel es una amenaza constante», dijo el exfuncionario público.
Ortega adapta las leyes a las necesidades represivas
El abogado, Morazán, manifestó que antes de abril de 2018, los actos represivos y las limitaciones a los derechos civiles «se venían implementando de forma discrecional, silenciosa y paulatinamente, pero fueron formalizadas recientemente».
«Si observamos, todas siguen un mismo patrón y se adaptan a las necesidades represivas del contexto, en el cual primero ejecutan de forma práctica los caprichos del Carmen (domicilio de Ortega) y después crean los mecanismos o justificación legal», expresó Morazán.
El abogado recordó que así ocurrió, por ejemplo, con el desmantelamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
Para Morazán, todo esto significa que los nicaragüenses viven en un «Estado de excepción, sin el imperio de la ley, sin funcionarios ni instituciones democráticas».
El abogado no duda que el próximo paso sea «alguna adición y reforma al Código Penal que pueda encerrar con especificidad, precisión y eficiencia los delitos que ya han sido condenados bajo delitos que no corresponden a las conductas señaladas en las acusaciones, y que se fundan en hechos y pruebas falsas o atípicos».
«Estado de miedo»
La abogada Yonarqui Martínez, quien ha defendido a varios ciudadanos encarcelados por participar en las protestas, valoró que estas nuevas leyes son producto de la «confabulación para criminalizar a la oposición, para criminalizar a los defensores de derechos humanos y para criminalizar a los periodistas».
«La justicia debería de ser ciega, pero en este caso la justicia solo se está implementando de manera injusta en contra de opositores; se está criminalizando el hecho de pensar diferente; se está criminalizando el derecho a circular, el derecho a trabajar por parte de los periodistas, el derecho a laborar de parte de los defensores de derechos humanos y esto convierte al Estado en opresor, violador de los derechos humanos, que no vela por los derechos y garantías de los nicaragüenses», expresó Martínez.
Según Martínez, el gobierno Ortega Murillo ha forjado un «Estado del miedo», donde nadie está en libertad de ejercer sus derechos por el temor a ser judicializado.
«Lamentablemente la creación de esas leyes viene a criminalizar la voz de las personas que están reclamando sus derechos, vienen encaminadas a evitar cualquier levantamiento de parte de ciertos sectores del país que no están de acuerdo con la política que se está implementando, con la represión que está habiendo de parte de autoridades que están llamadas a proteger al ciudadanos. Lamentablemente estas leyes son la aprobación y la legalización de la criminalización de los ciudadanos», dijo la defensora legal.
Asamblea Nacional no cumple su función
Por otra parte, Martínez consideró que la aprobación de esas leyes es prueba de que el poder legislativo no está trabajando en función de hacer un marco jurídico que proteja a los ciudadanos, sino todo lo contrario.
«Estas leyes han sido una debacle y una prueba más de la falta de ética, de la falta de independencia, de la falta de profesionalismo de parte de los funcionarios, porque en teoría, el poder legislativo debería de legislar en virtud del bienestar del pueblo de Nicaragua; debería de consensuar si una ley se adecua a la situación actual y si no perjudica la libertad de expresión, si la ley que van a probar no viene en contra de nuestra Constitución Política», expresó Martínez.
La Asamblea Nacional, compuesta por 91 representantes, la conforman 75 diputados del Frente Sandinista, 10 diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), cinco diputados de tres partidos que se agruparon en la Bancada Independiente Democrática y un diputado por el partido regional del Caribe Norte, Yatama.
