Nicaragua Investiga/26 de mayo de 2022
Desde el 21 de octubre del año pasado cuando Nicaragua Investiga publicó un perfil de un banquero reo político de la dictadura nicaragüense hubo insistentes denuncias de una entidad financiera ante el proveedor de dominio de este medio digital acusándolo de incumplir supuestos derechos de autor, lo cual pronto quedaría en evidencia que solo era una excusa para tratar de silenciarnos.
La corporación empresarial primero denunció el uso de su logo en fotografías, las cuales provenían del archivo de El Nuevo Diario, y que el mismo banco había distribuido ante medios de comunicación.
Tras la denuncia, el proveedor de alojamiento de Nicaragua Investiga recomendó borraran el logo de la corporación y cambiaran las fotografías, cosa que se hizo y con lo que se pensaba quedaba solventada la “incomodidad” del poderoso grupo económico, que hasta la fecha no se ha pronunciado sobre el arresto de uno de sus más importantes ejecutivos.
Sin embargo, las denuncias contra este medio de comunicación continuaron. Ya la corporación empresarial no reclamaba por el uso de su logo, sino por el uso de su nombre corporativo y después por el de su gerente general. Es decir, se revelaba lo que realmente les había molestado: un periodismo objetivo, que muestra las luces y sombras de una historia y que no se dedica a hacer panegíricos de los poderosos, sean políticos o empresarios.
El temor a hacer público lo que pasaba
Nicaragua Investiga es un medio de comunicación pequeño y ante el peligro que representaban las denuncias para nuestra permanencia en la web, amenazados con perder años de gran esfuerzo y dedicación, decidimos sacar la nota de línea. Resulta que la corporación estaba pendiente incluso de “si se volvía a publicar la nota”, expresó Jennifer Ortiz, directora de Nicaragua Investiga.
Como medio nunca hicimos público lo que estaba pasando, por temor y esperando que esto se resolviera de la mejor manera posible, hasta que el pasado sábado finalmente la corporación bancaria nos botó el sitio, el cual logramos restablecer tras cinco horas de gestión ante el proveedor.
«Gracias por revisar el problema y deshabilitar el contenido. Por favor, asegúrese de que el contenido infractor haya sido completamente borrado de todos los sitios web en los servidores de (nombre de nuestro proveedor). De otro modo, nos veremos obligados a suspender sus servicios de alojamiento por la violación persistente», fue uno de los últimos mensajes que recibimos el sábado luego de que accedimos a borrar la nota, aunque quedaba la advertencia de que si volvíamos a publicarla seríamos sancionados nuevamente.
“La verdad que para nosotros esto ha sido sumamente complejo y difícil de entender, pues como todos saben la mayoría de medios de comunicación en el 2018 nacimos de la improvisación y vamos aprendiendo en el camino. Nosotros nunca pensamos que algo como esto podía suceder y que una corporación podía llegar a estos niveles”, lamentó Jennifer Ortiz.
Nicaragua Investiga trató de comunicarse vía correo con Dominga Bermúdez, quien lleva las relaciones públicas del banco, pero no se ha obtenido respuesta.
Experto: No se ha violado ninguna ley
Manuel Díaz, consultor en marketing digital y abogado experto en derechos de autor, explicó en un podcast en el que participó Jennifer Ortiz, que después del año 2000 se creó todo un sistema que buscaba proteger la propiedad intelectual. “Se crearon canales vehículos mecanismos para que las grandes empresas pudieran hacer este tipo de cosas (denuncias)”, señaló.
Refiere que en asuntos de derechos de autor de esto tipo “todo se maneja” a nivel de “amenazas” y que nunca nadie va a juicio. Al respecto, afirma que los abogados de esta corporación que realizaron la gestión contra Nicaragua Investiga, realmente “es la única herramienta que tienen”, porque no puede llevar a juicio a este medio de comunicación ni a ningún periodista por una nota periodística.
Explica que buscaron al “eslabón más débil” y que en este caso fue el proveedor de servicio.
“Buscan a alguien en esa cadena que se sienta amedrentado por esa carta”, indicó Diaz, explicando que el proveedor de servicio debía escoger a quien le hace caso, si a Nicaragua Investiga o al abogado de una corporación que lo está amenazando con una demanda.
Sin embargo, insiste en que “aquí no se ha violado ninguna ley”.
Nicaragua Investiga adujo en todo momento el uso legítimo en el contexto de una investigación periodística.
Por esa razón es que Díaz considera que aquí lo que ha habido es un mecanismo de “amedrentación” del equipo legal de la corporación hacia el servidor.
Manifestó que el proveedor, que maneja miles de clientes, prefiere no meterse en estos líos con una corporación aunque sepa que no es cierta lo que ésta aduce. O sea, prefiere evitar el problema.
El experto dijo que en estos casos, lo que corresponde a medios como Nicaragua Investiga es contratar a otro proveedor que no se sienta amedrentado por una demanda de una corporación de este tipo.
