La Prensa 06/06/2022
Aunque desde 2018 han sido canceladas numerosas organizaciones sin fines de lucro (OSFL/ONG) en Nicaragua, todavía existen al menos 6,000 vigentes, según datos oficiales. Pero ese número no tardará en reducirse más, porque el diputado oficialista Filiberto Rodríguez volvió a advertir esta semana que las cancelaciones de personalidades jurídicas continuarán, lo que para los críticos se traduce en menos ayuda social dirigida principalmente a zonas rurales y lugares recónditos del país, donde los programas gubernamentales no logran llegar.
El pasado 30 de marzo, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, presentó un informe que acompañó a la iniciativa de Ley de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, aprobada al día siguiente. La “exposición de motivos” del informe proporcionaba algunos antecedentes de las ONG en Nicaragua.
Según el documento, hasta el 29 de mayo de 1992 “solamente existían 645 organizaciones registradas en el entonces Ministerio de Justicia”; luego indicaba que a la fecha ese registro había “incrementado en un 1,017%, teniendo registradas en el Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación 6,566 OSFL, tanto nacionales como de otras nacionalidades”.
Pero ese número ha mermado desde 2018 y aún más en los últimos cinco meses, debido a las numerosas cancelaciones que han habido. Solo este año han sido eliminadas 350 personalidades jurídicas de ONG, a través de decretos de cancelación aprobados por la Asamblea Nacional, institución que está bajo el control total del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que encabeza Daniel Ortega y su esposa y cogobernante, Rosario Murillo.
Adicionalmente, el régimen orteguista ha cancelado un número menor de ONG de origen extranjero, a través de Resoluciones del Ministerio de Gobernación, que es la institución encargada del registro y control de organismos sin fines de lucro.
Primeras nueve cancelaciones de ONG
En diciembre de 2018 fueron canceladas las primeras nueve ONG a través del Legislativo, previos allanamientos de sus sedes y en un contexto de represión armada contra las protestas civiles que pedían la salida de Ortega del poder. Más de 300 personas murieron ese año por la represión orteguista.
Esas primeras nueve ONG canceladas eran dirigidas por personas que habían expresado duras críticas al régimen Ortega-Murillo desde sus diferentes ámbitos, entre estas: la Fundación Popol Na, dirigida por la política opositora y disidente del FSLN, Mónica Baltodano; el Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), dirigido por la periodista y crítica Sofía Montenegro; el Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), organismo que realizaba funciones de observación electoral y venía señalando las irregularidades electorales desde 2008.
También fue cancelado el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), dirigido por la histórica defensora de derechos humanos Vilma Núñez de Escorcia; el Instituto de Liderazgo de las Segovias, dirigido por la activista opositora Haydee Castillo; el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp) que hacía análisis y estudios sobre la seguridad ciudadana, la economía y la gobernabilidad; el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), dirigido por la la feminista Ana Quirós; Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sureste de Nicaragua (Fundación del Río), dirigido por el ambientalista y crítico Amaru Ruiz; y Hagamos Democracia, un organismo crítico del régimen orteguista.
El año pasado se registraron 61 cancelaciones, muchas de estas también vinculadas a opositores y críticos a Ortega, con lo que podrían sumar más de 400 ONG canceladas desde 2018.
Aún así, todavía quedarían más de 6 mil ONG vigentes, según los datos del informe de la iniciativa de Ley de OSFL.
Cancelaciones de ONG seguirán
El diputado sandinista y presidente de la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, Filiberto Rodríguez, quien ha sido el encargado de presentar los decretos de cancelación, volvió a advertir este jueves 2 de junio que las cancelaciones seguirán, porque dijo que eso es “algo normal” del ordenamiento y modernización jurídica.
“Esto no es nada del otro mundo, esto se va a seguir haciendo, vamos a seguir aprobando, vamos a seguir cancelando, vamos a seguir vigilantes…”, manifestó el diputado sandinista en entrevista concedida al Canal Parlamentario.
Rodríguez aseguró que durante el período de Gobierno de Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997) fueron aprobadas “hasta 1,600 asociaciones” y durante la administración de Arnoldo Alemán se aprobaron entre 1,500 y 1,700 ONG.
Según Rodríguez, esta gran cantidad de ONG aprobadas durante los gobiernos liberales, asumían responsabilidades sociales que esas administraciones no cumplían.
Aunque el diputado sandinista reconoció que hasta 2012 el actual gobierno de Ortega y Murillo, que lleva 15 años en el poder, siguió aprobando personalidades jurídicas de ONG, aseguró que en los últimos años han decrecido las aprobaciones porque, según él, el gobierno sandinista cubre todas las necesidades de la población.
“El gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario, desde que asumieron este segundo período 2007, no ha necesitado tanto de los organismos sin fines de lucro, porque la Constitución la llevan en los hombros. Aquí la educación es gratuita y aquí la salud es gratuita y aquí hemos avanzado en tantos programas para la niñez, para los discapacitados (…) entonces es por eso que nosotros hemos decrecido en la aprobación de personalidades jurídicas”, manifestó Rodríguez.
El diputado sandinista también reconoció en la entrevista que las ONG jugaron un rol importante en el estallido social de 2018, con lo que confirmó que las cancelaciones son una venganza del régimen por esas protestas que hicieron tambalear el gobierno de Ortega.
Nicaragua sí necesita la contribución de las ONG
Para los analistas políticos, las cancelaciones de ONG tienen el objetivo de eliminar los espacios críticos y de denuncia social, aunque esto signifique suprimir proyectos de ayuda social.
A diferencia de lo que dijo el diputado Rodríguez, el sociólogo Oscar René Vargas valoró que la función social de las ONG sigue siendo fundamental para contribuir a las necesidades de la ciudadanía en los diferentes ámbitos en que se desempeñan: salud, educación, desarrollo local, promoción de valores y derechos.
El sociólogo aseguró que la ausencia de las ONG “tendrá el efecto de incrementar los niveles de pobreza en los municipios”, que es donde tienen un gran impacto los programas sociales de los organismos sociales.
Precisamente las ONG de desarrollo social y desarrollo local han sido las más afectadas por las cancelaciones, seguidas por las organizaciones de mujeres.
Las organizaciones de desarrollo social eliminadas este año han sido 54 de desarrollo local, 49 asociaciones de mujeres, 36 empresariales y profesionales, 34 de promoción de la gobernabilidad y democracia, 29 educativas y 27 niñez y juventud.
También han sido eliminadas 18 organizaciones ambientalistas o de temas ecológicos; 17 médicas o sobre salud; 10 asociaciones vinculadas a universidades, 8 de la Iglesia católica, entre otras.
Violación al derecho de asociación
El equipo de especialistas de Urnas Abiertas, un organismo de observación electoral y promoción de la democracia, también valoró que es “preocupante que quienes terminan sufriendo estos cierres son las miles de personas nicaragüenses que no tienen dónde más acceder a estos servicios y derechos” en un país como Nicaragua, calificado como el segundo más pobre de la región.
“Aunque el régimen tenga una estrategia de respuesta, los cierres masivos son una flagrante violación al derecho de asociación, que como ya se ha demostrado, las cancelaciones no presentan sustento ni jurídico ni administrativo, son parte de la estrategia de persecución de ellos”, manifestó Urnas Abiertas.
