La Prensa 05/09/2022
Una delegación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) arribará esta semana a Nicaragua para verificar el cumplimiento del régimen de Daniel Ortega de varias recomendaciones en materia antilavado, en un nuevo intento que la dictadura está haciendo para sacar al país de la lista gris, donde están las naciones que incumplen los estándares internacionales sobre prevención del lavado de dinero.
En febrero del 2020, Nicaragua fue incorporada a la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que significó un duro retroceso para el país que, en conjunto con el apoyo del sector privado, había conseguido salir de esa lista en el 2015, luego de haber corregido una buena parte de las 125 deficiencias identificadas en la evaluación de 2008.
Los fuertes movimientos, por parte de allegados a la familia Ortega-Murillo, de capitales provenientes de la cooperación de Venezuela (casi 5,000 millones de dólares) al margen del Presupuesto General de la República y los bancos, aumentó los riesgos de prácticas ilícitas, como el lavado de dinero.
En ese contexto, Nicaragua fue devuelta a la indeseable lista, que además de dañar la imagen del país, también suele significar mayores costos y requisitos financieros para el sistema financiero nacional, así como menos inversiones, según explicó en su momento el sector privado.
El boletín informativo número 68 de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), informó que en junio pasado durante la Reunión Plenaria del GAFI que se realizó en Berlín, Alemania, se informó a Nicaragua que la visita in situ del grupo se podría realizar en la primera semana de septiembre, por lo que, “en el seno del Consejo se acordó tomar las medidas necesarias de cara a la preparación país para recibir dicha visita in situ y ratificar los logros y avances del Sistema Nacional ALA/ CFT/CFP (Anti Lavado de Activos y Contra Financiamiento del Terrorismo), determinándose la elaboración de un cronograma de trabajo en el orden técnico”.
Fuentes confirmaron a LA PRENSA que la visita se realizará esta semana y no creen que dentro de la agenda de reuniones con sujetos obligados se incorporen a representantes de organizaciones sin fines de lucro, que han sido decapitadas por la Asamblea Nacional, por orden de Daniel Ortega a través del Ministerio de Gobernación.
Desde el 2018 y hasta este año, el régimen de Daniel Ortega ha cerrado casi 2,000 organizaciones sin fines de lucro, aduciendo incumplimiento de las regulaciones antilavado. Solo en los primeros ocho meses de este año, la dictadura ha cerrado 1,750 organizaciones, incluidas varias que estaban operativas y tenían al día sus obligaciones ante de Gobernación, pero estaban en manos de opositores.
Una especialista en materia antilavado y de fiscalización de la gestión pública, que pide no ser citada por temor a represalias, explica que el Gobierno va a justificar el cierre de las organizaciones con base a la recomendación 8, que está relacionada con el control y ajuste de estas ONG en materia antilavado, por lo que no cree que el grupo de expertos que visite el país vaya a hacer una evaluación independiente sobre los motivos reales que conllevaron a la cancelación masiva de personalidades jurídicas de cada una de ella.
La delegación “va a colocar lo que el Gobierno le diga, no creo que hagan una evaluación independiente, que tenga que ver con escuchar, en este caso al sector de las organizaciones o indagar más allá, para saber si realmente las organizaciones están con alto riesgo de financiamiento al terrorismo, no se van a poner a hacer eso por su cuenta”, explica.
Es mas mencionó que generalmente son las autoridades de la Unidad de Análisis Financiera (UAF) las que suelen definir las reuniones de la delegación con los sujetos obligados en las mismas instalaciones estatales. “Llevaban a los sujetos obligados a la UAF para hacerles preguntas donde está el regular, quién va a hablar en este contexto de manera independiente si tu regulador va a estar ahí, no se te va a ocurrir hablar mal del regulador”, reseñó la especialista.
Otro elemento que limita la posibilidad de que estos especialistas indaguen sobre las arbitrariedades que se pudieron haber cometido en este cierre de organizaciones, es el hecho de que los miembros de las delegaciones provienen de los mismos países que conforman el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que luego se encargan de armar un reporte que se presenta ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Entonces los delegados al provenir de la misma región, “se tratan en cierta medida con cierto guante de seda entre ellos, aunque se supone que las evaluaciones mutuas se realizan por un grupo de expertos, que pertenecen a otros países, no del mismo país donde se está haciendo la evaluación sino de países externos pero son miembros del GAFI, entonces estas evaluaciones tienen una componente bastante técnico pero realmente creo que no logran tocar la médula o el punto central de los problemas que tienen los países en sus sistemas de prevención de lavado y se tratan bastante con guante de seda”, precisa la especialista.
En ese contexto, la investigadora explica que durante esta visita estos técnicos se concentran solo en verificar que los avances que reportó el Gobierno ante las autoridades del GAFI estén siendo aplicadas, no se extiende a más allá de la revisión del cumplimiento de las 40 recomendaciones internacionales.
“Creo que el organismo ha fallado en evaluar, primero la existencia de ese marco normativo, porque uno puede decir existe una ley contra el lavado de activo, sí existe; y la siguiente pregunta sería: ¿es efectiva realmente para combatir el lavado de activos? Desde mi consideración, y estoy segura que igual es la de mis otros colegas, no es efectiva. No solo basta con decir tenemos o no tenemos el instrumento sino verificar el contenido del instrumento en primer lugar; y en segundo lugar ver si se está cumpliendo el objetivo para el cual fue creado el marco jurídico”, afirmó.
Un elemento que le resta independencia a estas evaluaciones y que por tanto limita cualquier posibilidad de que las arbitrariedades que se han cometido contra varias organizaciones gubernamentales, es que toda la visita se realiza bajo las directrices de las autoridades de Gobierno. Aunque se conoce que los evaluadores hacen sugerencias de con quiénes quieren reunirse, todo esto lo organiza el evaluado, “entonces el evaluado va a establecer, los criterios para decir: con este sí, con este no”.
En las últimas evaluaciones han sido citados por ejemplo representantes del sistema financiero nacional, instituciones no financieras, como profesionales (abogados y notarios públicos, contadores públicos autorizados) y otros negocios. Estos asisten a las instalaciones de la UAF con presencia de funcionarios gubernamentales.
“En el entendido de que no estamos en un Estado de derechos, la gente no puede expresar libremente su opinión. ¿Quién va a decir algo de los órganos reguladores que los atañe, especialmente de la UAF, como Secretaría Técnica del Sistema de Prevención en este país? y además siendo que la UAF es una instancia que está altamente militarizada, con presencia de altos mandos de la Policía en su nómina. ¿A quién se le ocurre en un estado de represión en el que vivimos, dar una opinión real sobre el rol del regulador y también las diferentes circunstancias o los riesgos que están enfrentando los diferentes sujetos obligados?”, insiste.
Lo ideal sería, que sean los mismos miembros de la delegación que de manera independiente contacten a los sujetos obligados con quienes quieren reunirse y que lo hagan fuera de la UAF o de cualquier institución gubernamental, lo que permitiría de manera real conocer la efectividad del marco regulatorio impuesto por el Gobierno contra los sujetos obligados.
Es cierto, dice la fuente, que aunque sean reuniones privadas, duda que alguien se atreva a cuestionar, “porque ahí (en Nicaragua) todo se sabe” y algo que el Gobierno vea como “mal dicho” puede costarse a un sujeto obligado una acusación de lavado de dinero mediante hechos fabricados, que pondría fin al negocio o a la licencia de un profesional regulado por la UAF.
Si bien hay ajustes que se han hecho para avanzar en el cumplimiento de las normas internacionales en materia antilavado, la especialista recuerda que muchas de estas regulaciones externas han sido fabricadas y utilizadas para perseguir a opositores y ese es un elemento que no se va a ver plasmado en la evaluación, precisamente porque hay falta de independencia.
La especialista dice que a simple vista pareciera que la Ley de regulación de las organizaciones sin fines de lucro en Nicaragua pareciera estar a tono con la recomendación 8 del GAFI, que establece que los gobiernos deben ayudar a estas entidades a prevenir el financiamiento del terrorismo y lavado de dinero, pero cuando uno analiza el contenido de la ley “son muy pocos artículos que tienen un contenido que tiene que ver con prevención, el resto es una ley como bien lo dice: una ley que regula y controla, pero con un control excesivo, un control represivo, que por el contrario de incentivar la creación de organizaciones que tienen un fin social, un fin para generar servicios a la comunidad, crea desincentivos”.
Y en el contexto de esa ley es que se le da al Ministerio de Gobernación un “mazo” para aniquilar a estas organizaciones. “Esto va en contra de la recomendación número ocho, del GAFI, que dice que los gobiernos, que adopten los estándares como este, deben establecer regulaciones que sean proporcionales y acorde a los riesgos, que se hubiesen detectado en las evaluaciones de riesgos”.
Y muestra de que no está apegada a las recomendaciones, es que en Nicaragua no existe una evaluación de riesgo de actividades ilícitas en las organizaciones sin fines de lucro, pese a que el Gobierno en el 2019 le dijo al GAFI en la evaluación que dicho estudio existía, pero hasta ahora nadie sabe con quiénes hicieron la evaluación ni el contenido de la misma.
“Aunque ellos aleguen que estas regulaciones responden a estándares internacionales, cuando nosotros revisamos el contenido de algunas de estas normativas, no necesariamente todas responden. Hay algunas que sí responden a una adaptación del marco jurídico, pero realmente cuando vemos en la práctica, son utilizadas como un instrumento para coaccionar a los sujetos obligados y un mecanismo hasta para criminalizar a los sujetos obligados o a aquellos que tienen deberes en prevención de lavado de activos, como las organizaciones sin fines de lucro, que no son sujetos obligados, pero la Ley 977, que es nuestra ley de lavado de activos, le establece deberes en la materia”, insiste.
Tal ha sido el daño que el régimen de Ortega ha ocasionado con el cierre arbitraria de varias organizaciones sin fines de lucro, aduciendo la aplicación de las regulaciones internacionales en materia antilavado, que según Estados Unidos, al menos 50 mil niños fueron impactados por la clausura de varias de estas organizaciones en julio.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, dijo el pasado 21 de julio que “el régimen Ortega-Murillo cerró organizaciones que proporcionan educación a más de 50,000 niño(a)s, comidas escolares a jóvenes malnutridos y operaciones gratis a niños con paladar hendido”.
“Solo en el 2022, el régimen Ortega-Murillo canceló más de 800 ONG y confiscó sus bienes, alegando cargos como terrorismo y ‘socavar la soberanía nacional’. El régimen le teme a cualquier cosa que ellos crean que amenaza su poder, aún si beneficia al pueblo de Nicaragua”, dijo el alto cargo.
